Este miércoles la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) —con dos integrantes, la presidenta Susana Signorino, de Cabildo Abierto, y el vicepresidente Guillermo Ortiz, del Partido Nacional— culminó su fallo sobre el proyecto de la regasificadora y Gas Sayago, luego de analizar la información proporcionada por UTE y Ancap. La evaluación es que durante el proceso se violentaron normas éticas vinculadas a la buena administración de los fondos públicos, en virtud de la falta de planificación y las pérdidas ocasionadas al Estado.
La obra fue impulsada por los gobiernos del Frente Amplio (FA) pero nunca se concretó, si bien se firmaron contratos con una empresa internacional para operar la planta y una contratista para la construcción. En 2018 la entonces oposición impulsó una investigadora en el Parlamento que culminó con una denuncia penal, y este año UTE amplió esa denuncia tras pedir a la consultora PwC una auditoría sobre Gas Sayago. Por este motivo varios exjerarcas del FA han sido citados a declarar en las últimas semanas.
Este jueves el diario El País publicó los detalles del informe, que concluye que se violaron normas éticas en Gas Sayago. Las autoridades de la época llevaron adelante la obra sin “estudios integrales de prefactibilidad y factibilidad que permitieran una adecuada toma de decisiones”, no se reconsideró “la viabilidad” de la inversión cuando Argentina se retiró del negocio ni se atendieron “previsiones realizadas por los propios organismos de cuantiosas pérdidas o desvíos”.
En diálogo con la diaria, Signorino aseguró que desde la Jutep no se publicitan los informes e informó que “ayer de tarde mandamos, sobre en mano”, los documentos a UTE. UTE comunicó que en la tarde el abogado que contrató para este asunto, Jorge Barrera, acudirá al Juzgado del Crimen Organizado para “entregar a la Fiscalía el informe de la Jutep sobre el caso Gas Sayago”, documento que será analizado en esta jornada por el directorio de la empresa pública.
“Faltó un estudio pormenorizado y general”
Signorino explicó que el análisis realizado fue vinculado “al proceso de gestión del proyecto de Gas Sayago [en función de la información] que nos proporcionaron UTE y Ancap”. Repasó que la Jutep dividió en distintas etapas el análisis del proyecto de la regasificadora. Una primera desde inicios del siglo hasta 2007, cuando hubo acuerdos institucionales entre los gobiernos de Uruguay y Argentina en busca de una complementariedad en materia de generación de energía. La siguiente etapa es a partir de 2007, cuando “UTE y Ancap procedieron a realizar un estudio para avanzar con el proyecto”, período que se extendió hasta 2013. Según Signorino, “faltó un estudio pormenorizado y general, sólo hay estudios parciales”.
Luego llega la etapa de ejecución de la obra de la regasificadora. “No hay que perder de vista que el socio primero y principal, la razón de ser de esta planta de gas natural y licuado, era Argentina. Se conformó todo con Argentina como socio, acordando que adquiriría cinco millones de metros cúbicos por día” de la producción de la regasificadora, planteó la presidenta de la Jutep. El país vecino se retiró como socio en 2012, pero “se comprometió a igual hacer esas compras a Gas Sayago”; sin embargo, no hay documentos que respalden ese compromiso, indicó. “Cuando se fue Argentina, en 2012, ya para Uruguay no era viable”, añadió y recordó que el gobierno buscó sin éxito otros socios.
Luego de esto se decidió “la liquidación de Gas Sayago”, la última etapa que evaluó la Jutep, desde 2016 hasta 2021. “No hay que perder de vista las pérdidas que hubo; fueron constatadas por [la consultora contratada por UTE] PwC en mayo del 2021. Hubo temas de gestión que llevaron a pérdidas de 213 millones de dólares que debieron financiar UTE y Ancap. Si bien se recuperaron 100 millones por la garantía de rescisión del contrato con GDF Suez [consorcio elegido para operar la planta], eso se usó para cancelar otras deudas. Además, se estima que va a costar unos ocho millones de dólares retirar los pilotes [que están enterrados en una zona del puerto de Montevideo como parte de la obra]. Hay tres millones por año de gastos de funcionamiento hasta la liquidación definitiva, y una cantidad de demandas y juicios por el entorno de 37 millones de dólares, que pueden tener que pagarse”, evaluó la presidenta de la Jutep.
Consideró que estos números “son mucho”. Esto lleva a la sentencia por parte del organismo de que se violentaron “los principios éticos de buena administración, por la falta de una evaluación general de los costos del proyecto, y también los principios de eficiencia y eficacia, que implican buscar los mejores medios para cumplir con los fines de la forma menos onerosa”. Sostuvo que frente “a los resultados que están a la vista”, se violentaron normas éticas por parte de los funcionarios públicos que participaron en el proceso. Otro aspecto que cuestionó la Jutep fue la transparencia, ya que hubo “información a la que no se tuvo acceso”.
Consultada sobre qué omisión hubo por parte de las autoridades, Signorino expresó: “Faltó planificación. Para una obra de esta envergadura se necesita un estudio importante de costos. Hay parámetros nacionales e internacionales que quien encara un proyecto así los tiene en cuenta, y eso no se hizo” en Gas Sayago.
Además, señaló que si bien la firma Gas Sayago opera en el derecho privado, “los directores o funcionarios eran [personal] de UTE y Ancap, por lo que los alcanzan las normas de los funcionarios públicos”.
También indicó que la Jutep queda por fuera de las investigaciones administrativas o denuncias penales o civiles que deseen realizar los organismos públicos implicados. “Nosotros hacemos un estudio desde lo ético y la transparencia. No nos proporcionaron ningún nombre de funcionarios ni decimos fechas. Es algo impersonal [el fallo], si bien atraviesa a las personas” que ocuparon cargos, concluyó.