A pesar de que no hay plazo para convocar a la Asamblea General para que analice el veto del presidente Luis Lacalle Pou sobre la ley forestal, la vicepresidenta, Beatriz Argimón, realiza todas las gestiones para que la fecha sea el 29 de diciembre, según comentó este viernes en rueda de prensa.
“Estamos evaluando con las bancadas la posibilidad de que la convocatoria sea para el 29 de diciembre en virtud de que estamos en receso y tendríamos que levantarlo. Estamos en medio de las consultas a efectos de poder llevar adelante la asamblea. Este mes culminó la legislatura, muchos legisladores van a sus departamentos y estamos dando un margen para poder levantar el receso con tiempo y hacer la asamblea”, explicó.
Para que la Asamblea General vote aceptar el veto del presidente se necesita que tres quintos de los presentes levanten la mano; por este motivo es que la vicepresidenta busca que sea una fecha en la que la mayor cantidad de legisladores estén presentes.
Argimón subrayó que ni en la Constitución ni en el reglamento de la Asamblea General se establecen plazos para poder convocarla luego de que ingresa formalmente el veto del Poder Ejecutivo, pero “corresponde dar la señal de la voluntad de hacer la asamblea”, aclaró.
La jerarca evitó opinar sobre las decisiones de Cabildo Abierto con respecto a este tema: “los partidos se mueven con total independencia y harán su evaluación, no puedo aventurar ni dar opinión sobre los partidos”, pero sí adelantó que comparte la postura del presidente y buscará que se vete la ley.
El texto que ingresó formalmente al Parlamento desde el Poder Ejecutivo establece que “la promulgación de la Ley a consideración apareja una afectación de la cadena productiva forestal con impacto en la economía nacional y constituye una norma que contrasta con las normas y principios constitucionales” y agrega que “el texto aprobado por el Parlamento vulnera los derechos de propiedad, libertada y de trabajo, limitándolos sin que surjan las razones de interés general, constitucionalmente exigidas”.