A la espera de que se promulgue una ley nacional que está en trámite en el Parlamento y con las medidas adoptadas por los departamentos de Rocha y Canelones a principios de diciembre, ya son 11 los gobiernos departamentales que aprobaron algún tipo de resolución para evitar la utilización de pirotecnia en las fiestas que se avecinan. Esta cifra aumentará al menos a 12 a partir de 2022. Sin embargo, el problema está en que lo que se votó en muchas juntas departamentales aún no está reglamentado a nivel de las intendencias.

Desde hace más de un año, la Coordinadora Pirotecnia Cero Uy, integrada por más de 40 organizaciones de diferentes ámbitos, ha mantenido reuniones con referentes políticos tanto a nivel nacional como departamental para concientizar sobre el uso de fuegos artificiales y su impacto en la salud humana, el bienestar animal y el medioambiente.

Sofía Sellanes, que integra la coordinadora en representación de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, dijo a la diaria que el martes 21 de diciembre a las 12.30 se llevará a cabo, en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), una conferencia de prensa de la Coordinadora Pirotecnia Cero Uy en la que habrá diferentes oradores y también se presentará un spot de concientización para disuadir del uso de pirotecnia en los festejos de fin de año.

Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley presentado por la legisladora de Cabildo Abierto Silvana Pérez Bonavita, que prohíbe a nivel nacional la “importación, elaboración, comercialización mayorista o minorista y el almacenamiento de cualquier tipo de artefacto pirotécnico de estruendo destinado al uso comercial o domiciliario”. Esta prohibición rige para la pirotecnia que genere ruidos superiores a los 110 decibeles y reduce la escala con el paso del tiempo. A los dos años de promulgada la ley, el límite será de 100 decibeles y a los tres, pasará a ser de 90.

El texto del proyecto, que ahora pasará al Senado considera que “por encima de las graduaciones descritas, la actitud de divertimento se transforma en lesiva para la convivencia y salud pública”. También establece multas que deberán ser fijadas por el Servicio de Material y Armamento, la Dirección Nacional de Bomberos y las intendencias departamentales, así como que el destino del monto a pagar sea ”la financiación de proyectos y actividades de organizaciones que se dediquen al Trastorno del Espectro Autista y a la protección animal”.

Control

El 22 de noviembre, durante una rueda de prensa en la inauguración de la planta industrial de La Trigueña, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, fue consultado por la posible prohibición de la pirotecnia sonora para las fiestas. En ese momento, sostuvo que es un tema que no se puede resolver “sólo en la circunscripción departamental” y que se necesita “un gran acuerdo nacional que se debe traducir en ley”. “Yo puedo dar la señal de que lo prohíbo. ¿Y después quién controla? Es imposible, en tan pocos minutos de un fin de año, poner todo un cuerpo inspectivo para que nadie tire fuegos artificiales. Es una ilusión. Lo que hay que hacer es pelear fuerte, con seriedad, con los pies en la tierra”, manifestó.

La duda justamente está en torno a cómo se fiscaliza el uso de pirotecnia durante las fiestas de fin de año.

Andrés Pérez, vocero de la Coordinadora Pirotecnia Cero Uy, dijo a la diaria que “una cosa es lo que aprobaron las juntas departamentales y otra es que los gobiernos lo hagan efectivo”. Ejemplificó que en Paysandú la Junta Departamental aprobó la prohibición pero la comuna no la reglamentó.

“Esto nos favorece a nosotros en el planteo que estamos haciendo, en que esto necesita una legislación nacional que equipare a todas las intendencias en un umbral mínimo, más allá de la autonomía que tenga cada una de ellas”, señaló.

El caso de Paysandú es bastante claro: en julio de este año, la Comisión de Higiene y Medio Ambiente de la Junta Departamental aprobó en forma unánime el proyecto de decreto para prohibir el uso de la pirotecnia sonora. Sin embargo, aún no se está fiscalizando.

También hay cierta ambigüedad en torno a la prohibición en Salto. La Junta Departamental prohibió el uso y la comercialización de pirotecnia sonora en julio, pero a principios de diciembre los ediles dieron marcha atrás y votaron un decreto que habilita el uso de fuegos artificiales de hasta 110 decibeles hasta el 31 de enero de 2022.

Los primeros departamentos que aplicaron medidas contra la pirotecnia lo hicieron en 2020. El primero fue Río Negro, que en julio de ese año emitió una ordenanza que prohíbe la venta y exposición de pirotecnia y su uso en espectáculos públicos. Luego, en noviembre, entró en vigencia la ordenanza de Colonia que prohibía la comercialización, venta, distribución y uso de fuegos de artificio sonoros.

En diciembre de ese año se sumaron Flores, que prohibió el uso de pirotecnia con multas de cinco a 200 UR, y Lavalleja, que prohibió la venta en espacios públicos y el uso en espectáculos mediante un decreto.

En tanto, a mediados de diciembre de 2020 se aprobó en la Junta Departamental de Soriano una ordenanza para prohibir la exposición y venta de los fuegos artificiales sonoros. También en diciembre, en Durazno se votó una normativa regulatoria que prohíbe la venta en espacios públicos, pero que comenzó a regir en marzo de 2021.

Ya este año, en julio se produjeron los casos de Salto y Paysandú y en octubre llegó el turno de Artigas. En el norte del país, la Junta Departamental votó por prohibir el uso y la fabricación de pirotecnia sonora.

En diciembre llegaron los que hasta el momento son los últimos tres departamentos con medidas para evitar el uso de fuegos artificiales. Tacuarembó siguió un camino similar al de Durazno, votando el 2 de diciembre un decreto en la Junta Departamental que prohíbe la venta al público de pirotecnia de estruendo no lumínica, el cual entrará en vigencia el 30 de enero de 2022.

El 7 de diciembre, los ediles de Canelones aprobaron un proyecto de decreto que prohíbe el uso y la venta en espacios públicos. Sin embargo, tal como había manifestado en noviembre, el intendente Orsi sostuvo en diálogo con Metropolitano el día 8 que el decreto es “inaplicable” y que el tema se debe resolver “en un marco nacional”.

Por último, el 9 de diciembre, la Intendencia de Rocha anunció la entrada en vigencia de la prohibición de la exposición, venta y uso de “artículos pirotécnicos sonoros o artículos de estruendo destinados al uso domiciliario o para cualquier otra finalidad”.

Otros departamentos

En San José la regulación de la pirotecnia lleva al menos dos años en discusión en la Junta Departamental. Según informó San José ahora en junio, ese mes se resolvió postergar para 2022 la discusión del tema. Fue la segunda postergación, ya que en 2020 también se había resuelto tratar la regulación al año siguiente.

En Montevideo, la Defensoría de Vecinas y Vecinos presentó en 2020 un proyecto de normativa para prohibir la exposición y venta de pirotecnia sonora. Sofía Sellanes dijo a la diaria que “actualmente hay una comisión especial en la Junta Departamental para tratar el tema” y que la Coordinadora Pirotecnia Cero Uy fue invitada a exponer allí.

En Treinta y Tres se presentó a mediados de diciembre un proyecto de decreto para prohibir el uso y la comercialización de pirotecnia. Cerca de esa fecha, el edil nacionalista de Rivera, José Vargas, envió una carta al intendente colorado Richard Sander para plantearle la posibilidad de “articular mecanismos” para poder “apoyar iniciativas como en otros departamentos de prohibir el uso de pirotecnia de estruendo” en ese departamento.

En Cerro Largo, el 23 de diciembre de 2020 la Junta Departamental resolvió iniciar a partir de febrero de 2021 el análisis de una propuesta para prohibir la pirotecnia sonora presentada por el edil nacionalista Fabián Magallanes. Este fue recibido por la comisión integrada de Higiene, Salubridad y Legislación el 22 de febrero, pero hasta el momento no se han informado mayores avances.

Por último, en Florida, la edila frenteamplista Gabriela Rodríguez denunció el 7 de diciembre que los ediles del Partido Nacional en la Junta Departamental se negaron a tratar una propuesta de regulación de la pirotecnia y presentó cerca de 50 firmas de vecinos a favor de establecer medidas al respecto.