El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, anunció en la noche del miércoles que la portabilidad numérica comenzará a regir a partir del 12 de enero. En respuesta, el sindicato de Antel, Sutel, resolvió un paro parcial con movilización para ese mismo día.

La portabilidad numérica, que es uno de los puntos que se encuentran entre los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que se pretende derogar en el referéndum del 27 de marzo, prevé que los clientes de una compañía telefónica puedan cambiar de proveedor manteniendo su número. En este sentido, el ministro de Industria también consideró que la portabilidad numérica “en alguna medida también es mantener la identidad digital de las personas”.

Para lograrlo se necesita hacer una serie de cambios en la operativa del sector, proceso que ya comenzó hace unos meses y dirige el Comité de Portabilidad Numérica. En su página web, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) indicó que la fecha de inicio fue “acordada con los operadores de telefonía móvil, que facilita a las empresas responder adecuadamente a las necesidades de las personas, y a partir de la cual los usuarios podrán hacer uso de su derecho”. La idea inicial del gobierno era comenzar con la portabilidad el 27 de diciembre.

Gabriel Molina, presidente de Sutel e integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, dijo a la diaria que “el sindicato ya había resuelto que el día que se implementara la portabilidad numérica estaríamos haciendo una movilización en defensa de Antel. Ahora que se confirmó el 12 de enero, vamos a estar trabajando para definir las características de la movilización con paro parcial”. Adelantó que habrá guardias gremiales durante el paro para atender los servicios de emergencia.

“Nosotros volvemos a sostener lo irresponsable y desprolijo” que fue el accionar “respecto de este tema, en un tema tan complicado y sentido como la cuestión de las telecomunicaciones. Les habíamos planteado al gobierno y al directorio de Antel que suspendieran la aplicación de esto, dado que es uno de los artículos que están siendo propuestos para su anulación. Pero por lo que se ve, siguen adelante con esto y no toman en cuenta que el 27 de marzo los uruguayos vamos a estar votando si queremos o no seguir con los 135 artículos, entre los cuales se encuentra la portabilidad numérica”, manifestó el dirigente sindical.

A su vez, afirmó que desde el sindicato se sigue sosteniendo que la medida “es nada más y nada menos que un negocio para las multinacionales que compiten con Antel”. Consultado por la diaria sobre qué puede suceder en caso de que se deroguen los 135 artículos de la LUC, entre los que se encuentra el de la portabilidad numérica, pese a que ya se haya comenzado a implementar, Molina respondió: “Que se haga cargo el irresponsable del gobierno, que sigue insistiendo con la aplicación de esto cuando está en cuestión”.

Según una encuesta realizada por la consultora Equipos para Antel, que fue divulgada a mediados de noviembre por Búsqueda, 17% de sus clientes estarían dispuestos a cambiar de compañía si logra mantener su número de teléfono. Por otro lado, el porcentaje de clientes dispuestos a irse de Movistar es de 33% y el de Claro es de 35%. Pese a lo que indican los porcentajes, el perjuicio sería mayor para la empresa estatal, porque es la que actualmente tiene más mercado. De este modo, Antel perdería 11 puntos de su participación en el mercado, mientras que Movistar ganaría siete y Claro, cuatro.

Semanas antes de que se divulgara la encuesta, el director de Antel en representación del Frente Amplio, Daniel Larrosa, elaboró un informe en el que estimaba que Antel puede perder de 123 a 425 millones de dólares en un período de 20 años en caso de implementarse la portabilidad numérica.

Larrosa también criticó la implementación de la portabilidad numérica luego de que se alcanzaran las firmas para el referéndum contra la LUC. Tanto el jerarca frenteamplista como Sutel pidieron a la empresa pública que frenara la implementación del servicio hasta conocer el resultado del referéndum. “Millones de dólares se están gastando en este instrumento obsoleto y no se sabe si finalmente la normativa mantendrá su vigencia”, dijo a través de su cuenta de Twitter a principios de noviembre el frenteamplista.