El Partido Colorado (PC) está dividido sobre el proyecto de tenencia compartida y corresponsabilidad en la crianza del Partido Nacional y Cabildo Abierto, que está a estudio del Senado. Mientras que Ciudadanos presentó a la coalición una propuesta alternativa para priorizar el interés del niño en el proceso, los senadores de Batllistas y la Lista 15 están afines a acompañar la iniciativa. Y en Diputados parece repetirse el patrón, con opiniones divididas.
En el marco de una campaña de presión contra los legisladores colorados por parte de las organizaciones pro tenencia compartida, el diputado del sector Tercera Vía, Gustavo Zubía, manifestó su postura favorable al proyecto en redes sociales. En diálogo con la diaria, el exfiscal fundamentó su posición en que el proyecto “invierte lo que venía siendo la tendencia tradicional” en el sistema judicial, que prioriza la figura de la madre a la hora de dirimir en casos de separación, para “comenzar por la tenencia compartida, que es el orden de más derechos para el niño y para sus padres”. “El proyecto tiene la tenencia compartida como primera alternativa, y luego el juez se puede apartar de eso, en virtud de que vea que hay elementos suficientes”, remarcó.
Zubía argumentó que esta “transformación” va en sintonía “con lo que muchos hemos detectado en los últimos años”, que son las “manipulaciones intensas en virtud de denuncias sin base fundamental, a los efectos de poder trabar a los padres el sistema de visitas”. El diputado afirmó que en caso de que medien denuncias de violencia o abuso contra uno de los progenitores –uno de los puntos clave del proyecto–, se habilita al juez a “evaluar”. “Antes era de forma automática: había denuncia y ya automáticamente el padre, que era generalmente el denunciado, perdía la posibilidad de la visita, entonces se prestaba para el abuso”, opinó.
Consultado respecto de si percibe un riesgo en mantener el contacto ante posibles situaciones de abuso o violencia, aunque no haya una sentencia firme, Zubía reconoció que efectivamente “ante una denuncia que luego se prueba que fue verdadera, el niño podría quedar expuesto”, pero consideró que si “hay una denuncia que luego se prueba que fue falsa, el padre perdió y el niño perdió sus derechos a la vinculación entre ambos”. “Las situaciones complicadas tienen todas un riesgo, todas tienen una posibilidad de falla, toda decisión es falible”, analizó, y en ese sentido dijo tener “alguna idea de cómo hacer más eficiente” el proceso de evaluación en estos casos, que va a presentar si el proyecto llega a la cámara baja.
Dijo que no hizo propuestas a los senadores colorados que están trabajando en el tema porque con Carmen Sanguinetti –la senadora de Ciudadanos que está encabezando el diálogo con la coalición por este proyecto– no está “de acuerdo en temas fundamentales; entonces, no vale la pena ingresar a temas subsidiarios. Tenemos diferentes enfoques; la entiendo perfecto, ella quiere una función de máxima prudencia, pero a mi juicio hay que impulsar esto porque genera injusticias manifiestas”, expresó.
Básicamente, su propuesta es “acortar tiempos y hacer una instrucción muchísimo más rápida a los efectos de determinar las eventuales responsabilidades y evaluar peligrosidad, sin perjuicio de que el proceso siga”. Lo comparó con la evaluación que hacen los jueces para otorgar o no prisión preventiva. “En este caso habrá que evaluar con ciertos datos el peligro de la presencia del padre, y habrá que evaluar si merece ir solo a buscar a ese hijo o tiene que ir acompañado por otro familiar”, sugirió. Este planteo va en línea con lo que propone la última redacción del proyecto, que introdujo posibles modalidades para llevar adelante las visitas de forma de “garantizar” el “interés superior” de los niños; por ejemplo, en lugares públicos, en presencia de familiares o en reparticiones estatales.