Gonzalo Casaravilla, expresidente del directorio de UTE entre 2010 y 2020 y uno de los protagonistas del desarrollo del proyecto de Gas Sayago, se refirió este miércoles por primera vez al informe de la consultora Price Waterhouse Cooper (PWC) que determinó que el proyecto tuvo pérdidas por 213 millones de dólares. El actual directorio de UTE resolvió que el informe sea remitido a Fiscalía, para anexar a la causa iniciada en 2013 a raíz de denuncias por irregularidades en la licitación de Gas Sayago.

Si bien Casaravilla coincidió en que el de Gas Sayago fue “un proyecto fallido porque termina dando pérdidas”, aseguró que las cifras están “lejos de ser esos millones de dólares que hablan”. En una entrevista en el programa En Perspectiva, de Radiomundo, afirmó que para hacer los números finales “hay que comparar la situación previa con la posterior, no sólo los gastos, y también quién puso la plata y cuál es la cuenta país al final”.

En ese sentido, dijo que a los 213 millones de dólares de gastos y endeudamiento por el proyecto hay que restarle los 100 millones de dólares que pagó GNLS como garantía por incumplimiento de contrato, los 8,8 millones de dólares por la ejecución de la garantía del contrato con OAS por la construcción de la planta, “51 millones de dólares de cosas que están ahí arriba de la mesa: 27 millones de impuestos estatales, plata con la que se hicieron escuelas, estudios técnicos por ocho millones de dólares, cinco o seis millones de dólares del Camino de la Petisa, en el Cerro, diez millones que le dimos al puerto por arrendamiento de un lugar que era pasto” o “20 millones de dólares que quedó en infraestructura en Puntas de Sayago, donde hay un muelle, galpones”.

Añadió que luego resta ver “qué pasa con los juicios, y eso puede ser 13 para arriba o 15 para abajo”, y concluyó que “la eventual pérdida, a febrero, puede dar 20 o 48 millones de pérdida”. Para poner las cifras en contexto, informó que el cambio en la matriz energética “generó ahorros de diez millones de dólares por semana, ahora estamos exportando energía a Brasil y ganando un millón de dólares por día”, por lo que “son 20 días de exportación cuando decimos que perdimos 20 millones”.

El exjerarca mencionó también otra forma de hacer la revisión hacia atrás, con base en que entre 2010 y 2013 el proyecto de Gas Sayago “fue multipartidario”, es decir, hasta que se abrió la licitación. Entre 2013 y 2015 GNLS y OAS comenzaron las obras, OAS se retiró, el proyecto se cayó y en 2015 se ejecutaron las garantías de los contratos dando por concluida esa etapa y abriendo otra, a juicio de Casaravilla, de “reposicionamiento”, entre 2016 y 2019. “La inversión que hicimos en el período de reposicionamiento es del orden de 16 millones de dólares, todo lo demás está asociado al proyecto multipartidario fallido de la regasificadora”, señaló.

Respecto de la falta de estudios técnicos de factibilidad del proyecto, una de las conclusiones del informe de PWC, Casaravilla dijo que hubo “muchísimos estudios durante mucho tiempo que mostraban la factibilidad, y cuando tomamos la decisión teníamos informes técnicos”. “Uno podría decir, después, que se podría haber hecho diferente, yo tomé nota”, señaló, pero apuntó que “si nos equivocamos, nos equivocamos todos”, ya que los integrantes del directorio por la entonces oposición, José Garchitorena por el Partido Colorado (hoy ministro de la Corte Electoral) y Enrique Antía por el Partido Nacional (hoy intendente de Maldonado), que formaron parte de las decisiones iniciales del proyecto, “votaron convencidos de que era la solución”.

Críticas desde el Frente Amplio

Sobre las críticas de Danilo Astori al proyecto, que dijo que “fue un error grande” y que era un proyecto “sin futuro”, Casaravilla recordó que Astori “también fue protagonista durante esos años, nada hubiera pasado si no venía la firma de Economía”, en relación a que Astori era vicepresidente y respaldaba al entonces ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo. “Cuando tomamos la decisión en 2013 para el sector eléctrico empataba, y cuando ponías la expectativa de exportación de gas, los números se iban para arriba. Uno toma decisiones de riesgo; en todo caso, soy el primero que trata de hacer un análisis de lo que pasó, para no repetir errores”.

Explicó que después de la caída del proyecto en 2015 los estudios técnicos de esa época “nos informaban que había un beneficio potencial de 300 millones de dólares, con hipótesis conservadoras. Si a eso le agregábamos la posibilidad de la exportación a Argentina, se iba a 470 millones de dólares”, por lo que se optó por buscar a un tercero que gestionara el riesgo.

Sobre la posibilidad de haber puesto allí “el freno de mano”, como sugirió Astori que se debería haber hecho, Casaravilla se preguntó: “¿Por qué en ese escenario de un beneficio potencial, agarro y tiro al diablo todo lo que se tenía? Es como todas las apuestas…”, dijo, pero reivindicó que en ese período Shell se interesó en el negocio, estudió la posibilidad y finalmente se bajó cuando “no hubo forma de lograr la autorización de venta a Argentina”. “Shell dijo ‘yo veo un negocio acá, y puso un millón de dólares. Algo veía”.

Coincidió en que “tendríamos que haber apretado un poco más el freno de mano” y “lo que hicimos en cuatro años, hacerlo en dos”, respecto de ese último intento antes de desactivar el proyecto.

Decisiones de riesgo y la gestión

Casaravilla aseguró que el de Gas Sayago “fue el proyecto más complejo con el que me enfrenté a lo largo de la vida profesional”, y dijo estar a las órdenes del Parlamento o la Justicia, aunque remarcó que la comisión investigadora parlamentaria del período pasado “es una radiografía absolutamente completa de todo lo que fue el proyecto”.

Si bien dijo sentirse “tranquilo de la gestión, que todas las resoluciones que tomamos fueron fundadas y convencidos”, mencionó su preocupación por el debate sobre el sector energético y la gestión pública: “El sector energético es muy importante, hay que construir política de Estado, y veo que se quebró la posibilidad. Hay que agarrar los pedacitos del piso y reconstruir el espíritu multipartidario que permita tomar decisiones” que son “de riesgo” cuando refieren a inversiones de largo plazo.

“¿El que tiene que tomar la decisión tiene que estar pensando que, porque quizá alguna de las hipótesis que tomó fue equivocada, puede terminar en un juzgado? Yo creo que estamos destruyendo la gestión pública”, opinó, y enfatizó: “Si el que tenga que tomar decisiones tiene que estar elucubrando y pensando no en tomar la mejor decisión, sino la que lo pone a cubierto de eventualmente terminar en un juzgado, estamos en un problema”.