Con distintos énfasis y valoraciones, los senadores Charles Carrera, del Frente Amplio (FA), Graciela Bianchi, del Partido Nacional (PN), Tabaré Viera, del Partido Colorado (PC), y Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto (CA), mostraron en la sesión del martes su preocupación por la situación de la atención en la Justicia y el atraso de los procesos por la pandemia. Con los votos de todos los partidos, se dio sanción definitiva a una ley que habilita a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) a suspender la feria judicial de julio.

El texto en cuestión fue propuesto por el Colegio de Abogados y votado la semana pasada en la Cámara de Diputados. Pese a la unanimidad, los legisladores también advirtieron por fallas en la redacción y apelaron a que quede claro “el espíritu” de la norma puesta a votación: ante el atraso en la Justicia con motivo de la pandemia, la SCJ y el TCA tendrán la potestad de definir qué hacer con la paralización de actividades prevista entre el 1º y 15 de julio –pueden suspender la feria judicial, modificarla o postergarla–.

El artículo 2 del proyecto extiende esta facultad a cualquier otra feria judicial, “como forma de reducir los impactos en el normal funcionamiento del sistema de justicia y amparar la efectividad de la tutela de los derechos justiciables”. Así salió el texto de Diputados y por la celeridad que requería la aprobación, los senadores hicieron saber que lo votarían pese a las diferencias con la redacción.

La vicepresidenta Beatriz Argimón informó durante la sesión que había estado en comunicación con el presidente de la SCJ, Tabaré Sosa, quien le trasladó “la voluntad” de que el proyecto se apruebe, pese a tener matices con el articulado.

Bianchi dijo que la redacción tiene “imperfecciones” y podría ser “más clara”. Sobre su espíritu, explicó que, ante el levantamiento a principio de mes de la feria judicial extraordinaria –que comenzó meses atrás por el agravamiento de casos de coronavirus– y el regreso “lentamente” de la atención, “nos encontramos con la feria judicial menor, y esta ley con imperfecciones es un puente para darles la facultad de resolver” a la SCJ y el TCA.

Desde principio de año, la actividad judicial estuvo suspendida por la feria judicial de enero y luego en abril comenzó la feria extraordinaria, en línea con las medidas restrictivas a nivel del Estado que decretó el gobierno. La Justicia retomó la actividad habitual desde el primer día de junio, y el 15 del actual mes se reactivaron los plazos procesales.

“Hoy en nuestra opinión existe una emergencia en el acceso a la justicia. El servicio de justicia hoy es problemático, hay situaciones de indefensión, plazos que se venden y es algo grave, que este proyecto no soluciona. Lo importante es resolver la situación de los plazos procesales que vencieron en la última feria por motivos sanitarios”, expresó Carrera. Subrayó que el FA “acompaña” el proyecto, pero con “una mirada crítica”.

Para Domenech, el Poder Judicial “trabajó menos que a media máquina”, y sostuvo que “la pandemia no justifica la feria extraordinaria, la justicia es un servicio esencial, las puertas de los juzgados deben estar siempre abiertas”. Si bien el proyecto no está “redactado en los términos deseados”, CA lo votó “porque, mal o bien, parece bien inspirado”, indicó el senador, y apuntó que hoy día “entre los abogados existe desorientación sobre cómo proceder”.

En tanto, el colorado Viera opinó: “Es sumamente necesario reactivar la actividad normal de la Justicia, porque evidentemente está paralizado el país en varios aspectos y podría hasta calificarse de falto de justicia”.

FA pide información sobre actuaciones en 2021

El senador Carrera y su compañero del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro Sánchez elevaron dos pedidos de informes dirigidos a la SCJ y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para tener datos sobre los procesos judiciales y laborales este año.

Al máximo tribunal de justicia le consultan “cuántas audiencias presenciales y/o virtuales se celebraron durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021, detallando la modalidad de cada audiencia, discriminando la información por materias, y señalando en qué casos existió reducción en comparación con el funcionamiento del Poder Judicial previo a la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo en marzo de 2020”, y piden el detalle sobre las audiencias sobre “procesos laborales o procesos de familia vinculados a tenencia, visita o alimentos de niños, niñas o adolescentes”.

También preguntan acerca de la instrumentación del expediente electrónico, “cuántas oficinas judiciales estarían preparadas para implementarlo integralmente en la actualidad (incluyendo la presentación electrónica de escritos)”.

Los legisladores del MPP piden al MTSS la “cantidad de audiencias de conciliación administrativas celebradas” en los últimos cuatro años. Además, que “especifique las medidas adoptadas para mitigar el impacto de la emergencia sanitaria en lo que refiere a la eventual suspensión de audiencias de conciliación administrativas durante los años 2020 y 2021”, y el número de “audiencias de conciliación administrativas que se hubiesen reprogramado”.