La Comisión de Industria del Senado citará al directorio de UTE para conocer y analizar la auditoría realizada en la firma Gas Sayago, que llevó adelante el proyecto que quedó trunco de la regasificadora. El final de la auditoría realizada por PWC lo dio a conocer el pasado martes la presidenta del ente, Silvia Emaldi, quien afirmó que Gas Sayago “implicó” hasta la fecha la “pérdida de 213 millones de dólares” y anunció que elevará los resultados de la investigación a la Fiscalía.

El senador nacionalista Amin Niffouri indicó a la diaria que, en coordinación con el Partido Colorado y Cabildo Abierto (CA), se resolvió convocar al directorio de UTE para que brinde los detalles de la investigación. Luego, los partidos de la coalición de gobierno definirán qué acciones llevar adelante.

Niffouri señaló que el objetivo de la convocatoria es “conocer de primera mano” el informe final del auditor privado, “ya que el Parlamento desde siempre ha tenido una activa participación en todo el proceso de la regasificadora”. Esto en referencia a que hubo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados durante la legislatura pasada, que promovió la entonces oposición.

“A partir de conocer de primera mano la información veremos cuáles pueden ser los pasos que se pueden llevar adelante”, dijo Niffouri. El legislador no aseguró que se pueda estar ante la presencia de delitos, pero afirmó que “claramente lo que hay es un gasto innecesario por parte del gobierno uruguayo al embarcarse en un megaproyecto que no era necesario”. Según sostuvo, “desde el comienzo” del proyecto se sabía “que no había motivo” para llevarlo a cabo.

La firma Gas Sayago fue creada en 2011 —es propiedad de UTE (79,35%) y Ancap (20,65%), pero funciona en el derecho privado— para encargarse de la construcción de una planta regasificadora en el oeste de Montevideo, proyecto del gobierno del Frente Amplio (FA) que tenía como socio clave a Argentina. Dos consorcios internacionales ganaron la licitación para la operación de la planta y contrataron a la brasileña OAS para la obra civil, firma que luego quedó envuelta en el escándalo de corrupción de Odebrecht y terminó en la quiebra.

Días atrás, el diputado de CA Sebastián Cal anunció que presentó una propuesta para crear una nueva comisión investigadora para indagar en los negocios de Gas Sayago, iniciativa que causó sorpresa y molestia en el resto de los partidos de la coalición, porque se hizo pública sin consulta y sin haber definido una estrategia en conjunto. Hasta ahora, dicha propuesta no llegó a buen puerto.

El diputado Rodrigo Goñi, coordinador de la bancada de representantes del Partido Nacional, indicó que se esperará el resultado de la instancia en la Cámara de Senadores para analizar cómo continuar con este pedido de Cal.

Proyecto para traspasar deudas

El Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que establece que los propietarios de Gas Sayago, Ancap y UTE asumen los pasivos y los activos de la empresa en liquidación. Se trata de un paso jurídico que impulsó el gobierno, porque, si bien la empresa entró en liquidación en 2019, siguen activos procesos judiciales con acreedores y también hay juicios cruzados entre las firmas privadas involucradas en el proyecto. Esa continuidad de la empresa aún inactiva genera costos que se quieren cortar, dijo una fuente.

El primer artículo del proyecto ordena traspasar los activos y las deudas de Gas Sayago a sus accionistas, Ancap y UTE, en forma proporcional a su participación. Así, cuando se terminen los procesos judiciales los entes se harán cargo de los costos que surjan. Además de esto, el proyecto exonera a UTE y Ancap de las deudas que asuman producto del traspaso legal de la empresa en concurso con tres organismos públicos: la Dirección General Impositiva, la Aduana y la Administración Nacional de Puertos.

De mentiras y memoriales

Gonzalo Casaravilla, quien fuera presidente de UTE entre 2010 y 2020, durante los últimos dos gobiernos del FA, se expresó en su cuenta de Facebook tras la noticia de la auditoría y aseguró que se está ante una “mentira”.

“UTE pagó 300.000 dólares por un informe ‘dirigido’, no es una auditoría, que no agrega nada a lo ya analizado en la comisión investigadora parlamentaria y que induce a reafirmar la mentira sobre la eventual pérdida que el proyecto ha significado”, apuntó Casaravilla.

El exjerarca añadió que “sólo un par de ejemplos bastan para ver la mentira”. Explicó que el informe de PWC “sólo suma gastos por 213” millones de dólares, “pero no resta ingresos, como ser la garantía cobrada de 100” millones de dólares cuando OAS abandonó el proyecto. Agregó que tampoco se “resta la plata de los gastos” que dejaron “cosas tangibles y sonantes en el Estado” y que, según lo publicado por Casaravilla, suman unos 60 millones de dólares.

A su vez, dijo que el informe sólo da cuenta “de los ‘eventuales’ juicios en contra, pero no informa sobre los que ya se han ganado”. “En suma, UTE no merece verse envuelta en esta movida mediática tuerta y mentirosa”, escribió Casaravilla.

Por otro lado, el senador de CA Raúl Lozano dijo al diario La República que pretende que los pilotes instalados en el Río de la Plata como parte de la obra trunca no se saquen de allí. “Proponemos que los dejen como un memorial al despilfarro para que los montevideanos y los uruguayos todos veamos cómo se gastaron dineros que son de todos”, dijo el senador cabildante.

Investigación judicial

Fuentes de la Fiscalía indicaron a la diaria que UTE aún no oficializó la denuncia que anunció Emaldi. Esta se adjuntará a la causa judicial que lleva adelante desde 2013 el fiscal Luis Pacheco. La denuncia inicial la presentó el abogado Gustavo Salle por presuntas irregularidades en el pliego de la licitación, y luego se adjuntó lo actuado por la comisión parlamentaria que culminó en 2018.

Aún hoy Pacheco está a la espera de una respuesta a dos exhortos que presentó a la Justicia de Brasil para saber si es cierta la versión de que Fernando Pimentel, exministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior brasileño durante el mandato de Dilma Rousseff (2011-2016), intervino ante el gobierno uruguayo para que la compañía OAS fuera la encargada de las obras de Gas Sayago. El indicio es una confesión del empresario Benedito Rodrigues de Oliveira –involucrado en causas de corrupción– que analizó como prueba a comprobar la Justicia brasileña.

En diálogo con la diaria, Pacheco dijo que durante el proceso de investigación se tomó declaración a “todos los gerentes y directores de Gas Sayago” y que luego se agregó a la causa el informe de la comisión investigadora. “Lo que está pendiente son esos exhortos a Brasil”, dijo Pacheco, y hasta ahora no pudo corroborarse la veracidad de la presunta intervención de Pimentel.