El director de Amnistía Internacional en Europa, Nils Muižnieks, pidió este martes a Joe Biden que retire los cargos contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, en la previa de la audiencia preliminar de apelación para reclamar su extradición a Estados Unidos.
En un comunicado, Muižnieks sostuvo que el gobierno de Estados Unidos “se ha reservado el derecho de mantener a Julian Assange en una instalación de máxima seguridad y someterlo a Medidas Administrativas Especiales”, lo que implica que las nuevas garantías diplomáticas presentadas son “inherentemente poco confiables”.
“[El expresidente Barack] Obama abrió la investigación sobre Julian Assange. [Su sucesor Donald] Trump presentó los cargos en su contra. Ha llegado el momento de que el presidente Biden haga lo correcto y ponga fin a esta farsa de persecución”, señaló el jerarca de la organización.
Como fundador, director y redactor jefe de Wikileaks, Assange protagonizó una de las grandes filtraciones de datos gubernamentales de principios de la década de 2010 al divulgar secretos sobre las acciones militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán, las detenciones extrajudiciales en la prisión de Guantánamo y cables diplomáticos que desvelaron abusos de derechos humanos en todo el mundo.
A raíz de la divulgación de estos datos y durante el gobierno de Obama, comenzó una investigación en su contra que también implicó una denuncia de abuso sexual en Suecia, que fue cerrada en 2019. Ante su inminente detención por este segundo caso y la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos desde el país escandinavo, Assange, que se encontraba en libertad condicional en Londres, se recluyó en la Embajada ecuatoriana en Reino Unido en 2012.
El programador y activista se mantuvo allí hasta que en 2019, con el cambio de gobierno, el entonces presidente Lenín Moreno le retiró el asilo y permitió a Scotland Yard que ingresara a la embajada para llevarlo detenido.
Desde entonces, Assange ha estado encarcelado en Belmarsh, una prisión de máxima seguridad en la que se encuentra en condiciones de aislamiento que lo llevaron a presentar un cuadro de depresión clínica. En enero de 2020, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Melzer, denunció que “ha sido maltratado hasta el punto de que ahora presenta síntomas de tortura psicológica”.
Una vez en manos de la Justicia británica, el gobierno de Trump acusó a Assange de 17 cargos de espionaje y un cargo de intrusión informática por la publicación de documentos militares y diplomáticos filtrados. La sentencia máxima por esos delitos sería de 175 años de prisión, pena que debería cumplir bajo estrictas condiciones de aislamiento, lo cual supondría un riesgo adicional para su salud mental.
En enero de este año, la administración Biden reclamó su extradición. La jueza británica Vanessa Baraitser rechazó el recurso con el argumento de que el traslado a Estados Unidos y en particular a la prisión de máxima seguridad ADX Florence sería “opresivo” para la salud mental del periodista y podría inducirlo al suicidio. El gobierno de Estados Unidos anunció que apelaría la decisión para que sea considerada por el Tribunal Superior de Londres.
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Muižnieks, de Amnistía Internacional, consideró que Biden debería retirar unos cargos que contienen una “motivación política” en la que los gobiernos “han puesto a la libertad de prensa y la libertad de expresión en el banquillo de los acusados”.