La bancada de ediles de la Vertiente Artiguista (Frente Amplio, FA) en Paysandú elevó este viernes una minuta de comunicación al intendente Nicolás Olivera y al director de la Fundación A Ganar solicitando la separación del cargo de Robert Pintos. Según denuncian los ediles, Pintos fue contratado por la fundación para cumplir cargos de jerarquía y particular confianza en varias áreas del gobierno departamental, cuando el objetivo por el que fue contratada la fundación es otorgar empleos a personas en situación de vulnerabilidad.

Los ediles denuncian que Pintos “hoy cumple funciones de Jerarquía y de confianza Política del intendente Nicolás Olivera, primero en la dirección de Viviendas, luego en Servicios” donde termina siendo representante de la comuna en el censo canino. Según los ediles, el objetivo de la Fundación A Ganar es contratar a personas de contextos vulnerables “para realizar tareas en la Intendencia y no para la contratación de personas que oficien como personal de confianza con representación jerárquica”.

Según explicó el edil frenteamplista Andrés Imperial a la diaria, Pintos “no es funcionario de la Intendencia de Paysandú, la modalidad que han usado desde diciembre es que todos los puestos los toman a través de la Fundación A Ganar, algo que va en contra del objetivo de la fundación, que es darles trabajo poco calificado a personas en situación de vulnerabilidad y formarlas, no para contratar personal de confianza exclusivamente del intendente”.

“Se supone que la fundación está para ayudar a jóvenes a tener su primera experiencia laboral, pero en realidad la están usando en la Intendencia para poder decir que reduce el rubro 0 [salarios] y no pagar los aportes patronales como debería”, denunció el edil.

Imperial aclaró que el caso de Pintos no es el único, recordó que en la misma situación estuvo en junio Sergio El Zorro Escobar, un exlíder de una red de proxenetismo, lavado de dinero y explotación de menores, que la Fundación A Ganar cesó de su puesto en el que trabajaba para la Intendencia de Paysandú tras la denuncia pública.

Pintos, que fue edil por el Partido Nacional en el período pasado y llegó a presidir la Junta Departamental, fue condenado la semana pasada mediante juicio abreviado a 12 meses de prisión en régimen de libertad a prueba por violencia de género, tras agredir y amenazar de muerte a su expareja, una mujer de 24 años. La Justicia dispuso que se le colocara una tobillera electrónica y no puede acercarse a la víctima en un radio de 500 metros ni comunicarse con ella por ningún medio.

Según informó El Observador con base en documentos del Ministerio del Interior, tras la agresión la mujer tuvo que ser trasladada a un centro médico donde se constató la agresión física y denunció también agresión verbal por parte de Pintos, que tiene 52 años. En el parte médico se le diagnosticó un traumatismo en la cara, tras recibir golpes de puño y puntapiés. En el informe del caso se señala que la amenazó con un arma blanca y se fue de la casa llevándose un cuchillo chico y un rifle de aire comprimido.

La Junta Departamental condenó la actitud de Pintos y emitió un comunicado conjunto rechazando los actos de violencia; además se retiró su placa del homenaje que tienen todos los expresidentes de la Junta en el edificio central. Para Imperial es “pésima” la señal de que Pintos no haya sido separado del cargo después de que la Justicia lo condenara por una agresión de estas características. Los ediles remarcan en la minuta de comunicación que repudian “todo tipo de violencia” y exhortan “a que los que dirigen las Instituciones sean fieles promovedores de erradicar dichos actos que nada ayudan al prestigio de las Instituciones”.

Para los representantes, este tipo de situaciones se suman a las irregularidades en el vínculo entre la fundación y la intendencia, que están siendo analizadas en una comisión investigadora en la Junta Departamental; en particular se estudian presuntas irregularidades en la adjudicación de una licitación para gestionar los recursos humanos de ocho CAIF y un Centro Siempre.

El Tribunal de Cuentas observó los contratos de la Fundación a Ganar con las intendencias de Paysandú y de Rocha, por alejarse en ambos casos del marco normativo correspondiente. Con la nueva información del Tribunal de Cuentas, la comisión investigadora en Paysandú avanza y según informó Imperial es probable que haya un pronunciamiento al resto en poco tiempo.