El directorio de Ancap aprobó este martes, con el voto de los cuatro representantes del oficialismo y la negativa del Frente Amplio (FA), comenzar una ronda de consultas con empresas privadas para concretar una asociación para el negocio del pórtland, que arrastra pérdidas desde hace varios años. Ya hubo firmas interesadas y en la etapa que se inicia se conversará acerca del modelo de asociación, que aún no está definido, para posteriormente hacer un llamado a licitación para formalizar el ingreso de un privado como socio.

Según una fuente del directorio, las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou el jueves ‒en la inauguración de una cementera privada en Treinta y Tres‒ sobre el futuro del negocio del pórtland de Ancap, en las que planteó que para que la empresa estatal “siga compitiendo tenemos que asociarla y hacia allá vamos”, fueron identificadas por las autoridades del ente como “una luz verde” para comenzar el proceso.

“Lo que queremos es dejar de perder [dinero] y seguir manteniendo las fuentes de producción, preservando los puestos de trabajo”, resumió el lunes ante la consulta de la diaria el subsecretario de Industria, Walter Verri.

De acuerdo a los balances de la empresa, el pórtland mostró un rojo de 1,1 millones de dólares en el primer semestre de 2021, al tiempo que arrojó pérdidas por 2,4 y ocho millones de dólares en 2020 y 2019, respectivamente. Hubo años previos en que tuvo un resultado negativo mayor, por ejemplo de 33 millones de dólares en 2013, y Ancap señaló en un comunicado, en el que detalló la decisión de buscar un socio privado, que “esta línea de negocio presenta resultado deficitario desde hace más de 20 años y viene impactando negativamente en el costo de los combustibles”.

Durante el año pasado funcionó un grupo de trabajo entre el ente y la Federación Ancap (Fancap) que analizó el futuro del negocio del pórtland y los posibles escenarios: ambas partes coincidieron en que son necesarias inversiones para revertir las pérdidas, pero chocaron respecto de quién debe hacerse cargo. Para Fancap hay potencial de ganancias con la venta de cemento pórtland hacia la Mesopotamia argentina (región que abarca las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos) y el Estado debería encarar las inversiones necesarias, dijo el presidente del sindicato, Gerardo Rodríguez.

En una línea similar se pronunció en diálogo con la diaria el director de Ancap en representación del FA, Vicente Iglesias. “A pesar de haberse propuesto analizar otros procedimientos que bajen la inversión de Ancap, hubo una negativa a estudiar las perspectivas de inversión necesarias para hacerla competitiva [el área de cemento pórtland] en los próximos años. Los supuestos de la decisión no tienen credibilidad, como que si se termina el pórtland bajan los combustibles, porque las pérdidas de este negocio pesan menos de un centésimo por litro de nafta, así que el usuario que vaya a cargar a un surtidor ni va a notar si hay pórtland o no”, dijo Iglesias.

Los pasos a seguir

Fuentes de Ancap informaron que ya hay firmados tres acuerdos de confidencialidad con empresas privadas del rubro que han mostrado interés ‒uno de estos acuerdos fue hecho en 2019, por la anterior gestión‒, y dos más que están próximos a suscribirse. Los interesados son empresas locales e internacionales, tal como informó Telemundo días atrás. Estos acuerdos implican el acceso a información sobre los negocios y la operativa de Ancap en el área pórtland.

Según las fuentes, con lo resuelto este martes se “inicia formalmente el proceso para ir a una asociación” con un privado, que se concretará posteriormente con un llamado a licitación en el que ya estará resuelto el modo de esa sociedad ‒por ejemplo, el porcentaje que mantendrá la empresa pública‒. Para esa ronda de negociación con los interesados, Ancap irá con una propuesta de negocio, aunque también escuchará las sugerencias que planteen los privados.

Ancap cuenta con dos plantas de producción de pórtland, en Minas y Paysandú, y una tercera en Manga, centrada en aspectos logísticos. Además del pórtland que comercializa bajo la marca Cementos del Plata, que representa aproximadamente 38% del mercado, operan otras tres empresas: la firma Cementos Artigas, de capitales españoles y brasileños; Cimsa SA, que tiene como accionistas a Diego Godín y Diego Lugano; y la recientemente inaugurada Cielo Azul, que se transformó en la planta más grande del país, con una producción prevista de 600.000 toneladas al año –con miras a exportar hacia Brasil–.

De acuerdo a lo comunicado por el ente luego del directorio, “la línea de acción más conveniente” es “generar condiciones atractivas para la llegada de un socio que permita defender la participación de mercado en Uruguay y disponer de condiciones competitivas para la exportación a escala económicamente atractiva”. Esto evita tomar otras decisiones, se agregó, como “liquidar el negocio”, lo que afectaría “fuentes de trabajo”, o vender perdiendo los activos y valores intangibles de la marca.

En esa nota, Ancap señaló: “La integración del socio se concretará a través de un proceso competitivo especial considerando lo establecido en el artículo 37 del Tocaf [texto que recopila las normas de administración pública], con un llamado a expresiones de interés, la implementación de un data room, la definición de un período de consultas abierto”, y finalmente “un proceso competitivo de acuerdo con los principios sustanciales del Tocaf”.

Iglesias, del FA, indicó, según lo informado en el directorio, que el gobierno busca “una asociación integral” con un privado; esto abarca la explotación de la cantera de piedra caliza, la producción de pórtland y cal, así como la venta y administración del negocio. “Se hará una ronda exploratoria, a ver si aparece alguien interesado o no”, añadió.

El director por la oposición cuestionó la falta de información: “En mi caso hasta hoy no tuve acceso, hubo poca discusión en el directorio y cosas que ya venían habladas [entre los representantes del oficialismo]. Se avanza en una orientación dada por el Poder Ejecutivo, pero entiendo que es poco transparente cómo se está manejando el tema”.

“Se está entregando riqueza del país”

Según detalló el presidente de Fancap, el negocio del pórtland emplea en total a unas 550 personas. Dentro de ese número hay empleados directos de Ancap y otros que realizan servicios que se han tercerizado. El compromiso que han expresado públicamente las autoridades es que cualquier asociación con un privado implicará mantener los puestos de trabajo, pero Rodríguez aclaró que “no nos dicen si se refieren sólo a los de Ancap” o también los tercerizados, que son unos 250.

Además, el dirigente sindical aclaró que tras haber participado en el grupo de trabajo y mantener una reunión con el presidente Lacalle Pou, se había acordado que cualquier paso nuevo que se diera sobre el negocio del pórtland sería comunicado a Fancap. “Lo último que nos dijeron es que no había nada resuelto”, expresó el lunes.

Recordó que en ese encuentro con el mandatario, ocurrido en julio de 2020, se le propuso “trabajar en un proyecto alternativo” para el pórtland, que incluye la instalación en Paysandú de un horno comprado durante la gestión de Raúl Sendic y hoy no operativo, cuya puesta en funciones cuesta al menos 100 millones de dólares. “Así se cumpliría con aggiornar a Ancap a las nuevas tecnologías y generar un impulso en la generación de trabajo para reactivar la economía”, sostuvo. Fancap también encargó a expertos de la Universidad de la República un estudio de los impactos “socioeconómicos en Paysandú” del cierre de la planta de Ancap.

Con vistas al proceso de negociación con un inversor privado, Rodríguez señaló que Ancap dará al socio sus permisos de explotación de las canteras de piedra caliza, “entregando un patrimonio de 10.000 millones de dólares a cambio de cobrar un costo marginal; en el fondo la cuestión es entregar riqueza del país”. La piedra caliza es la materia prima principal para la elaboración del cemento y Ancap la extrae mediante un proceso de perforación y voladura utilizando explosivos en los yacimientos.

Una fuente del ente dijo al respecto que las canteras “son del Estado y Ancap tiene los permisos mineros, invirtió en ellos, y pueden tener un valor para que alguien los compre o darle el derecho a usar los permisos” al socio privado. El pago por esto puede ser un monto fijo, una mensualidad o una cuota variable en función de la piedra sacada, agregó.

El presidente de Fancap entiende que el futuro del negocio del pórtland irá atado al resultado del referéndum contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). El gobierno ya adelantó que si hay un resultado contrario no dará marcha atrás con las reformas en la fijación de la tarifa de combustibles y los negocios de Ancap; pero Rodríguez dijo que, por un lado, estos cambios responden al artículo 237, que encomendó modificaciones en los mercados ligados al ente petróleo, y por otro, que la votación “es una cuestión de oportunidad política, [servirá para] ver si el gobierno tiene el apoyo o no”.