Este miércoles el ministro de Ambiente, Adrián Peña, y el directorio de OSE asisten a la Cámara de Diputados en régimen de Comisión General para informar respecto del Proyecto Neptuno, duramente criticado por organizaciones socioambientales, sindicatos, grupos de vecinos y académicos que han advertido sobre los riesgos de su ubicación debido a las floraciones de cianobacterias y porque afirman que se trata de un proceso de “privatización” de la empresa que suministra el agua potable.
El Proyecto Neptuno busca instalar una planta potabilizadora de aguas del Río de la Plata en Arazatí, sobre la costa del departamento de San José, y fue presentado en octubre de 2020 por el consorcio Aguas de Montevideo, que integran las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast.
Su objetivo es construir una planta potabilizadora para abastecer el área metropolitana, una tubería de aducción de 81 kilómetros y un polder, una especie de reserva de agua dulce. Este último punto es crucial porque la nueva iniciativa tomará agua del Río de la Plata ‒que, si bien se denomina río, en realidad es un estuario, y presenta episodios de salinidad‒. De hecho, un informe reciente de la Facultad de Ciencias, divulgado por la diaria, advierte que es esperable el registro de “eventos de salinidad extendidos por encima del umbral” en esa zona.
Según el FA, Neptuno es más caro y menos efectivo
La diputada del Frente Amplio (FA) Sylvia Ibarguren fue la miembro convocante y realizó al comienzo de su exposición un resumen cronológico desde los primeros estudios que marcaban la necesidad de aumentar el caudal del agua potable para la zona metropolitana hasta la presentación del proyecto Neptuno.
En ese recorrido mencionó que desde 2014 se estaba proyectando la construcción de una represa sobre el arroyo Casupá, en una zona de sierras con agua mucho menos afectada por contaminación y sin salinidad. De hecho, para esta iniciativa ya está aprobada una línea de crédito por 80 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento. Fue decisión del gobierno actual postergar el proyecto y buscar otras alternativas.
Después de recorrer varios estudios que aportan a la “preocupación” que tiene su partido por el tema, Ibarguren resumió los principales ejes que les generan dudas.
sylvia ibarguren.(archivo, mayo de 2021)
Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
Entre esos aspectos mencionó el último estudio de factibilidad del proyecto Neptuno, que establece que para el año 2037 tiene que haber una reserva de agua para la cuenca del Santa Lucía para la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, de forma de cubrir la demanda que va a tener la zona hacia el año 2045. “Esto deja claro que este proyecto no es suficiente, no cumple con el objetivo de solucionar el déficit cuantitativo de agua para el aumento de la demanda con horizonte 2045”, apuntó.
A los legisladores frenteamplistas también les genera dudas la operativa y la administración del proyecto, ya que según los últimos datos con los que se cuenta, la operación de la planta será de OSE, pero el mantenimiento será del privadom, y cuestionaron “la pertinencia de que el mantenimiento lo haga un privado, cuando la OSE tiene 70 años de especificidad técnica en este tema”.
En esta línea también surgen dudas de cómo va a ser el contrato entre el privado y OSE, en el sentido de que no queda explícito si se tendrá que pagar un canon fijo ya sea que se use o no la planta, y asimismo se señaló la duda sobre qué pasará con la planta principal si OSE decide usar al 100% la del proyecto Neptuno.
Administrativamente también genera preocupación “la participación del privado entre en conflicto con los artículos 47 y 188 de la Constitución de la República” y que “no se hayan cumplido los procesos de participación de usuarios y sociedad civil como establece la normativa”.
También se le cuestionó al ministro sobre en qué etapa está el estudio de viabilidad ambiental de localización y de impacto ambiental, así como si ya se cuenta con la aprobación ambiental previa, que es necesaria para el momento de la adjudicación del proyecto.
“Lo que vemos con los datos que tenemos hasta ahora que el Estado uruguayo va a realizar la mayor inversión de la historia en agua potable, no sabemos exactamente cuánto nos va a costar ni cuáles son los componentes. No sabemos si vamos a tener polder o no”, dijo la diputada Ibarguren y remarcó que lo que sí saben es que “el proyecto no resuelve el déficit cuantitativo de agua al 2045, que fue el objetivo de la iniciativa privada presentada y aceptada por el directorio de OSE”.
Ibarguren agregó que “esta toma y esta nueva planta potabilizadora representan 30% del suministro de la demanda de un 60% de la población. Sigue siendo Aguas Corrientes la columna vertebral del sistema”.
La diputada subrayó que en el lugar donde se va a tomar el agua bruta los estudios disponibles indican que hay “serios problemas de salinidad y también de eutrofización, y no se cuenta con estudios específicos de la variabilidad de la dinámica del estuario y la influencia del cambio climático sobre el mismo”.
“Por lo que sabemos les va a salir a los uruguayos casi 500 millones más caro la alternativa privada que la pública. Se compromete la capacidad de inversión de OSE, dejando poco margen para otras inversiones, por ejemplo, para el resto del país en mejoras en agua potable y saneamiento. Vamos a pagar un canon fijo independientemente de cuánto se use la planta, y tenemos muchas dudas sobre cómo va ser la dinámica de la operación publica y el mantenimiento privado”, resumió.
Finalmente lanzó: “Nos parece increíble que en un país como Uruguay, donde hay multiplicidad de fuentes de agua dulce, se esté pendiente de los días de intrusión salina del estuario Rio de la Plata”.
La palabra del Ministerio de Ambiente
Enseguida tomó la palabra Peña. Centró su discurso en que la cartera debe “dar una solución para asegurar el abastecimiento de agua potable” en el área metropolitana. A su vez, reconoció que la situación de la cuenca del río Santa Lucía -cuerpo de agua que abastece a la potabilizadora de Aguas Corrientes- es compleja. Por esta razón, entiende que se “depende de un sistema que está al límite de su capacidad”.
“El abastecimiento para el área metropolitana no tiene una rápida solución”, manifestó. Y sumó que hay tres componentes que están contemplando las autoridades: la toma del Río de la Plata, con el proyecto Neptuno; la “reducción de pérdidas”; y la presa de Casupá. Indicó que “nadie está en contra de Casupá” y es una “falsa acusación” hacer los señalamientos; aunque planteó que la postergación del proyecto se vincula a que “no podemos hacerlo todo a la vez”.
Por otra parte, sobre Neptuno remarcó que “todavía no existe un proyecto definitivo” y “no tiene la aprobación de OSE”. “Todavía quedan instancias que definir”, planteó el jerarca y sumó que parte de esas decisiones exceden a su ministerio e incluso a OSE. Al no existir un proyecto finalizado, Peña declaró que aún no comenzó la etapa de análisis ambiental.