La reunión de este viernes de la Mesa Política del Frente Amplio (FA) tendrá como tema principal la postura que el partido de oposición tomará acerca del proyecto de ley de reforma jubilatoria que el gobierno envió días atrás al Parlamento. Si bien se da por descontado que el voto en general será negativo, porque no se comparten las bases de la reforma, aún se debe definir la estrategia que asumirá el FA en el debate legislativo, dijeron fuentes políticas a la diaria. Por ejemplo, si se propondrán artículos sustitutivos, o en cuales subtemas –ya que el texto abarca varias áreas y tiene más de 300 artículos– puede haber disposición para apoyar o conversar cambios con el oficialismo, y en cuáles no habrá negociación posible.

De hecho, una de las cuestiones a definir en la Mesa Política será qué nivel de profundidad tendrá la declaración que divulgue el FA posiblemente el lunes, cuando el mismo órgano del partido se reúna en La Teja para homenajear al expresidente Tabaré Vázquez. La idea es presentar una postura pública antes del inicio formal del tratamiento del proyecto en el Senado, que será el martes, pero no está claro si sólo se informará la posición general sobre la reforma o se entrará en el análisis de los subtemas.

Distintas fuentes comentaron que el tratamiento del proyecto en el Senado se encarará de forma similar a una Rendición de Cuentas, porque al ser textos tan extensos permiten negociaciones sobre aspectos puntuales que el FA podría apoyar. El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, dijo justamente –como una posición personal– que no habría que apoyar el proyecto en general, “pero en particular una buena parte del articulado sí”.

También hay idea de sumar al análisis de la reforma a la bancada de diputados del FA, para que todos los legisladores ya estén al tanto del contenido y los potenciales cambios del proyecto de ley, que según el plan del gobierno se trataría desde marzo de 2023 en la Cámara de Diputados.

El oficialismo tiene la idea de crear una comisión especial de 15 miembros en el Senado para analizar la reforma jubilatoria, y en el FA ya se pensó extraoficialmente en cómo repartir los siete integrantes que tendría la oposición: dos serían para el Movimiento de Participación Popular, y uno para cada sector con representación en la cámara alta.

Desde uno de esos sectores, una fuente comentó que el FA debería pedirle al gobierno que exponga “los números” de la reforma, por ejemplo “el costo de la transición”, porque varias cifras aún no han sido detalladas. “Faltan números y escenarios para entender hacia dónde se va” con la reforma, indicó la fuente.

Ausencias y potestades

Los técnicos del FA que trabajaron desde hace meses en una comisión interna sobre seguridad social analizaron desde el jueves de noche el proyecto de ley que divulgó el gobierno. Con pocos días de plazo, elaboraron un estudio comparativo sobre el contenido del proyecto de ley, que presentaron el martes a la Mesa Política.

El documento comparativo, al que accedió la diaria, se complementa con un análisis que realizaron los técnicos del FA a finales de agosto detallando el contenido del anteproyecto del gobierno. En el nuevo texto se explicitó que la iniciativa remitida al Parlamento “mantiene ausencias” y no “aborda” varios temas “problemáticos” del sistema previsional.

Con citas al documento de agosto, se plantea que la reforma “sólo se ocupa de la contención de egresos, pero nada contiene acerca del otro componente fundamental de la sostenibilidad financiera, el relativo a los ingresos”. Además, “es sólo una reforma de jubilaciones y pensiones, no de toda la seguridad social”.

Por ejemplo, para el caso de la aportación patronal en el sector rural –2% en vez de 7,5%, como el resto– y otros rubros exonerados, el proyecto del gobierno “crea comisiones [para estudiar si mantener o no el beneficio] y no plantea solución a estos puntos débiles de financiamiento” del sistema. Según el documento del FA, “tampoco se aborda la problemática específica de las medianas y pequeñas empresas que son básicamente 75% del total de empresas inscritas en el Banco de Previsión Social [BPS], y que tienen esquemas de aporte y de beneficio diferentes”.

Además, la oposición subraya que nada dice el texto del gobierno sobre “las formas nuevas y atípicas de empleo (en algunos casos empleos dependientes encubiertos) que pueden además ser estimuladas tributariamente con excepciones y exoneraciones afectando la financiación de los sistemas de seguridad social”.

Otra crítica general que había planteado el FA sobre el anteproyecto y que se “mantiene sin cambios sustanciales” refiere a las potestades dadas a la agencia reguladora del sistema previsional –que se propone crear–, así como el poder de decisión que queda para el Ejecutivo a través de futuras resoluciones vinculadas a las jubilaciones.

“El proyecto genera más de un centenar de facultades en decenas de artículos al Poder Ejecutivo y a la agencia reguladora, por vía de las reglamentaciones futuras y potestades específicas, muchas de ellas importantes para determinar accesos a derechos, montos a percibir, topes de acceso, disposiciones en AFAP, controles, sanciones, intervenciones, etcétera”. Según el análisis de la oposición, “es claramente excesivo lo que se plantea” por parte del gobierno en materia de facultades.

“Afapización” y posibles nuevos “cincuentones”

Tras presentar el martes a la Mesa Política el informe comparativo, uno de los integrantes de la comisión del FA que trabajó el tema de la reforma previsional, el exministro Ernesto Murro, difundió un texto con su “opinión personal” sobre el proyecto del gobierno. Allí resume en cuatro puntos la propuesta: “Afapización obligatoria y universal”; la prioridad puesta “en la reducción del gasto/egresos y carencia de alternativas de financiamientos progresivos”; “rebajas en derechos para la población”; y “excesivas facultades” para el gobierno y la nueva agencia reguladora.

Según Murro, la propuesta enviada al Parlamento “amplía el negocio” de las AFAP, ya que mientras actualmente la afiliación a estas empresas “es jurídicamente voluntaria para 80% o 85% de las personas”, pasará a ser “obligatoria”. Además, indicó que “no se buscan en el proyecto alternativas y formas complementarias a los tradicionales aportes de trabajadores/as y empresas al financiamiento”.

Sobre los cambios que propone el gobierno, el exministro señaló que mientras crece cinco años la edad de retiro para las personas “hoy menores de 47 años”, se “rebaja el monto a percibir para la mayoría” por las nuevas condiciones planteadas. También evaluó que “el aumento de edades perjudica especialmente a las personas más pobres”, ya que “les resultará más difícil llegar a los 65 años y cumplir los requisitos para jubilarse”.

“Los montos a percibir también bajan para la mayoría de las personas, por extender a 25 años el período a considerar para calcular la jubilación y por la aplicación de la nueva tasa de adquisición que se crea en lugar de la tradicional tasa de reemplazo”, agregó Murro en su análisis. A continuación, se mostró crítico con el contenido del proyecto de ley en materia de “jubilaciones por incapacidad”, y sostuvo que si bien “en pensiones de viudez y sobrevivencia se han atenuado algunas de las exageradas restricciones planteadas en el anteproyecto, subsisten recortes importantes desde la perspectiva de género”.

Por otro lado, según supo la diaria, hubo advertencias en la interna del FA sobre “un error de diseño grave” que contiene el proyecto del gobierno que debería revertirse, o de lo contrario producirá una nueva generación de trabajadores afectados en su cálculo jubilatorio, como ocurrió con los “cincuentones” en la reforma de 1996 –el reclamo de este grupo fue atendido en una ley compensatoria que se votó en 2018–. Algo similar alertó el PIT-CNT en un documento de análisis que esta semana divulgó la diaria.

Estos afectados serían cientos de miles, ya que hay una “generación del medio” que abarca a los ya activos que se jubilarán por el nuevo régimen –es decir, quienes hoy trabajan y pasen a retiro con posterioridad a 2043–, que no accede a la bonificación actual para el tramo de aportes por BPS, ni entra en el nuevo esquema de contribución –10% al BPS y 5% a la AFAP; hoy es 7,5% para cada pilar en la mayoría de los casos–.

El perjuicio viene porque al aportar la mitad al BPS y la mitad a la AFAP, sin tener bonificado el tramo por BPS ni poder modificar el modo de contribución –porque el proyecto del gobierno impide revertir la opción del artículo 8, algo hoy permitido–, accederán a una menor pasividad en comparación a los ya jubilados –las generaciones previas a 2043– y a los que ingresen al mercado de trabajo con posterioridad a la reforma.