Con los votos de la oposición, la Junta Departamental de Montevideo aprobó, este viernes, un juicio político contra la intendenta Carolina Cosse, porque la jefa departamental no compareció a un llamado a sala que estaba previsto para la jornada. La oposición esperaba que Cosse diera explicaciones sobre el nivel de respuesta de la comuna a los pedidos de informes. La medida fue impulsada por el edil del Partido Nacional Javier Barrios Bove y la moción de juicio político requería contar, para su aprobación, con un tercio de los votos del cuerpo. Ahora el Parlamento nacional será el encargado de resolver si el juicio político prospera, pero en este caso se requieren dos tercios de votos, que no se alcanzarían sin el apoyo del Frente Amplio.

En la moción de la oposición no se explicitó la fundamentación de la medida -los ediles opositores prometieron que la harían llegar en los próximos días-, pero varios ediles optaron por fundamentar su voto. Alegaron que Cosse, al no asistir al llamado a sala, violó el artículo 285 de la Constitución, que establece la posibilidad de la Junta de convocar a sala a la intendenta “para pedirle y recibir los informes que estime convenientes ya sea con fines legislativos o de contralor”. Aseguraron que la administración “oculta sistemáticamente la información necesaria para los organismos de contralor”.

El edil colorado Matías Barreto afirmó que se siente “totalmente violentado, como legislador y como ciudadano”, porque “no se nos contestan los pedidos de informes”, las respuestas son “burlas”, y la intendenta no comparece en sala, y alegó que “no queda otra herramienta” que el juicio político.

El impulsor de la moción, Barrios Bove, escribió en Twitter que con su ausencia Cosse pretendió evitar “que la Junta Departamental cumpla con su obligación de contralor a su gestión”.

Por su parte, los ediles frenteamplistas calificaron la medida impulsada por la oposición como un “disparate”, “una exageración”, “un atropello a la democracia”, “un desprestigio a la institucionalidad”, “un circo” y una “operación política” para ocultar lo sucedido con el exjefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano. También remarcaron que en la normativa no está previsto que la no concurrencia a sala sea motivo de juicio político. “No hay delito de ningún tipo”, sostuvo el edil Martín Nessi.

La edila Patricia Soria afirmó que la oposición monta “un circo que funcione como cortina de humo para tapar cosas realmente importantes que están sucediendo”. Señaló que la ley “es clara, lo que se establece para el juicio político es falta grave o delito, y en este caso no están dadas las condiciones”.

La edila Fiorella Buzeta destacó que la Intendencia de Montevideo [IM] ha sido transparente y ha contestado “absolutamente todos” los pedidos de informes. “No sé en qué se basan los ediles de la oposición para decir que no es transparente la intendencia y que la intendenta se burla de los montevideanos, me parece una falta de respeto”, manifestó. Por su parte, el edil frenteamplista Nicolás Lasa consideró que “hay un fetiche con Carolina [Cosse]”. “Carolina es una persona, una mujer muy accesible” que, si bien no asistió a sala, está “dando la cara a las personas vulneradas en sus derechos”. Remarcó que lo importante no es la comparecencia de la intendenta, sino que la oposición obtenga respuestas de las autoridades departamentales.

Respuesta de la Intendencia

Tras la votación del juicio político, entraron a sala el director de Desarrollo Ambiental de la intendencia, Guillermo Moncecchi, y el prosecretario de la comuna, Daniel González, para dar explicaciones, aunque de todos modos la oposición -con la excepción de dos ediles- ya se había retirado de sala. González sostuvo que “no existe una sistemática falta de respuesta” a los pedidos de informes por parte de la intendencia, sino “todo lo contrario”, y dio detalles del nivel de respuesta.

Por su parte, en una gacetilla de prensa, la IM sostuvo que respondió “el 100% de los pedidos de informes solicitados por la Junta Departamental de Montevideo en 2021 y 2022”. “Se trata de un total de 468 pedidos de informes solicitados por la Junta Departamental de Montevideo, que incluyen 1.601 preguntas respondidas sobre diversos temas”, detalló la comuna.

Además, añadió que según el último informe del Índice Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la IM ocupa el lugar número 8 de 228 organismos públicos evaluados, el sitial más alto entre las intendencias del país.

Por otra parte, la comuna señaló que según la Constitución de la República en sus artículos 284 y 285, la intendenta en funciones “no tiene la obligación personal de comparecer en la Junta Departamental en caso de ser respondidos todos los pedidos de informe de los ediles y edilas”. “Asimismo, se establece que está habilitada a hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de la repartición respectiva”, remarca.