El Senado aprobó, en la madrugada de este jueves, el proyecto de Rendición de Cuentas, y con esto quedó firme una nueva redacción del artículo 56 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, inicialmente aprobada en 2014 y conocida habitualmente como ley de medios. El nuevo texto permite a las empresas cableoperadoras solicitar al Poder Ejecutivo una habilitación para brindar servicios de internet.

A esta resolución se llegó luego de que, por falta de acuerdo entre los socios del oficialismo, no se derogara totalmente la ley, como se planteó desde el Poder Ejecutivo. Y esta idea original, a su vez, surgió a raíz de que la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados no llegó a un acuerdo para aprobar una ley nueva, principalmente por diferencias planteadas por Cabildo Abierto (CA).

La habilitación a que las empresas de cable puedan brindar internet causó el rechazo del sindicato de trabajadores de Antel (Sutel), que mediante un comunicado manifestó su “más firme oposición a que este tipo de cambios en la regulación de los servicios de comunicaciones se realicen en el ámbito de Rendición de Cuentas, máxime si se considera que desde abril de 2020 se está discutiendo en Diputados una nueva ley de medios, sin acuerdo y con numerosas críticas”.

También manifestó su rechazo a estos cambios “parciales y a medida de unos pocos”, que además “afectan el patrimonio y soberanía nacional de todos”, en el entendido de que consisten en “la entrega de toda la inversión realizada en despliegue de tecnología” por parte de Antel “y ceder la línea de negocio de datos fijos y acceso a internet a sus competidores”.

La aprobación de ese artículo surgió luego de que el gobierno diera la habilitación para brindar internet a cinco cableoperadores, amparado en una declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). En este contexto, durante la discusión de la Rendición de Cuentas en el Senado, el Frente Amplio (FA) presentó un artículo sustitutivo para sanear la inconstitucionalidad y que no se habilite a las empresas de televisión para abonados a brindar Internet, un servicio que hoy está exclusivamente a cargo de Antel.

La propuesta indicaba que, “a efectos de lograr un sistema equilibrado entre las empresas que conforman los diferentes eslabones de la cadena productiva del sector y de forma de evitar la concentración del poder de dirigir y/o sesgar el acceso a la información, promover la formación ciudadana y garantizar la libre expresión de ideas”, las empresas de comunicación audiovisual “no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos”.

En diálogo con la diaria, la senadora Silvia Nane, promotora del artículo, manifestó que la idea era “evitar la concentración de medios, garantizar la pluralidad de ideas y reivindicar el deber del Estado como garante de esos derechos a través de la regulación”. Manifestó que actualmente el Poder Ejecutivo fundamenta la habilitación a los cableoperadores en sentencias de la SCJ, pero que con este artículo se zanja el planteo del máximo tribunal y “no se pone en riesgo la infraestructura de Antel”, al no permitir “la propiedad cruzada”, que a su vez “es uno de los factores de la concentración de medios de comunicación”. Sin embargo, esta propuesta no obtuvo el aval de la bancada oficialista, y por tanto se descartó.

En paralelo, continúa en discusión en la Comisión de Industria de la cámara baja el proyecto para una nueva ley de medios, una de las prioridades del gobierno. La negativa de la oposición y las sucesivas discrepancias marcadas por CA mantienen trancado el proyecto. En la sesión de este miércoles se alcanzó el acuerdo de que, a partir del 9 de noviembre, comenzará a discutirse cada uno de los artículos, y aquellos que no alcancen el consenso se dejarán para debatir al final.

El diputado del Partido Colorado Martín Melazzi declaró a la diaria que, a su entender, “en 90% del articulado” la coalición de gobierno alcanzará un acuerdo. En tanto, Sebastián Cal, de CA, dijo que aún “no hay” un acuerdo sobre el articulado, pero sí se arregló “empezar una discusión para ir puliendo y pasando en limpio el proyecto”. Además, manifestó que Guido Manini Ríos, senador y líder de su partido, está redactando nuevos artículos para incorporar.

En la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió la diaria, consta que Cal manifestó: “Nosotros no tenemos ningún inconveniente en iniciar cuando entiendan oportuno la discusión del proyecto de ley. Tenemos muchos aportes para realizar; se ha tomado la gran mayoría de los que nosotros hicimos en algún momento, si bien faltan otros”. “Esto no quiere decir que se pueda llegar a un acuerdo en todos los puntos dentro de la coalición ni de la comisión, ni nada por el estilo”, matizó.

Antes del 9 de noviembre, se aprovechará la única sesión ordinaria que hay para convocar a delegaciones involucradas en el tema, a pedido del FA.