Junto a Surinam, Uruguay es el único país de América del Sur que no ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales. Actualmente, la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes discute la aprobación de una minuta de comunicación para solicitarle al Poder Ejecutivo que envíe un proyecto de ley al Parlamento para ratificar el tratado internacional.

Ya han participado en la discusión representantes de pueblos originarios, el gobierno, el movimiento sindical y la academia. En estos días fue el turno de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). En “términos institucionales”, el nuevo directorio del organismo no ha definido una posición ni a favor ni en contra de la ratificación del convenio. No obstante, algunos de sus integrantes hicieron advertencias sobre eventuales consecuencias de la aplicación del tratado.

En su comparecencia, el presidente de la INDDHH, Marcos Israel, resaltó como punto central de la discusión “definir si hay un pueblo, una población o si lo que hay es una comunidad” de indígenas actualmente en Uruguay. “¿Por qué esto me parece importante? Porque el convenio está orientado hacia la discusión entre poblaciones y pueblos, y atrás de eso vienen una cantidad de obligaciones que tienen sentido donde hay pueblos”, expresó Israel, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.

El Convenio 169 tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas y su derecho a participar en las decisiones que les afectan. Ambos enmarcan una serie de disposiciones del tratado, cuya ratificación compromete a los países a revisar su legislación nacional para desarrollar acciones de acuerdo al convenio.

Mónica Michelena, representante del Consejo de la Nación Charrúa, dijo ante la comisión semanas atrás que en 2019 Uruguay rechazó el tratado bajo el argumento de que “no tenemos pueblos indígenas”.

Martín Sodano, diputado de Cabildo Abierto, afirmó que las realidades de Uruguay y América Latina con respecto a la aplicación del Convenio 169 “no son paralelas”. A su criterio, el tratado de la OIT “tiene muchas discrepancias respecto a la realidad uruguaya” y su aplicación implica “mucho para algo que no está controlado, censado y con un informe del estado de la situación real de Uruguay” en cuanto a la población indígena.

Territorios y recursos naturales

A título personal, Carmen Rodríguez, integrante del consejo directivo de la INDDHH, manifestó: “En el ámbito de aplicación del convenio, no estoy encontrando específicamente que se pueda aplicar a nuestro país, independientemente de que tenemos que avanzar en este tema”. Si bien definió el tema como “importante”, opinó que “la herramienta no sería específicamente el Convenio 169”.

Para Rodríguez, “este tipo de medidas, que en realidad implican una discriminación, no se pueden tomar si no se tiene en claro la información”. Y añadió que “las medidas deben tener plazo porque, en realidad, pueden afectar otros derechos”.

Sobre esto último, la también directora de la INDDHH Jimena Fernández señaló “como dato objetivo” que en Uruguay “existe una comunidad indígena autopercibida como tal de aproximadamente 160.000 personas”, con un acceso a los derechos “claramente reducido” en comparación con otras comunidades y sin “territorios identificados”. Esto “es importante” porque “el territorio y los recursos naturales están ligados” al Convenio 169.

Fernández apuntó que a partir de la ratificación del tratado Uruguay establecería en su Constitución “el hecho de tratar como derechos inherentes a la dignidad humana los que la comunidad internacional reconoce en esos pactos”. Así, “deberíamos adecuar nuestra legislación nacional, y las comunidades indígenas podrían solicitar la aplicación directa”. A modo de ejemplo, mencionó que podría reclamarse “el derecho a vivir en territorios”, “por lo que si se firma habría que ver cómo se haría con los actuales propietarios de los territorios”. “Lo mismo sucedería con el acceso a los recursos naturales”.

Daniel Gerhard, diputado del Frente Amplio (FA), contestó que los representantes de pueblos originarios que asistieron a la comisión “han explicitado que en Uruguay no hay demandas territoriales”. “Lo que sí ha habido es una fuerte demanda de reconocimiento a su identidad y al aporte cultural que realizan en una sociedad -capaz que esto que digo es polémico-, donde se celebra la diversidad superficial, pero en realidad hay una fuerte tendencia a homogeneizar lo que vivimos las personas”.

Israel respondió a su vez a la respuesta de Gerhard: “Está muy bien que nos digan ‘nosotros no queremos promover cuestiones territoriales’, pero si el convenio lo dice no sabemos lo que pasa el día de mañana”. El presidente de la INDDHH subrayó que la posición del organismo es “apurar el debate” y, en simultáneo, “tomar nota de las discriminaciones” para “tratar de ayudar en ese sentido”.

Apoyo de la oposición

En diálogo con la diaria, el impulsor de la iniciativa en el Parlamento, el diputado frenteamplista Felipe Carballo, comentó que la comisión tiene previsto recibir a delegaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Organización de las Naciones Unidas y la misma OIT antes de cerrar la discusión y votar la minuta de comunicación, instancia que estima para fines de noviembre o principios de diciembre. “Hasta el momento han sido muy buenas las concurrencias de todas las organizaciones”, valoró.

Carballo adelantó que la bancada del FA ya resolvió “dar el visto bueno para avanzar en el tema”. “Hasta el momento no he sentido un solo sector político dentro del FA que haya solicitado considerar esto como un asunto político. Por lo tanto, es un proyecto de la bancada”, indicó.

En cuanto al oficialismo, cuyos votos resultan necesarios para aprobar la propuesta, Carballo mencionó que cuando se discutió en comisión “el tema vinculado a Salsipuedes”, la postura en contra del Partido Colorado fue “bastante clara”. Sin embargo, destacó que puntualmente sobre la minuta de comunicación “todavía no se ha expresado ninguno de los partidos” de la coalición de gobierno.