La Intendencia de Montevideo (IM) explicó por qué decidió [presentar un recurso de revocación ante el proyecto Neptuno, que fue aprobado por el directorio de OSE sin el voto de Edgardo Ortuño, director en representación del Frente Amplio (FA). Ignacio Lorenzo, director de Limpieza del Departamento de Desarrollo Ambiental de la IM, dijo en conferencia de prensa que presentaron el recurso porque el proyecto debe pasar por un proceso de participación “informada y sustantiva” con los usuarios y la sociedad civil.

“La IM entiende que no se ajusta a derecho en relación a las obligaciones constitucionales que implican que en temas de recursos hídricos todo lo que tiene que ver con la planificación y semiimplementación de políticas, programas y proyectos en tema de agua potable deben necesariamente, de manera preceptiva, contar con instancias de participación social dadas”, expresó, y aseguró que la mesa de trabajo, establecida por ley, no fue citada previo a la resolución de OSE.

Lorenzo apuntó que lo que dispone la Ley 9515 en su artículo 35 establece que la intendencia debe velar por los “intereses” de los habitantes –en este caso de los montevideanos–, por lo tanto puede promover una acción contra otros poderes públicos. “Aquí estamos hablando de un interés máximo que es el tema del agua potable. Entendemos que estamos legitimados para presentar ese recurso”, sostuvo.

Lorenzo indicó que necesitan acceder a la información y tener un proceso de “consideración colectiva”. En ese marco, señaló que hasta hoy lo que tienen en la IM “son algunos titulares del proyecto”. “Queremos hacernos de la información, ser parte de un proceso de consulta amplia y allí, por supuesto, tener a nuestros técnicos y especialistas apoyando un proceso de trabajo técnico que pueda dar la mejor solución”, estableció.

En particular, dijo, hay un tema que les preocupa más que otros, que es que esta propuesta “debería hacer frente a un incremento de consumo de agua hacia el futuro, obviamente en un contexto de mayor estrés”. “Tenemos varias dinámicas, por ejemplo, las sequías recurrentes, [o] el proceso de cómo se comporta el frente salino, que son los niveles de salinidad que se dan en el Río de la Plata. En determinados lugares de la costa tenemos aún presencia de salinidad y eso puede dificultar las capacidades de potabilización. Entiendo que no es una planta desalinizadora sino que es un planta que funciona en base a agua dulce”, indicó, y aseguró que se trata de una “falsa solución” porque es posible que en el momento que “más lo necesitemos puede ser el momento en que falle”.

Asimismo, señaló que, en principio, las instancias de participación “no están”, al igual que los principios de consulta pública, que deben basarse en tener toda la información disponible y tener un tiempo para estudiarla para generar aportes al proceso.

Además, Lorenzo dijo que el proyecto Neptuno debe tener un interés social y que “debe estar por encima de lo económico”. En ese marco, añadió que las intendencias del área metropolitana “seguramente” estén interesadas en los detalles del proyecto y en “asegurarse que ese proyecto a llevarse adelante da las seguridades de abastecimiento de agua potable, en particular aquellos momentos más críticos como puede ser un momento de sequía”.

Desde FFOSE insisten en recurso de revocación

En tanto, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) ratificó este lunes el recurso de revocación que presentó ante la empresa estatal en el Tribunal de Cuentas. “Pedimos que se anule el acto y que tenga efecto suspensivo la medida porque violenta el artículo 47 de la Constitución”, expresó a la diaria el presidente del sindicato, Federico Kreimerman.

Al igual que lo planteado por la IM, el líder del gremio expresó que ese mismo artículo dispone un proceso de diálogo social y de consulta ciudadana para obras de esta envergadura que para FFOSE “no se cumplió”.

Kreimerman recordó que se firma un contrato por 20 años por el cual el privado financia 210 millones de dólares los primeros dos años y luego, en los siguientes 18 años, OSE pagará un canon de unos 30 millones de dólares: “El problema es que según los números de la resolución del directorio de OSE, el ente le pagará 530 millones de dólares”, por lo que “es un negocio redondo” para el consorcio de las empresas constructoras. Estos gastos, a corto o a largo plazo, se pueden traducir en un aumento de tarifas y en menor presupuesto para inversión en otras áreas del ente, opinó.

Al ser consultado por la vía que tomó la IM, el presidente de FFOSE señaló que le “sorprendió”, pero que desde el sindicato la valoran. “Eso habla de la falta de mecanismo previo de consulta y diálogo. Nos sorprende pero bien, muestra que el proyecto afecta, no fue dialogado, que está habiendo muchos reparos, todo suma. Si no hay dudas de que este es un buen proyecto para el país y para la empresa pública esto no estaría sucediendo”, sostuvo.

Por último, tal como adelantó la diaria, Ortuño confirmó que “seguramente” presentará el recurso contra el proyecto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo este miércoles.