Este viernes la policía allanó las oficinas de Azul FM, en el marco de la causa que investiga la filtración de audios del hecho en el programa La pecera, según informó TV Ciudad.

Mariana Alfaro, la fiscal que lleva la causa iniciada por el fiscal de Corte, dijo a la diaria que lo que se está investigando es la difusión de imágenes con contenido íntimo o sexual sin autorización de las personas involucradas en la grabación, lo que trasciende el dato de cómo el periodista obtuvo la información.

“Las diligencias que fueron solicitadas hoy [viernes] eran para la incautación de los dispositivos del señor Ignacio Álvarez, de uso personal o que él utilizara para la producción del programa, porque sería de utilidad para la investigación sobre si él cedió a terceras personas esas grabaciones, aparte de su divulgación en la radio”, señaló Alfaro.

La fiscal hizo hincapié en que envió a la Policía a la radio porque Álvarez trabaja allí y podría encontrarse al finalizar el programa, y que se pidió la autorización para el registro de las dependencias de la radio con el objetivo de que si Álvarez negaba el ingreso o no entregaba sus dispositivos, se pudiera proceder a cumplir la orden judicial e incautar los celulares.

Alfaro subrayó que la intención de incautar los dispositivos de Álvarez sólo buscaba dirimir cuestiones relacionadas con la investigación que lleva y subrayó que no fueron incautados dispositivos de la radio o de personas que trabajan allí, ni materiales del programa de Álvarez relacionados con otros temas. “No nos interesa acceder a otros materiales que tenga Álvarez, ni a sus fuentes”, sostuvo.

“A Azul FM no se le incautó nada, se le realizó la notificación de que se había autorizado el registro del lugar y por otra parte se solicitó que brindara los audios correspondientes a los programas de la emisión en la que divulgó este contenido y el día siguiente”, agregó.

El periodista Ignacio Álvarez acusó a la fiscalía de atentar contra la libertad de prensa y el derecho a la información. “Mandaron a la Policía a confiscar toda la información que tiene mi equipo periodístico, entre la que hay denuncias contra políticos y gobernantes, identidad de fuentes, de víctimas de delitos”, expresó en su cuenta de Twitter. Álvarez calificó el operativo como “ilegal e inconstitucional” y señaló que el derecho a reservar las fuentes está consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos.

La investigación contra Álvarez se enmarca en el artículo 92 de la Ley de Violencia basada en Género hacia las Mujeres (19.580), que prevé penas de seis meses a dos años de penitenciaría para quien “difunda, revele, exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización”, y el artículo 259.6 del Código del Proceso Penal, que prohíbe la filtración de información reservada por parte de aquellas personas obligadas a guardar reserva.

Edison Lanza, exrelator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos y actual director general de la Secretaría de Comunicaciones, Relaciones Institucionales e Internacionales de la Intendencia de Canelones, dijo a la diaria que los medios de comunicación “juegan un rol esencial en la democracia” y que “una medida como el allanamiento puede poner en riesgo la reserva de las fuentes periodísticas y causar un efecto inhibitorio”. “La fiscalía tiene que ponderar que puede estar en juego la libertad de prensa cuando solicita medidas que pueden afectar este derecho y elegir la manera menos gravosa para conducir la investigación”, advirtió.

El Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya también expresó su “gran preocupación” por el procedimiento, que puede derivar “en la violación de un principio sagrado” para el periodismo, como es la reserva de las fuentes. El sindicato de la prensa anunció que el lunes se reunirá con el fiscal de Corte, Juan Gómez, para plantearle esta inquietud y solicitarle que se revea la medida.