Dirigentes del FA, académicos y artistas del municipio CH manifestaron que la LUC “promueve una cultura de la sospecha y del temor”

Un grupo de vecinos del municipio CH de Montevideo -que entre otros barrios abarca Buceo, Parque Batlle, Pocitos y Punta Carretas- escribieron una carta con el fin de argumentar su posición en favor de derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) en el referéndum del 27 de marzo.

Entre los firmantes hay varios dirigentes del Frente Amplio, como la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y su antecesor Daniel Martínez, el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Álvaro García, el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana Gustavo Leal, el exministro de Defensa José Bayardi y los senadores Daniel Olesker, Mario Bergara y Liliam Kechichian.

Entre los casi 150 firmantes también hay personalidades de la academia, como la exdecana de la Facultad de Ciencias Sociales Susana Mallo, el exdecano de la Facultad de Arquitectura Salvador Schelotto, el exdecano de la Facultad de Medicina Felipe Schelotto y los exrectores de la Universidad de la República Rodrigo Arocena y Rafael Guarga. Además hay personalidades de la cultura como la cineasta Alicia Cano, el director de la Comedia Nacional, Gabriel Calderón, el actor Leo Pacella y los cantantes Eduardo Larbanois y Diane Denoir.

La carta fue redactada y publicada “con la esperanza de sumar nuevas voluntades que rechacen disposiciones que nada bien les hacen a la gente, a la convivencia democrática y al funcionamiento de las instituciones y empresas del Estado uruguayo”. Entre los motivos para votar la derogación de la LUC, los firmantes declararon que su tratamiento parlamentario “no permitió el estudio exhaustivo de cada temática ni el necesario intercambio de ideas, y desoyó las recomendaciones de especialistas independientes en las distintas materias que señalaban luces rojas frente a los 135 artículos cuestionados”.

Además, mencionaron que “la LUC prioriza los intereses y demandas de los sectores más privilegiados o con mayores recursos, en desmedro de aquellos con menores posibilidades, desconociendo las condiciones de desigualdad y asimetría, por ejemplo entre empleadores y trabajadores a la hora de acordar la forma de pago de los salarios” y “entre propietarios e inquilinos en el caso de los desalojos en contratos de alquiler sin garantías”.

A su vez, señalaron que “la LUC promueve una libertad asociada al mercado, al libre juego de los intereses económicos” y que, “lejos de promover la seguridad humana de la población”, la ley “se sustenta básicamente en el ejercicio de la autoridad policial”, lo que “facilita situaciones de abuso policial que comienzan a ser denunciadas nada menos que por la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay”.

Finalmente, los firmantes expresaron que “la LUC prioriza lo material sobre la vida humana, a través de la ampliación de los criterios de legítima defensa en el uso particular de la fuerza contra quien es considerado un intruso o una amenaza contra los bienes propios”, y “promueve una cultura de la desconfianza, de la sospecha y del temor del otro, del diferente a mí, configurando -con todas las consecuencias de segregación y violencia- la idea de la apariencia delictiva, que afecta especialmente a las y los adolescentes y jóvenes”.

“Por sobre todo, la LUC debilita valores y competencias institucionales consolidadas en nuestro país desde las etapas fundacionales del Estado. Debilita al Uruguay caracterizado por su Estado Social que ha sido orgullo de amplias mayorías nacionales y que ha sido ejemplo en la región, manteniendo aún un enorme reconocimiento internacional”, concluye la misiva.