Desde setiembre el Tribunal de Cuentas (TC), organismo de contralor de los actos del Estado, tiene bajo análisis el expediente del acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie que se firmó en abril del año pasado y estableció la extensión de la concesión hasta 2081, así como la prioridad de la firma belga para el despacho de contenedores. Este miércoles se sometió a votación los tres informes jurídicos que recibieron los ministros del TC y la semana próxima se conocerá la resolución final, que saldrá por mayoría de cuatro a tres respaldando lo actuado por el gobierno.

Según se explicó a la diaria, cada expediente el TC lo deriva a la división de Jurídica y según el procedimiento le llegan tres informes: el primero de los informantes ‒en este caso firmado por dos abogados‒, luego de la jefa de Jurídica y finalmente del director general de Jurídica ‒en esta oportunidad lo hizo el subdirector‒. En este caso, el organismo le otorgó una prórroga a pedido de Jurídica para expedirse.

El diario El Observador informó que el TC no hará objeciones al proceso que llevó adelante la Administración Nacional de Puertos (ANP) sobre la modificación del contrato de concesión de la terminal especializada en contenedores de Katoen Natie. Los cuatro ministros del tribunal designados por el oficialismo votaron favorablemente y en contra los tres designados por el Frente Amplio (FA).

Para el FA, el primer informe, que criticaba la actuación del gobierno, es el que realmente deja sentado lo ocurrido. En un informe de asesores del FA, al que accedió la diaria, se plantea que “el segundo informe es casi totalmente contrario al primero” y que “llama la atención las más de 50 páginas que dedica a analizar y validar los argumentos de Katoen Natie en el diferendo”.

“Una parte muy grande se dedica a analizar los agravios de Katoen Natie acerca de la legalidad de la forma en la que la ANP le permitía hacer uso de espacio portuario a Montecon [competidora de la firma belga, que opera en los muelles públicos], elemento que no se relaciona con el contrato de concesión y sus modificaciones. Hace aseveraciones acerca de elementos económicos, como el hecho de que las tarifas que pagaba Montecon escondían un subsidio implícito dado por la ANP sin que surja respaldo de estas afirmaciones en el informe ni en las actuaciones administrativas”, dice el documento del FA.

Sí marca como una coincidencia entre ambos informes: “El punto de que el Poder Ejecutivo no recibió el asesoramiento preceptivo del directorio de la ANP que exige la ley previo a tomar la decisión”. En el primer informe se apuntó al rol de Juan Curbelo, presidente de la ANP, que aprobó informes de asesoramiento sólo con su firma, cuando el asunto debió haber pasado por el directorio.

En el primer informe se planteaba que era “objetable” lo actuado por el gobierno “en cuanto a su regularidad jurídica” y la información fue difundida por el semanario Búsqueda el 24 de febrero. Según supo la diaria, el TC decidió llevar a cabo una investigación interna para saber sobre la filtración de este y de los otros informes.