La presidenta del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Claudia Romero, y su asesora, la psicóloga Carmen Rodríguez, brindaron una entrevista a La Colmena, de la diaria Radio, en la que abordaron el plan de desinternación que puso en marcha recientemente el organismo, y que busca eliminar el cuidado residencial de niños de 0 a 3 años mediante tres mecanismos: la revinculación familiar de los menores; su adopción, en caso de no ser posible; y el acogimiento transitorio mediante el programa Familias Amigas.
Romero destacó que el plan se presenta como “la mejor medida de protección”, en el entendido de que los cuidados residenciales deberían ser “la última opción de elección” y deberían extenderse “por el menor tiempo posible” para la franja etaria en cuestión. La jerarca recordó que dicha población es una que “está creciendo” y necesita desarrollar “las herramientas para poder, a la larga, y durante toda la vida, generar vínculos emocionales saludables y asertivos”.
Así, sostuvo que es preferible “un cuidado que atienda la singularidad de cada niño” por sobre uno derivado de “una lógica institucional”. “Necesitamos que los niños vivan en familia, porque ahí empezamos a mejorar las condiciones que puedan establecer a lo largo de toda su vida”, resumió.
Igualmente, y aunque precisó que es preferible evitar “versiones fatalistas respecto del desarrollo infantil”, Rodríguez remarcó que durante los primeros tres años de vida “se juega un tiempo primordial para que los niños constituyan un basamento emocional, cognitivo, relacional y biológico”, y calificó como “un desafío” el poder lograr “evitar que el sistema coloque a la residencia como una medida de protección” por sobre las demás. Esto, sostuvo, es algo que en el INAU tienen el convencimiento de que se debe sostener.
Romero: “No puede ser que la primera respuesta sea un cuidado residencial”
Respecto a la revinculación de los menores con sus referentes familiares, la presidenta del INAU consideró que “no puede ser más fácil desvincular a un niño de su familia de origen cuando hay acciones para sostener ese cuidado”, al tiempo que “no puede ser que la primera respuesta sea que ingrese a un cuidado residencial”.
Es así que postuló la necesidad de “sostener” a las familias para que el proceso “sea garantista de los cuidados que requiere un niño”, y dijo no compartir el hecho de que la pobreza constituya “una causa en la que un niño ingrese a un sistema de protección”. “Debe ser una causa para que el Estado, y digo el Estado como tal, apoye y genere determinadas líneas de acción que sostengan ese cuidado”, contrapuso.
Durante la conversación, Romero explicó que entre 2020 y 2025, el INAU pasó de procesar 20.000 oficios a 73.000 oficios judiciales que derivaron en la internación de menores, algo que lleva a Uruguay a ocupar el tercer lugar entre los países que así lo hacen. Consultada sobre qué factores llevaron a ese incremento, su asesora apuntó que eso se puede interpretar como la consecuencia de un proceso de “pobreza estructural” que se articula “con asuntos de la subjetividad”, como “la capacidad de cuidar a los hijos”.
Para Rodríguez, aunque “en ciertas condiciones” la judicialización “es una medida válida, y aquí y en todo el mundo se seguirá poniendo en marcha”, el verdadero desafío pasa por “llegar antes”, lo que demanda “fortalecer las capacidades de cuidado”. “A veces no hay que sancionar con el desprendimiento, con la desvinculación, sino fortalecer, acompañar y sostener”, afirmó por su parte la presidenta del organismo.
Es en ese sentido, y como parte del plan, que el INAU firmó un convenio con tres organizaciones de la sociedad civil para la puesta en marcha de un plan de acompañamiento de hasta dos años. Esto, explicó Rodríguez, ya comenzó con una primera etapa de “diagnóstico en profundidad de todos los niños que viven en residencias”, de modo de “comprender en profundidad la situación de cada uno”. También la formación e inducción de los propios equipos del INAU.
Familias Amigas: “Un acto de generosidad” mediante el que “la sociedad puede ser parte de la solución”
Por su parte, y respecto del funcionamiento del programa de Familias Amigas, Rodríguez destacó que el programa –que hoy en día involucra a cerca de 300 participantes– se presenta como “una medida de cuidado transitorio” para aquellos casos en los que “durante cierto tiempo no es posible dirimir si ese niño o niña no puede retornar a vivir con su familia de origen o tiene que empezar el camino hacia la adopción”.
La jerarca destacó que eso permite “tomar todos los recaudos necesarios para que la decisión definitiva sea una decisión certera”, y explicó que puede participar toda familia que esté integrada por personas mayores de 25 años y que “en cualquier configuración, tiene las condiciones de cuidado”, algo que requiere un proceso de “determinación de la idoneidad”. “El Estado uruguayo tiene que hacer un proceso para asegurar que hay capacidad de cuidar ahí, porque lo que no le puede pasar a los niños es el segundo plato de sopa“, describió.
Respecto a cómo es posible gestionar el vínculo afectivo entre los menores de edad y las familias participantes dada su naturaleza transitoria, Romero apuntó al concepto de “temporalidad y de transitoriedad”, y catalogó al programa como “un acto de generosidad”. “Esa generosidad tiene esta cuestión de saberse transitorios y de saber que vamos a establecer un cuidado que va a permitir sostener herramientas para que esos niños puedan desarrollar sus vínculos emocionales”, destacó.
“Nosotros sabemos que solos como institución no podemos, que necesitamos para muchas acciones al Estado en su conjunto y a la interinstitucionalidad. Para esto necesitamos a la sociedad y la sociedad puede ser parte de la solución”, valoró.