El Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo) respondió en un comunicado a las acusaciones que lanzó el presidente Luis Lacalle Pou en entrevista con la BBC el viernes. En el diálogo el mandatario sostiene que “no es cierto” que haya un retroceso en la situación de la libertad de expresión de periodistas en Uruguay, como indica el último informe de la organización que denuncia 69 casos de amenazas o restricciones a la libertad de expresión de periodistas, lo que conlleva un aumento de casos por tercer año consecutivo.

Cuando el periodista de la BBC le pregunta a Lacalle Pou si considera que la organización miente al publicar este informe, el mandatario responde: “Algunos puede ser. No lo llamaría mentira, tenemos una opinión diferente, pero hay que probar esas cosas”.

Además, el mandatario había dicho que no respeta a Reporteros sin Fronteras, que en su último reporte bajó en el índice de libertad de prensa a Uruguay del puesto 18 al 44: “Estamos debajo de Afganistán, no sé... Gente en nuestro país, reporteros libres criticaron ese informe. No lo respeto. Eso es básicamente una mentira”.

En el comunicado, Cainfo señala que para llegar a las conclusiones que presenta se utilizó “una metodología consensuada por 14 organizaciones de libertad de expresión de la región, reunidas en la Red Voces del Sur” y que se basan en “12 indicadores establecidos luego de un trabajoso proceso realizado en conjunto con Unesco”.

La organización sostiene que hubo 69 casos de amenazas o restricciones a la libertad de expresión de periodistas en el país en el último año y aclara que al cerrar el informe no se conocía el juicio civil por 451.000 dólares por parte de Gabriela Bazzano, exfuncionaria del actual gobierno, contra la diaria. “Cada uno de esos casos está probado, como reclama el presidente en la entrevista, y Cainfo se pone a disposición de las autoridades para realizar un chequeo minucioso de cada uno de los episodios señalados”, subrayan.

Asimismo, desde Cainfo, están dispuestos “junto al resto de las organizaciones de la sociedad civil, a participar de un amplio debate, transparente y democrático”, en el que se pueda discutir sobre la “opinión diferente” que cada actor tenga sobre el estado de la libertad de expresión en el país.

Cainfo asegura que en los últimos años se han sucedido “demandas judiciales contra medios y periodistas, discurso estigmatizante de autoridades públicas haciendo uso de su foro privilegiado, rechazo de pedidos de acceso a la información pública haciendo una interpretación restrictiva de la ley, aprobación de normas jurídicas contrarias a estándares internacionales de derechos humanos y presiones de funcionarios cuando las coberturas les provocan desagrado”. Ante este panorama, las autoridades estatales del país no han “salido a condenar dichas prácticas”.