En noviembre del año pasado el abogado Gustavo Bordes, contratado por el directorio de Antel, presentó una denuncia en Fiscalía en la que adjuntó dos auditorías realizadas tras el cambio de gestión sobre el proceso de construcción del Antel Arena. Ahora, el director del Frente Amplio (FA) en Antel, Daniel Larrosa, presentará un escrito ante el fiscal del caso, Enrique Rodríguez, donde plantea su rechazo a la denuncia presentada ya que entiende que “no hay hechos con apariencia delictiva”, sumado a que se “ocultó información relevante sobre las actuaciones administrativas”.

En diálogo con la diaria, Larrosa anunció que en el escrito aportará “un documento técnico que señala un cúmulo de errores graves en el informe de Ecovis [firma que se encargó de la auditoría] que sesgan sus resultados y conclusiones”. El director de Antel interpreta que “la denuncia es un tema de política menor pues solamente persigue el objetivo político de desprestigiar al gobierno anterior”, ya que en lo presentado ante Fiscalía los denunciantes “no señalan presuntos responsables”.

Cuando en junio el directorio votó por mayoría –sin el voto del director del FA– presentar la denuncia, se argumentó que de la auditoría externa contratada surgieron “apartamientos y contravenciones a normas y principios en materia de contratación administrativa”. Se indicó que hubo “un desvío importante” en el costo total, de 40 millones de dólares más impuestos que al inicio, y que se “aprobó un plan de negocios incompleto” según la auditoría.

En febrero el fiscal Rodríguez dijo al diario El País que habría citaciones en “las próximas semanas”, porque había terminado “el estudio de la documentación” que presentaron los denunciantes.

El proyecto del Antel Arena, que impulsó Carolina Cosse estando al frente de la empresa, fue motivo de disputa política entre el FA y la entonces oposición, que hoy ocupa el gobierno. El complejo se inauguró a finales de 2018, y el gobierno de la coalición multicolor anunció en agosto de 2020 una auditoría sobre sus números. También analizó el tema la Junta de Transparencia y Ética Pública con una visión crítica, y hubo una interpelación del oficialismo al actual presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, acción que el FA criticó y se retiró de sala.

“Hechos que quitan seriedad a la denuncia”

Larrosa dijo respecto de la sesión del directorio de junio, cuando se determinó la denuncia, que el oficialismo “se salteó la vía administrativa y justificó la decisión de acudir directamente a la vía penal, haciéndole decir a Ecovis y al informe de Asesoría Letrada General [de Antel] lo que no dicen”. Explicó que el informe jurídico interno dejó “en manos del directorio la valoración y decisión sobre si dar noticia” a Fiscalía, pero “ni siquiera aconsejó iniciar una investigación administrativa”.

Para Larrosa, hay “hechos llamativos que quitan seriedad a la denuncia”, y así lo hará saber al fiscal del caso en el escrito a presentar. “Hubo auditorías internas de Antel. La primera [finalizada en julio de 2020] analizó la totalidad de las compras, una por una, sin detectar irregularidades, y la segunda fue abruptamente interrumpida por la nueva administración para hacer un llamado a licitación de una auditoría externa, de la cual resultó adjudicataria Ecovis”, expresó el director de Antel. Sostuvo que esta información sobre los controles internos, “increíblemente, no se aportó a la Fiscalía”.

Otro punto al que se referirá en el escrito son las críticas por la competencia de Antel para avanzar en la construcción del estadio multipropósito. “Contrariamente a lo que sostiene la denuncia, la competencia nunca fue cuestionada por los informes jurídicos”, retrucó Larrosa.

El representante del FA señaló que dentro del proceso que culminó con la decisión de avanzar con el Antel Arena, “se recabaron informes sobre distintos temas: la esponsorización, el contrato con la Intendencia de Montevideo, la oportunidad y conveniencia económica del negocio y la competencia y legalidad de la construcción del Arena por parte de Antel”. A su entender, hay “estudios internos y externos no contemplados u omitidos en la denuncia” que hizo Bordes en nombre del directorio.

Larrosa mencionó que “el informe interno más completo, que estudia todos los negocios vinculados al proyecto”, fue culminado en marzo de 2013 –la obra del Antel Arena comenzó en 2014– y fue realizado por “el asesor letrado general de la época, Matías Rodríguez Perdomo”, donde analiza “la legalidad de las actividades de construcción y gestión por comisión directa” citando “diversas obras de construcción realizadas [en el pasado] por Antel”.

“Sorprende que la denuncia no haga una sola mención al informe y ni siquiera proponga como testigo a Rodríguez Perdomo, pieza clave para entender muchos de los aspectos que la denuncia cuestiona”, señaló el director de la empresa de telecomunicaciones.

Acerca de la existencia o no de un plan de negocios, aspecto cuestionado a nivel político, Larrosa indicó que “no sólo existió un plan de negocios, sino que además existieron estudios previos (internos y externos) que entendieron legal, conveniente y oportuno el desarrollo del proyecto del Antel Arena”.

Por último, Larrosa comentó que incluirá en el escrito a llevar a la Fiscalía “errores graves” que surgen del informe hecho por Ecovis, firma auditora que ya el FA había cuestionado por entender que existían vínculos de su propietario con el Partido Nacional.