Este jueves, previo a una nueva Marcha del Silencio, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos ofreció una conferencia en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) para convocar no sólo a la movilización en Montevideo, sino a las 35 que se desarrollarán en todo el país.
“Mañana, 20 de mayo, recorreremos las calles nuevamente, caminaremos junto a nuestros familiares detenidos desaparecidos en una nueva Marcha del Silencio. Nuestros, de todos”, comenzó leyendo Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares, que insistió con que se trata de “una expresión profundamente política, no partidaria, intensa, comprometida, de todos”.
Es en conjunto, continuó Zaffaroni, que se ha construido “una inmensa expresión y reclamo por valores que nos unen y atraviesan como sociedad: el valor de la vida y la libertad, de nunca más dictaduras ni terrorismo de Estado”.
“El crecimiento de la marcha por todo el país ha sido gracias al cuidado y compromiso de innumerables personas. Al trabajo de cada colectivo, sindicato, centro estudiantil, organización, llegando a cada casa, a cada muro”, añadió.
“Las fotos de nuestros desaparecidos y desaparecidas, que encabezarán la marcha, como siempre, simbolizan los dolores más profundos que vivió nuestra sociedad”, añadió Zaffaroni. Este año, además, el colectivo Imágenes del Silencio repartirá previo a la marcha en Montevideo 22.000 fotografías entre los asistentes.
En las fotos y “en sus cuerpos que las Fuerzas Armadas mantienen secuestrados” está representado “todo el padecimiento de una sociedad avasallada por el autoritarismo más atroz”, continuó Zaffaroni, y agregó que son los tres poderes del Estado “los que tienen en sus manos la obligación y la responsabilidad de darnos esas respuestas”. “Ese es nuestro primer reclamo: fue el Estado el que decidió y cometió estos crímenes”, afirmó.
Además, la proclama hizo hincapié en que la información detallada “de todas las operaciones de las Fuerzas Armadas, brazo ejecutor del terrorismo de Estado”, sigue en poder de los altos mandos militares. Dichos datos “pueden y deben” ser exigidos por “el presidente y el ministro de Defensa, mandos superiores de las Fuerzas Armadas, subordinadas al poder democrático”.
De acuerdo con Familiares, esta fecha, elegida por ser el día en el que asesinaron en Argentina –en el marco del Plan Cóndor– a los exlegisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y a los extupamaros William Whitelaw y Rosario Barredo, y desaparecieron al comunista Manuel Liberoff, “también es una respuesta a quienes pretenden herir y distraer nuevamente con mentiras la memoria colectiva”.
“Ya lo vivimos”, sentenció Zaffaroni, y recordó que “por años” la información fue cubierta “de silencio, de falsedades y de tergiversaciones”, que desde el colectivo enfrentaron. “Toda esa información se complementó con juicios, investigaciones académicas y documentos de sus propios archivos”.
“No vamos a volver atrás en esta discusión”, continuó, y señaló que estos ataques “se dan hoy principalmente desde el partido militar”, en referencia a Cabildo Abierto (CA), “que utiliza el Parlamento para hacer campaña antidemocrática, validar las acciones del terrorismo de Estado y el ‘servicio a la patria’ que nos hicieron”.
CA, liderado por el excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, “con gran coherencia persigue objetivos concretos: atacar a la Fiscalía especializada en Violaciones a los Derechos Humanos” e intentar promover una ley de prisión domiciliaria “para militares, policías y civiles, asesinos, torturadores y desaparecedores. Y hasta reflotar la infame ley de caducidad”.
“Nada es novedoso, pero sí es muy grave”, continuó, y recordó que desde el partido se “sostiene una campaña para bloquear o eliminar la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, por la que tanto han luchado la sociedad civil y sus organizaciones”.
“Este día la memoria de los desaparecidos nos recuerda también a dónde nos llevó el camino del autoritarismo. Hoy, otra vez, este discurso avanza y vuelve a poner en peligro nuestra convivencia”, insistió Zaffaroni, y acusó al Estado de entregar “por años la Justicia al poder de la impunidad”. Finalmente, terminó la lectura de la proclama con la consigna de la marcha de este año: “¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Es responsabilidad del Estado”.
¿La coalición asistirá a la marcha?
la diaria consultó a varios legisladores y ministros de la coalición para saber si asistirán a la marcha, pero ninguno de los que fueron contactados irá, por motivos varios. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, del Partido Independiente (PI), dijo que “siempre” apoyó el reclamo de Familiares y sigue compartiendo “la misma demanda de siempre, por la búsqueda del destino de los desaparecidos”, pero en esta oportunidad no concurrirá a la marcha, “por problemas de agenda”. A su vez, Daniel Radío, también del PI, cabeza de la Secretaría Nacional de Drogas, señaló que comparte los reclamos y adhiere a la convocatoria, pero en esta oportunidad no va a concurrir.
En tanto, la senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo al programa de radio Doble click que le “gustaría” ir a la marcha, pero no “puede”, porque “tendría que ir con la Guardia Republicana, porque no se puede discrepar”. “No se puede decir ‘así, por este camino, no se va a llegar a la verdad’, porque, entonces, inmediatamente nos acusan de que no queremos encontrar los restos de los desaparecidos”, señaló. Por su parte, la diaria consultó también al senador blanco Gustavo Penadés, quien contestó: “Nunca fui”. En igual forma se pronunciaron otros dirigentes de la coalición que fueron consultados.