El Congreso de Intendentes (CI) aprobó el jueves por unanimidad la forma de distribución del Fondo de Asimetrías, un nuevo monto transferido desde el Poder Ejecutivo a los gobiernos departamentales. Los jefes comunales celebraron la solución alcanzada y plantearon la intención de incluir el tema en la próxima Rendición de Cuentas, que ingresa esta semana al Parlamento. Sin embargo, desde el gobierno se advirtió que la distribución de los fondos va asociada a acordar un nuevo esquema general de reparto del dinero para las intendencias, sobre lo que no hay consenso en el CI.

La fórmula de reparto del Fondo de Asimetrías, que se definió luego de varios meses de negociación, establece que el dinero presupuestado -250 millones de pesos por año- se ejecute de una sola vez, es decir, que a partir de este año ya se distribuya el fondo completo, un total de 1.000 millones de pesos. Asimismo, dispone que 80% de ese monto total será para los 14 departamentos con menores índices de desarrollo socioeconómico.

Pero el CI no logró consenso en un punto aún más importante que el Fondo de Asimetrías en materia de recursos económicos: no definió nuevos criterios para la distribución de las partidas de dinero transferidas desde el gobierno nacional a los gobiernos departamentales. La modificación de estos criterios, que no se cambian desde 1999, está prevista en el Presupuesto Nacional votado en 2020 y condiciona la distribución del Fondo de Asimetrías que, de hecho, se creó para “compensar la eventual disminución” de los recursos asignados a las intendencias a causa del nuevo esquema.

El CI resolvió en el último encuentro elevar al Poder Ejecutivo un artículo para que se incluya -y se apruebe- en la próxima Rendición de Cuentas, que contiene una modificación a la Ley de Presupuesto para liberar el Fondo de Asimetrías. En concreto, le adjudica como nuevo propósito “atender el principio de equidad territorial”, y deja de lado la condición de modificar las alícuotas.

En diálogo con la diaria, Benjamín Irazábal, subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), dijo que si el CI aprueba “las nuevas alícuotas”, esto es, el nuevo esquema de reparto del dinero global a las intendencias, “se cumplió con la Ley de Presupuesto y ya está”. Pero, en cambio, sostuvo que “si ellos [los intendentes] están innovando y proponiendo otra cosa distinta, ahí es otra historia”. En tal caso, el Fondo de Asimetrías no compensaría eventuales pérdidas a causa de un cambio en el reparto general, porque no se estaría efectuando esa modificación. “La Ley de Presupuesto establece que si no hay cambio de alícuotas no hay distribución del Fondo de Asimetrías. Si ellos proponen una cosa distinta y quieren repartirse la plata sin que haya alícuotas nuevas, hay que modificar la ley”, afirmó Irazábal.

Ahora, el Poder Ejecutivo definirá si finalmente agrega o no la solución acordada por los intendentes al proyecto de Rendición de Cuentas, que debe ingresar al Parlamento antes del 30 de junio.

Consultado sobre la posición de la OPP, Irazábal manifestó que “no necesariamente” este tema tiene que formar parte de la discusión que se planteará a nivel parlamentario; “dependerá de la redacción del artículo”, que todavía no fue elevada formalmente a Presidencia, aclaró. “No tengo idea del tenor de lo que aprobaron, recibí un par de versiones diferentes”, añadió.

En su momento, el director de la OPP, Isaac Alfie, planteó una serie de lineamientos para el nuevo esquema de reparto de las partidas -es decir, la cuestión de fondo- que de ser aplicados benefician a los departamentos del norte del país: Paysandú, Salto, Tacuarembó, Artigas y Rivera. Los lineamientos de Alfie tenían como variables la población, la superficie, el índice de necesidades básicas insatisfechas y el promedio de salarios per cápita.

“La llave la tiene el Parlamento”

“Hay conversaciones”, señaló en diálogo conla diaria un intendente del Partido Nacional (PN), con respecto a la respuesta del Poder Ejecutivo ante la propuesta del CI de la nueva redacción. Resaltó que hay “un borrador de artículo” que le sugiere al gobierno nacional “sustituir ese artículo de la alícuota que trata sobre el Fondo de Asimetrías”. Apuntó que en cualquier caso “el que tiene la llave es el Parlamento, con la discusión de la Rendición de Cuentas”, que se proyecta como tema central del legislativo en los próximos meses.

Consultado sobre por qué no hubo avances en torno al nuevo esquema de reparto de las partidas, el intendente blanco aseguró que lograr unanimidad en el tema “no es complicado”, pero “en algunas cosas hay que trabajar más que en otras”. Esto porque cualquier cambio en el sistema de reparto implicaría nuevos ganadores y, sobre todo, nuevos perdedores.

El jefe departamental comentó que en el último CI se resolvió crear una comisión interinstitucional para “seguir trabajando y tenerlo laudado en este período de gobierno”, para luego utilizar esos nuevos criterios “como base” para la asignación del siguiente presupuesto quinquenal. Esto contraviene la idea inicial del gobierno, incluida en la Ley de Presupuesto, de que la modificación empiece desde este período.

La semana pasada, al término del CI, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, del PN, valoró que se haya establecido “un formato para distribuir exclusivamente” el Fondo de Asimetrías, cuya creación consideró como “un muy buen gesto del gobierno nacional”. Sin embargo, en conversación con la diaria en esa ocasión, lamentó la postergación de la actualización del sistema de transferencias, ya que “desde hace muchísimos años hay disconformidad” entre algunos jerarcas departamentales “porque no ha habido un ajuste de las alícuotas”.

Actualmente el sistema de reparto de las partidas destinadas de forma periódica desde el gobierno nacional a los gobiernos departamentales implica 12,9% para Montevideo, 10,09% para Canelones, 7,92% para Maldonado; y porcentajes más bajos para el resto de los departamentos.

En tanto, el intendente de Salto, Andrés Lima, del Frente Amplio, señaló a la diaria el jueves que los recursos del Fondo de Asimetrías pueden volcarse “en propuestas de desarrollo” en el sector productivo que, a su vez, despierten interés de actores privados, y no tanto como inversiones en obras públicas. “El puntapié muchas veces tiene que ser la inversión pública, pero cuando lo público demuestra compromiso, inmediatamente aparece la inversión privada que complementa”, añadió.