“El gobierno se resetea para apretar el acelerador”. El secretario de la Presidencia de la República, el nacionalista Álvaro Delgado, resumió de esta forma cómo encara la administración de Luis Lacalle Pou el segundo tramo del gobierno, tras salir de una reunión de la “mesa chica” política del presidente en la estancia presidencial de Anchorena una semana atrás. En ese encuentro, así como en otros que ha mantenido con dirigentes nacionalistas, Lacalle Pou puso el foco en la necesidad de concretar la reforma de la seguridad social y la reforma educativa. Pero se trata de iniciativas que requieren debates extensos, y el tiempo que resta antes de que arranque la campaña electoral se acorta cada vez más.
En su diálogo con la prensa tras el encuentro de Anchorena, Delgado hizo hincapié en la importancia de la comunicación con la ciudadanía, y sostuvo que no sólo es necesario mejorar la acción de gobierno y “que la gestión sea la mejor gestión posible”, sino que también “la gente lo perciba así”. Y no pareció casualidad que tras esa reunión, algunos de los dirigentes que participaron en ella, como el ministro de Defensa Nacional, Javier García, hayan salido públicamente a cuestionar con dureza al Frente Amplio, reclamando que esa fuerza política carece de “lealtad institucional”.
Pero ¿qué quedará del gobierno de Luis Lacalle Pou una vez que se pase raya y se resuman las principales reformas encaradas por el Partido Nacional y la coalición que lo acompaña, tras asumir el poder luego de 15 años de gobiernos frenteamplistas? Por el momento, el balance parece ser magro en términos de cambios profundos, con la sola excepción de la aprobación de la ley de urgente consideración (LUC) y algunas disposiciones establecidas en la ley de presupuesto.
De las 168 normas aprobadas hasta ahora por el gobierno de Lacalle Pou, 18% estuvieron vinculadas a la pandemia, 15% a la aprobación de acuerdos internacionales, 11% a seguros de desempleo, 10% al ingreso o salida de efectivos militares del país, 8% a la designación de rutas y nombres de instituciones educativas o de salud, 4% fueron prórroga de normas anteriores y otro 4% consistió en declaraciones de feriados, días conmemorativos y capitales temáticas. El restante 31% se centró en otros asuntos.
Si se compara la gestión de Luis Lacalle Pou desde su inicio hasta hoy con la gestión del primer gobierno del Frente Amplio, lo primero que surge es una disparidad clara en materia tanto de leyes aprobadas como de profundidad de las reformas emprendidas (ver tabla).
Daniel Chasquetti, doctor en Ciencia Política, explicó a la diaria que la aprobación de leyes es un buen indicador para evaluar la productividad y la profundidad de las reformas encaradas por un gobierno. “En Uruguay, si vos querés modificar el statu quo de cualquier política pública, tenés que aprobar una ley. Entonces, es normal que en un sistema como el nuestro, en el que el presidente no tiene mucha discrecionalidad para modificar las políticas públicas, se terminen pasando leyes”, explicó. Agregó que cuando se revisa el número de “leyes importantes” que se aprobaron durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez y las que se aprobaron durante la administración de Lacalle Pou, se concluye que “el número de leyes importantes de este gobierno es muy chico, entre otras cosas por la LUC”, que condensó en una sola ley casi todos los puntos relevantes del programa de gobierno de la coalición, sintetizados en el documento “Compromiso por el País”. En cambio, el primer gobierno de Vázquez fue “el más reformista del 85 para acá”. “No admite la menor comparación con este gobierno”, consideró.
Para Chasquetti, en la actual coyuntura, el gobierno “tiene un riesgo muy grande de quedar estancado, por dos razones”. Primero, “porque no tiene una agenda muy ambiciosa”, y el grueso de su programa “fue basado en la LUC” y en parte en la ley presupuestal. “Hay que entender que el gobierno tiene una agenda delgada porque el programa de la coalición es delgado. El margen de actuación que tiene Lacalle Pou es muy reducido, y se lo impone la coalición. No es el programa del Partido Nacional, es el programa de la coalición, y el programa de la coalición es un mínimo común”, marcó.
Y en segundo lugar, el resultado del referéndum contra 135 de la LUC, si bien dejó firme la ley, mostró un escenario de paridad. “Modificó la ecuación de cálculo a la hora de tomar decisiones sobre los costos políticos y los beneficios. El resultado del referéndum generó la idea de que la próxima elección va a ser peleada y que por más que el gobierno considere que gestionó bien la pandemia, se dio cuenta de que con eso no le alcanza para ganar la elección. Entonces, predomina el miedo a pasar leyes impopulares que generen un costo que luego sea imposible de absorber”, evaluó Chasquetti.
Para sortear este riesgo de estancamiento, Lacalle Pou debería, a juicio del politólogo, haber convocado a una cumbre de la coalición tras el referéndum para “rediscutir el pacto, el acuerdo”, e impulsar un nuevo “paquete legislativo”, un “Compromiso por el País II”. “Pero no hizo nada de eso. Lo que hizo en Anchorena es espantoso, porque se juntó con amigos, los de su grupo, y lo que él necesita es una cumbre de la coalición, de los cinco partidos, y decir: ‘Bueno, el Compromiso por el País ya casi lo pasamos todo, hagamos un Compromiso por el País II, y utilicemos estos 18 meses que nos quedan de vida útil para acelerar cosas”, consideró Chasquetti. Valoró que Lacalle Pou no hizo esto porque “en el fondo” tiene la idea de que el gobierno es sólo del Partido Nacional, “pero las reglas de juego en Uruguay van en contra de eso, porque los socios de la coalición tienen gran chance de bloquear en el Parlamento”.
En materia programática, si se compara el actual gobierno con el del padre del presidente, Luis Alberto Lacalle Herrera, el de Lacalle Pou podría calificarse de “súper tímido”, a juicio de Chasquetti. “El gobierno de Lacalle Herrera estaba en el marco del Consenso de Washington, en un continente dominado por presidentes reformistas en un sentido neoliberal, y las propuestas que enviaba eran pesadas: privatizar las empresas públicas, cambiar los estatutos de los funcionarios públicos, desregular los mercados. Había un programa muy audaz, y esto en cambio es muy tibio”, consideró.
Chasquetti opinó que el gobierno de Lacalle Pou parece jugado a “hacer pequeños ajustes promercado y esperar al 2024”. “Lo único que me pregunto es si Lacalle Pou va a bajar los brazos. Quienes ejercen la presidencia, todos quieren ser recordados de algún modo, dejar una marca, y la verdad es que por ahora no hay marca. La marca es la pandemia”, sintetizó.