Desde que se supo la noticia de la intervención del club social y deportivo Villa Española por parte del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) ante la denuncia de un grupo de socios por supuestas faltas al estatuto, varias voces se alzaron para condenar o defender el hecho. El principal defensor, justamente, fue el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira.

Este lunes, entrevistado por el periodístico Doble click de FM DelSol, Da Silveira explicó que a la hora de constituirse en una asociación civil, toda institución “presenta una solicitud al MEC, que es quien se ocupa de este asunto” y debe “presentar un proyecto de estatuto”; es decir, “un conjunto de reglas que van a regir el funcionamiento interno”. Hoy en día, sostuvo “hay más de 7.000 asociaciones civiles” en el país.

“El ministerio las tiene registradas y no sale a controlarlas, simplemente se asume que la asociación civil está funcionando como los estatutos [indican que] tienen que funcionar”, añadió, y explicó que “a veces” por “un conflicto interno” una parte de los socios “presenta una denuncia ante el MEC”.

En palabras del jerarca, “si lo que hace la asociación civil es divertido o aburrido, o al ministro le gusta o no le gusta, no tiene la menor importancia”, y reiteró que el rol de la cartera “es que si alguno de los socios presenta una denuncia, se inicia un proceso que ya está inventado hace mucho tiempo, para ver si esa acusación es fundada o no”.

Asimismo, en los poco más de dos años desde que asumió el gobierno, se han intervenido “una docena de asociaciones civiles”, además de sancionar a otras -hay que tener en cuenta que la intervención no es necesariamente una sanción-; el ministro, además, contó que al llegar al MEC se encontraron “guardadas en cajones denuncias que no se habían diligenciado”. Consultado acerca de qué se hizo con estas denuncias explicó que “depende de cuánto tiempo pasó”, es decir, en los casos en los que se pudo, se retomó el proceso, aunque prefirió no dar nombres.

“Creemos en la importancia de las normas, creemos que lo jurídico está por encima de lo político y no al revés”, sostuvo Da Silveira, y en particular sobre el caso de Villa Española explicó que “los denunciantes señalaron muchos apartamientos de lo que dicen los estatutos”, como la forma en que se realizaron las últimas elecciones y el hecho de que “no había comisión fiscal; la comisión que tiene la tarea de vigilar los temas de plata no estaba integrada”.

En particular, la asociación civil que conforma Villa Española “tiene un artículo en el que dice que esta asociación tiene que mantenerse absolutamente prescindente de temas religiosos y políticos”, continuó Da Silveira, y entendió que el problema “no es que haya o no haya política, acá lo único en lo que se fija el MEC es si lo que pasa en los hechos es compatible o no con lo que dice el estatuto”.

El jerarca además entendió que “pasaría exactamente lo mismo si fuera por un tema religioso, o si el club se hubiera manifestado a favor de la ley de urgente consideración”, y se refirió al hilo que publicó en Twitter tras conocerse la noticia, en que calificó de “opereta” política a las voces disidentes que se alzaron desde la oposición. “Están haciendo una explotación política deformando las cosas, gente que sabe, que son senadores de la República, por ejemplo, diciendo que hay un atentado a la libertad de expresión”, aseguró, y aseguró que el MEC únicamente debe velar por que “las normas y los hechos estén alineados”.

En busca de diálogo

En tanto, la Comisión Nacional de Cultura del Frente Amplio (FA) expresó en un comunicado su solidaridad con Villa Española, “en reconocimiento a la gestión deportiva, social y cultural que desempeña hoy y a lo largo de su historia” y a su acción en el barrio “solidaria siempre con las demandas y necesidades de vecinos y vecinas”.

Si bien la comisión aclara que entiende “la pertinencia normativa” de la actuación resuelta por el MEC, en el comunicado los frenteamplistas señalan: “Habríamos preferido que se propusieran otras instancias y mecanismos de regularización antes que una medida extrema como la intervención”.

Menciona que el club “está desarrollando un proceso de reforma de estatutos y adecuación de tiempos de realización de todas sus obligaciones, con posterioridad a las interferencias causadas por la pandemia” y manifiesta que les resulta “preocupante y rechazamos, como respuesta a algunos puntos de la denuncia en cuestión, la intromisión del Estado en el manejo de las redes sociales, siendo que estas son un instrumento de expresión y comunicación, y por lo que implica de preocupante precedente”.

Sobre las denuncias porque el club realizaba actividades políticas, el comunicado señala que “la adhesión a la causa de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos no es una causa político-partidaria, como tampoco lo es la adhesión pública de algunos de sus integrantes a la campaña prorreferéndum para la anulación de los 135 artículos de la LUC”.

La comisión señala además que el club es “un ejemplo de gestión participativa y solidaria”, y que espera que el MEC “abra caminos de diálogo para una solución razonable y proporcional a los hechos en cuestión”.