En una decisión que desató críticas, el gobierno rompió el monopolio de Antel en internet y habilitó a los cables a dar el servicio

El martes el presidente Luis Lacalle Pou firmó varias resoluciones enmarcadas en el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para autorizar que cinco empresas de cable brinden servicios de internet. Así las cosas, Antel pierde el monopolio de la prestación de la transmisión de datos, vigente desde sus inicios por entenderse este servicio como una continuación de su monopolio en telefonía fija. Las empresas beneficiadas son tres de Montevideo: Monte Cable (Monte Cablevideo SA), TCC (Tractoral SA) y Nuevo Siglo (Riselco SA), ligadas a los canales de televisión abierta 4, 10 y 12, respectivamente; y dos del interior: Korfield, de Colonia, y Praimar, de Pando.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente, aprobada en 2014 y que el gobierno actual buscó reformar –aún no obtuvo los votos en el Parlamento–, prohíbe en su artículo 56 que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual puedan prestar al mismo tiempo “servicios de telecomunicaciones de telefonía o transmisión de datos”. Sin embargo, este artículo fue impugnado por varias empresas de cable y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) lo declaró inconstitucional. Hasta 2018, la SCJ tenía una integración no favorable al reclamo empresarial, pero tras el cambio de ministros varió la postura.

Las cinco resoluciones –una por cada empresa– del Ejecutivo consignan las declaraciones de inconstitucionalidad de la SCJ y señalan que los informes de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y de la Asesoría Técnica de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual agregados al expediente “dictaminan que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos por la norma para conceder la licencia solicitada”.

Guzmán Acosta y Lara, director nacional de Telecomunicaciones del MIEM, dijo a la diaria que había varias acciones de inconstitucionalidad que habían “heredado” del gobierno anterior. Explicó que todavía “no se había tomado la decisión política” para autorizar las licencias a los cables, “a pesar” de que lo dispuesto por la SCJ “tenía efecto directo sobre ellas”, porque el Poder Ejecutivo quería “subsanar” el tema con la nueva ley de medios y hacerlo “en forma rápida”. Desde mediados de 2020 el gobierno ha insistido con aprobar esta normativa, a estudio de la Comisión del Industria de Diputados, pero no ha tenido apoyo ante reparos de los colorados y especialmente de Cabildo Abierto.

El jerarca reconoció que a raíz de ese parate legislativo por diferencias dentro de la coalición, y a los efectos de evitar “posteriores reclamos, porque hay cableoperadores que volvieron a iniciar acciones de inconstitucionalidad y van a seguir cayendo”, decidieron brindar las licencias mediante las resoluciones. Dijo que esta fue una primera instancia y que se irán autorizando licencias a medida que se añadan más sentencias de inconstitucionalidad, las empresas propongan el plan de negocios ante la Ursec y el informe de ese organismo sea favorable.

Acosta y Lara sostuvo que esto para Antel significa “mucho más negocio”, porque “la última milla de fibra [óptica] la harían los cableoperadores y pueden hacerlo con su red o mediante un acuerdo con Antel, que muchos ya lo tienen”. Es decir, si hay un acuerdo entre los cables y Antel, estos pueden usar la infraestructura de la empresa estatal para dar el servicio de internet; si no es así, tienen la opción de invertir ellos mismos para generar la red. Una opción extra es que los cables se asocien con otras empresas privadas interesadas en dar el servicio de internet, como Movistar y Claro.

“La prohibición de que los cableoperadores puedan dar internet solamente la tienen Uruguay y Cuba. En el resto de los países del mundo, por el mismo cable se da internet y entretenimiento. Eso es parte de las consecuencias de la gestión de [Carolina] Cosse”, aseguró.

A su vez, Cabildo Abierto viene insistiendo con que se modifique el artículo 56 de la ley de medios, justamente para que los cableoperadores puedan brindar internet. La iniciativa es impulsada por el representante de CA Sebastián Cal y busca que se integre en la próxima Rendición de Cuentas. El diputado dijo a la diaria que espera que la coalición “entienda oportuna” la propuesta que hizo, ya sea mediante el proyecto de ley que presentó hace pocos días o “en la Rendición de Cuentas”, porque “cualquier opción” le sirve a CA: “Pero hay que habilitar de una vez por todas a los cables del interior con este tema, que no admite mayor demora”.

El Poder Ejecutivo tiene planes más amplios. Acosta y Lara señaló que pretende derogar “toda” la ley de medios en la próxima Rendición de Cuentas y, si se llega a los acuerdos, luego promulgar una nueva norma de servicios audiovisuales. Dijo que el gobierno está trabajando en ese proyecto de derogación, que tendría “tres o cuatro artículos”, porque tampoco quieren dejar “un vacío legal”. “Pero va a depender de las negociaciones que está realizando en Presidencia [el secretario] Álvaro Delgado, que en estos días se está juntando con CA, a los efectos de ver si nos ponemos de acuerdo o no”, indicó.

“Se rompe una política de Estado histórica”

“Esto da una sensación muy mala, porque privatizan el internet y rompen con una política de Estado histórica de Uruguay. Desprotegen totalmente la inversión realizada por todo el pueblo uruguayo”, dijo a la diaria Daniel Larrosa, director de Antel en representación del Frente Amplio (FA). Sostuvo que es “una barbaridad” lo que hizo el Ejecutivo, “sin ningún justificativo”, porque “a nivel mundial, tanto en calidad como en cobertura y precio no hay equivalencia: estamos primeros o segundos en casi todos los rankings” en materia de provisión de internet.

Sobre el ejemplo que dio Acosta y Lara, señalando que sólo Cuba y Uruguay no dejan que empresas de cable brinden internet, el jerarca del FA señaló que es “no decir nada”, ya que “acá hay un modelo, que lo acaban de romper, donde el Estado hace 100 años que realiza los servicios públicos más esenciales, que se han protegido en todos los gobiernos y mediante plebiscito”, y ahora “lo rompen con una resolución de Presidencia”.

Larrosa sostuvo que el argumento de la “inconstitucionalidad” para brindar las licencias es “mentira”, porque en otros casos el artículo 56 fue señalado “constitucional”. Añadió: “La inconstitucionalidad, según la SCJ, era un tema de forma. Eso [el artículo 56] está puesto para que no haya concentración de medios. Ahora, en vez de libertad, va a haber una concentración económica enorme, de cables, televisión abierta, radios, telecomunicaciones móviles y telecomunicaciones fijas”.

El director de Antel sostuvo que el monopolio deriva de la propia ley que creó la empresa estatal en 1974, y si bien “algunos lo discuten”, se trata de “un monopolio que había de hecho, porque es el que tiene el 99% de la fibra óptica”. “Es de hecho, y nosotros entendemos que también de derecho, porque la transmisión de datos es la continuidad histórica de la telefonía fija. Pero con esto el monopolio de hecho lo destruyen, porque dejan ingresar a otros. Hasta ahora nadie podía hacer esa transmisión de datos fijos. Se les había dado a algunos pero no que a su vez tuvieran canales de cable, canales de aire y telefonía móvil”, sostuvo.

En agregado, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, expresidenta de Antel, dijo al programa Paren todo, de El Espectador: “Estamos siendo testigos del vaciamiento de Antel”. Subrayó que la empresa invirtió “durante toda su existencia, pero en particular en la última década, fuertemente en una infraestructura del primer mundo de las telecomunicaciones”. Así, señaló: “Antel es la que hizo posible el [Plan] Ceibal, la que nos sacó las castañas del fuego durante la pandemia y la que instaló la infraestructura para los trabajos del futuro. Y esta es una medida de legalidad cuestionable”.

Además, Cosse también subrayó que “sigue en pie la ley de creación de Antel, que establece “la exclusividad de las telecomunicaciones” para la empresa estatal “a través de los medios físicos”. Por último, dijo que la medida del gobierno es “antipatriótica”, por lo que significan “las empresas públicas”.