La semana pasada el Poder Ejecutivo autorizó a cinco empresas de televisión por cable a brindar servicios de internet: Monte Cable, TCC y Nuevo Siglo, ligadas a los canales de televisión abierta 4, 10 y 12, respectivamente; Korfield, de Colonia, y Praimar, de Pando. La decisión, que elimina el monopolio de Antel en transmisión de datos, generó críticas desde la oposición.

Las cinco empresas beneficiadas obtuvieron la habilitación del Poder Ejecutivo tras impugnar ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el artículo 56 de la vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2014, que prohíbe la propiedad cruzada entre televisión y telecomunicaciones, es decir, les impide a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual ofrecer al mismo tiempo “servicios de telecomunicaciones de telefonía o transmisión de datos”.

En diálogo con la diaria, el diputado de Cabildo Abierto (CA) Sebastián Cal afirmó que la decisión del Poder Ejecutivo “era muy predecible”. “Ya sabíamos que esto se venía”, aseguró, y señaló que, por eso mismo, presentó días atrás un proyecto de ley para modificar el artículo 56 de la ley de medios y autorizar a todas las empresas de televisión por cable a brindar servicios de internet.

Cal mencionó que para “agilizar la habilitación” su proyecto de ley podría incluirse dentro de la próxima Rendición de Cuentas, que debe ingresar al Parlamento antes del 30 de junio. “Estamos proponiendo dentro de la coalición poder agregarlo, como ya lo intentamos hacer el año pasado”, expresó, aunque aclaró que hay quienes “quieren derogar la ley de medios completa”. Esto último lo informó a la diaria días atrás el director nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Guzmán Acosta y Lara.

Tanto las recientes autorizaciones del Poder Ejecutivo como el proyecto de ley de CA surgen luego de casi dos años sin avances a nivel parlamentario sobre una nueva ley de medios, que sustituya a la normativa vigente y que además contemple el reclamo de los cableoperadores. La iniciativa, a estudio de la Comisión de Industria de Diputados, ha tenido varios reparos desde CA y el Partido Colorado (PC).

En sintonía con Cal, el diputado colorado Martín Melazzi, que integra la comisión, dijo a la diaria que en el PC hay expectativas de que la derogación del artículo que prohíbe la propiedad cruzada entre televisión y telecomunicaciones “se incluya ahora en la Rendición de Cuentas”.

Si bien contó que se enteró “por la prensa” de las autorizaciones del gobierno, Melazzi consideró que “no hay nada que objetar al respecto”. “Lo que sí me preocupa es poder derogar el artículo 56, que inhabilita a todos los cableoperadores a dar servicio de internet”, manifestó.

Según explicó Acosta y Lara, a medida que los cableoperadores vayan presentando recursos de inconstitucionalidad y obteniendo sentencias favorables, el Poder Ejecutivo irá otorgando nuevas licencias. Para Cal, no todas las empresas de cable “pueden pasar por ese proceso” que “pudieron costear los cableoperadores más grandes”, y por eso pretende la habilitación general. En tanto, Melazzi expresó que el proceso “es engorroso, muy costoso y de mucho tiempo”.

Viejos conocidos

En agregado a las autorizaciones que firmó el Poder Ejecutivo, Antel acordó un contrato con los canales 4, 10 y 12 “para que los privados vendan su señal” por medio de la plataforma Vera TV de la empresa pública “a un costo de 1,2 millones de dólares por señal por año”, tal como informó MVD Noticias. El Tribunal de Cuentas se encuentra analizando la legalidad del contrato.

Según supo la diaria por fuentes de Antel, se trata de la primera vez que la empresa estatal compra contenido audiovisual de este tipo -que no sería comparable a otros productos, como por ejemplo los partidos de básquetbol de la NBA-, por lo tanto, no es posible asegurar si el monto acordado es alto o bajo, en tanto “no hay precio de mercado”.

En el contrato, al que accedió la diaria, Antel y los tres canales de aire establecen un plazo de vigencia de tres años, “renovable automáticamente” para todas las partes, aunque se advierte que “en ningún caso” la extensión total del contrato “superará los cuatro años”.

Asimismo, el contrato establece que los “derechos otorgados” a la empresa pública “son de carácter exclusivo para el rubro de telefonía móvil”, es decir, no podrán verse por otros canales de acceso a Vera como computadoras.

Durante varios años los tres canales abiertos de televisión estuvieron disponibles en forma gratuita en Vera TV, pero en 2018 decidieron bajarse de la plataforma. A diferencia de lo que pauta el actual contrato, Antel no les pagó por sus contenidos durante ese tiempo.

Consultado al respecto, Melazzi valoró que se agreguen los programas de los canales de aire a Vera TV porque “Antel perfectamente puede competir en contenidos”. Añadió que en el interior del país, “80% del tiempo que la gente está frente a una pantalla está mirando los canales de aire de Montevideo, y es un privilegio, porque hay que pagarles a los cableoperadores para poder tener ese servicio. Tal vez ahora Antel tenga la posibilidad de captar nuevos clientes y seguir creciendo”.

En cambio, Cal opinó que si se pretende “seguir trabajando con Vera TV habría que modificar la carta orgánica de Antel”. A su juicio, “Antel está haciendo cosas que no se encuentran dentro de su competencia”.