El coronel retirado Gustavo Fernández actuó como gerente general de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) desde el 1° de julio de 2020 hasta su renuncia, en abril de este año. Sobre su salida, el presidente de la ANV, Klaus Mill, dijo que se debió a “varias irregularidades que no vienen al caso”; entre ellas, incluyó lo sucedido con los créditos hipotecarios próximos al vencimiento como efecto de dos artículos de la ley de urgente consideración (LUC). Este episodio, que casi ocasiona pérdidas millonarias al Estado, viene concitando el debate político en los últimos días y dejó a la ANV en el foco.

Fernández fue señalado como quien archivó un informe del área jurídica del organismo que advertía sobre las consecuencias de los artículos de la LUC. En ese expediente se adelantaba que “seguramente la aplicación práctica de la normativa traerá aparejadas dudas”, además de agregar que estas “deberán ser objeto del estudio correspondiente o de consultas a los organismos especializados en la materia”.

En diálogo con la diaria, Fernández advirtió que si bien fue él quien archivó el expediente el 19 de enero de este año, “cuando todo el directorio estaba de licencia”, esto se debió a un trámite administrativo. La cuestión es que, a raíz de la aprobación de la LUC, se abrió un expediente donde agregar los informes “que se pidieron a las distintas unidades administrativas de la ANV para que manifestaran tomar conocimiento de la nueva normativa”, al tiempo que se podía informar sobre cómo esperaban que influyera en cada área del organismo.

En el momento en que el expediente “volvió” a Fernández, incluyendo la advertencia por el plazo de las hipotecas, todo indicaba que había “pasado por toda la ANV”, sostuvo el militar retirado. Si bien aclaró que no sabe si el expediente había pasado por el directorio, estima que si volvió a su oficina debería haberlo hecho, y por ende las autoridades estar al tanto de lo que podría ocurrir. “Para archivar un expediente, nosotros contamos con una archivóloga”, explicó Fernández.

Para resolver la situación y próximo al plazo legal del vencimiento del derecho a cobrar los créditos, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que se votó la semana pasada, extendiendo dos años más los plazos.