Un par de artículos de la ley de urgente consideración (LUC), aprobada en julio de 2020 y ratificada en marzo de 2022, estuvieron cerca de provocar pérdidas millonarias para el Estado en materia de vivienda. La cifra, todavía no cuantificada con precisión, es de varias decenas de millones de dólares. 

Por un lado, el artículo 463 introdujo una serie de modificaciones al Código Civil; en términos generales, redujo de 20 a diez años el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias -que empieza a contar una vez que el préstamo vence y delimita la responsabilidad del deudor-. Por otro lado, el artículo 467 fijó un período especial de dos años, a partir de la entrada en vigencia de la LUC, para que comenzaran a consumarse aquellas prescripciones en curso.

Según informó días atrás El Observador, a raíz de estos cambios normativos hay 5.000 hipotecas próximas a prescribir, lo cual supondría una pérdida millonaria para el Estado, que perdería su derecho a cobrar los préstamos otorgados. Este daño colateral de la LUC fue detectado por las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y trasladado a legisladores del oficialismo.

El martes, el Poder Ejecutivo envió con carácter “grave y urgente” un proyecto de ley para extender por cuatro años el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias ante el MVOT, la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Se votó el miércoles en ambas cámaras y luego de la sesión parlamentaria, en conferencia de prensa, el Frente Amplio (FA) pidió las renuncias del presidente de la ANV, Klaus Mill, y del vicepresidente, Gustavo Borsari, tras sostener que tenían en su poder un expediente que “alertaba” sobre artículos de la LUC que “ponían en peligro los fondos del Estado”.

El expediente, elaborado por el área Jurídica de la ANV, al que accedió la diaria, está fechado el 23 de julio de 2020, a pocos días de aprobarse la LUC. Con relación a los artículos que modifican el Código Civil y que, en consecuencia, cambian los plazos de prescripción de las deudas, el documento advierte que “seguramente la aplicación práctica de la normativa traerá aparejadas dudas” y agrega que “ellas deberán ser objeto del estudio correspondiente o de consultas a los organismos especializados en la materia”. El expediente fue archivado seis meses después, el 19 de enero de 2021, “habiendo tomado conocimiento todas las dependencias involucradas”. Según figura en el expediente, el archivo lo decretó el entonces secretario general de la ANV, el coronel retirado Gustavo Fernández -de Cabildo Abierto-, quien abandonó el cargo semanas atrás.

Consultado sobre el expediente, Borsari dijo a El Observador que se abrirá una investigación administrativa para determinar con exactitud quién dentro de la ANV decidió archivar el informe jurídico.

Cara de póker

En diálogo con la diaria, el diputado frenteamplista Gustavo Olmos aseguró que la representante del FA en el directorio de la ANV, Verónica Dodera, pidió en reiteradas ocasiones tener acceso al expediente y reclamó un tratamiento del tema. “La directora reclama y no le contestan. Después salen desesperados a hacer una ley para que no perdamos una cifra que, según dijeron ayer, es de 400 millones de dólares en la ANV y 50 millones en el MVOT”, expresó.

Para Olmos, lo dicho por Borsari sobre una investigación administrativa es “una cortina de humo”. “Borsari es el responsable” porque “el expediente que archivaron estaba en la secretaría general [de la ANV], que depende del directorio”, agregó. Aun en el caso de que “existiera un funcionario capaz de decir ‘archivemos esto y olvidémonos de 400 millones de dólares de deuda’”, sostuvo, existe “una tremenda irresponsabilidad de las autoridades”.

“Borsari fue y mintió en el Parlamento”, aseguró el diputado frenteamplista. “Fue al Senado y dijo que no conocía el expediente. Un expediente que había estado en el directorio de la ANV y que en las actas del directorio está que fue tratado el asunto. El tipo va y con cara de póker dice que no tiene conocimiento”, manifestó.

Los dos artículos de la LUC responsables de la casi pérdida millonaria no fueron impugnados en el referéndum que promovía la derogación de 135 artículos de la normativa. Si bien el FA votó en contra de ambos por una cuestión de forma, en el fondo había consenso entre los partidos políticos en cuanto a la reducción de los plazos de prescripción de las deudas, como una forma de adecuar la normativa jurídica nacional a la de otros países y de agilizar el tráfico jurídico.

Por otra parte, Olmos cuestionó que el miércoles en el Parlamento la coalición de gobierno no reunía los votos suficientes para el tratamiento del proyecto de ley. “Ni siquiera eso fueron capaces de hacer”, afirmó, y explicó que de los 67 votos necesarios para tratar un proyecto con carácter “grave y urgente”, 42 fueron aportados por la bancada de diputados del FA. Al momento de la votación, añadió, “tampoco llegaban a la mayoría de 50 votos”, que fue alcanzada en conjunto con los votos del FA. “Del palo en la rueda a sacarle las castañas del fuego”, sentenció.