La comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados continúa recibiendo delegaciones involucradas en el tratamiento del proyecto de Rendición de Cuentas, que asigna recursos extra para los años venideros. El lunes fue el turno del Poder Judicial (PJ), y según la versión taquigráfica a la que accedió la diaria, la delegación manifestó que el Poder Ejecutivo (PE) sólo llevó tres de los 26 artículos propuestos, y los incluidos son todos sin costo, por lo que no se incrementará el presupuesto de la institución, salvo que haya modificaciones al proyecto en el Parlamento.
Si bien durante toda la comparecencia los integrantes de la delegación del PJ no plantearon críticas al proyecto de ley enviado por el PE, sí explicitaron qué podría pasar de no asignarse mayor presupuesto. En tanto, varios diputados del Frente Amplio (FA) llamaron la atención sobre “el importante desfase que existe entre el mensaje enviado por el PJ y lo que se recoge en el proyecto de ley”.
“Parece muy importante la distancia que existe entre el requerimiento de una asignación incremental por parte del PJ para su funcionamiento en los años 2023 y 2024 y lo que se recoge del planteo”, dijo el diputado Sebastián Valdomir. Su correligionario Mariano Tucci fue “menos académico” y expresó: “No hay plata para el PJ”.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez Brignani, pidió “tomar en consideración” la importancia del PJ “en la sociedad, en la economía y en la imagen de la República” al momento de “evaluar la asignación de recursos”, y consideró que esto “no se llega a dimensionar por parte de la población, ni por el espectro político y social”.
Luego agregó que, “si bien otras áreas son importantes”, como la educación y la salud, “es claro que la Justicia tiene un papel preponderante en las diferentes áreas del país”, elemento que “deberá ser tomado en consideración por los señores legisladores a la hora de evaluar la dotación de recursos”.
En este sentido, apuntó que “Uruguay es uno de los países que menores recursos le proporciona al PJ”, y solicitó que se tenga en cuenta que “siempre ha sido medido en sus reclamaciones, solicitando el mínimo imprescindible para satisfacer las necesidades que entiende más acuciantes”.
En la misma línea dijo que “lo peticionado” entre los 26 artículos propuestos “no son las únicas necesidades que existen, ya que hay múltiples necesidades que, con el criterio de mesura que siempre nos ha caracterizado, no se han solicitado”. A su vez, expresó que hace algunos años se empezó “un nuevo proceso de gestión y reorganización de servicios que ha redundado en importantes ahorros”, e hizo hincapié en los alquileres de sedes.
Pérez Brignani manifestó que si se toman en consideración los recursos asignados al PJ en el ejercicio 2021, la institución sólo representa “2,4% de la estructura total de los organismos” a los que abarca el artículo 220 de la Constitución, entre los que se encuentran la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas, entes autónomos y servicios descentralizados. “Al PJ sólo le corresponde un porcentaje de 0,096% por concepto de inversiones y 0,552% por gastos de funcionamiento; porcentajes más dramáticos si consideramos la totalidad del gasto público”, apuntó.
A su turno, otro integrante de la delegación, el director de la División General de los Servicios Administrativos, Marcelo Pesce, manifestó que el mensaje del PJ estaba “compuesto de 26 artículos, 13 de los cuales no tienen costo alguno”, pero “solamente tres de esos artículos –que son además sin costo– fueron recogidos en el mensaje del PE”.
Apuntó que una de las solicitudes presupuestales era para solucionar el “histórico diferendo salarial” con los funcionarios, que ya tiene varios años, y otra para un “reclamo histórico” de las asociaciones gremiales “que es la incorporación del salario vacacional”; pero ninguno de ellos fue incluido por el PE, así como tampoco “un pedido bastante especial para que los asistentes técnicos de los tribunales de apelaciones puedan hacerlo en régimen de dedicación total, porque, de hecho, es una tarea que se realiza con dedicación total”. También sin éxito se solicitó “la creación de un nuevo tribunal de apelaciones en materia de Familia”.
En otro capítulo de los pedidos aparecen “los artículos que son necesarios para la implementación de la norma sobre violencia hacia las mujeres basada en género”, donde lo que se pide es “contar con los cargos necesarios y los gastos de funcionamiento”. Sobre esa ley, promulgada a fines de 2017, Pesce recordó que “fue aprobada sin ninguna asignación presupuestal”. Entre los artículos que sí se incluyeron figura uno que “lo único que hace es un cambio en cuanto a los regímenes de dedicación total de los choferes”.
Ante una consulta sobre cómo funciona el PJ sin los recursos solicitados, Pesce aclaró que “lamentablemente es una historia bastante conocida” para la institución. Luego agregó: “En la medida en que algunos de los recursos que pedimos no se otorgan, se nos obliga a ver dónde recortamos”. En el pasado, durante los gobiernos del FA, también hubo disputas por la asignación presupuestal entre el Ejecutivo y el PJ, que entendía se le retaceaban recursos.