La defensa del senador del Movimiento de Participación Popular y ex director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, está preparando un escrito que remitirá a la Justicia tras la denuncia en contra del legislador presentada por el Ministerio del Interior. Las actuales autoridades de esa cartera cuestionan el accionar de Carrera en 2012, cuando le brindó apoyo a un vecino que recibió un disparo que lo dejó parapléjico mientras transcurría una fiesta en la casa de quien entonces era subcomisario de La Paloma. El hombre estuvo ocho meses en el Hospital de Clínicas y luego, por disposición del Ministerio del Interior, se le brindó asistencia en el Hospital Policial hasta diciembre de 2016. Además, la víctima recibió por parte de la cartera tickets de alimentación por 20.000 pesos mensuales. Las autoridades que presentaron la denuncia consideran que hubo abuso de funciones de Carrera y que su accionar causó perjuicio a la administración.

Según explicó a la diaria el abogado de Carrera, Juan Manuel González, la defensa hará foco en que Sanidad Policial es una institución “que tiene un director, que es el único habilitado a autorizar gente a tratarse”. El director nacional de Sanidad Policial está facultado a dar autorizaciones especiales para tratamientos y esto “es algo muy usual”, aseguró González, al punto de que hay formularios previstos para estos procedimientos en los que se especifica el motivo de la autorización especial. El jurista aclaró que desconoce si existe una norma que regule los motivos por los que se puede solicitar dichas autorizaciones especiales.

Este domingo, el diario El País informó que la pareja de Carrera fue atendida en el Hospital Policial entre 2010 y 2012, pese a que era civil. El diario indicó que no se conocen las atenciones que recibió porque la historia clínica es secreta, pero añadió que, de acuerdo a la normativa, los civiles no pueden atenderse en el Hospital Policial. El artículo 140 del Decreto Ley 14.416, de 1974, dispone que al “servicio Sanidad Policial le compete la prevención, protección y recuperación de la salud del personal policial en actividad y en retiro; del núcleo familiar y pensionistas policiales, y el contralor sanitario y certificación de licencias por enfermedad del personal policial en actividad”.

No obstante, el diario El Observador recordó en una nota publicada este domingo que el artículo 86 de la Ley 13.640, de 1967, tiene un alcance más amplio cuando refiere a la atención, en tanto establece que “el Servicio de Sanidad Policial [...] atenderá al personal dependiente del Ministerio del Interior y familiares a cargo del funcionario, así como también a los jubilados y pensionistas policiales y familiares a su cargo”.

Tras la publicación de El País, Carrera escribió en Twitter: “El ministro Heber tiene una obsesión y no es la seguridad, es un Senador Opositor. Todas las autoridades y familiares directos se atendían en el Hospital Policial. No habilité a nadie. No tenía potestades para ello. Fiscalía laudará”.

Consultado sobre este caso, el abogado de Carrera aclaró que aún no lo ha estudiado, pero sostuvo que era “una práctica usual que los jerarcas y sus familiares” se atendieran en el Hospital Policial.

El “bolsón” de tickets alimentación

Otro de los puntos en los que se apoyan los denunciantes para señalar que Carrera actuó con perjuicio para la administración es la entrega de tickets alimentación a la víctima del balazo. Al respecto, González explicó que el ministerio tiene un “bolsón” de tickets alimentación que se conforma por los tickets que los funcionarios no pasaron a retirar y que están próximos a vencerse. Acotó que es una práctica “usual” de la administración que ese bolsón se utilice para cubrir gastos que no están preasignados y añadió que de no utilizarse los tickets, estos vencerían. Por tanto, en este aspecto, apuntó que a su entender no hubo perjuicio para la administración.

González explicó que en el escrito que presentarán ante la Justicia pedirán la incorporación de distinto tipo de evidencia, como el estado de las causas iniciadas por la víctima del balazo en la órbita penal y civil, y eventualmente una pericia contable para explicar el funcionamiento del “bolsón” de tickets. Asimismo, se ofrecerá la declaración de Carrera, que para ser juzgado debería pasar por un proceso de desafuero.