El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dijo hoy que la decisión de cortar las asignaciones familiares a unos 11.000 niños y adolescentes que no concurren a centros educativos “es una decisión tomada y no hay marcha atrás”, y aseguró que no hay “polémica” al respecto, sino que “estamos convencidos”.
La reafirmación surge luego de que la vicepresidenta, Beatriz Argimón, pidiera reuniones con el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Alfredo Cabrera, y el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, para saber qué acciones futuras se tomarán para que esos niños y jóvenes regresen al sistema educativo formal.
“Polémica en la decisión no hay porque es una decisión tomada y no hay marcha atrás. Estamos convencidos”, dijo Lema este viernes en una rueda de prensa en Cerro Largo. “El mensaje que damos, si hacemos la vista gorda, es hipotecar el futuro de esos menores”, consideró, y aseguró: “No estoy dispuesto a hipotecarlo. Prefiero adoptar una medida antipática, tomando acciones proactivas para que se regularice cuanto antes y se levante la suspensión que dar una señal de que no es lo mismo que vayan a los centros educativos, de que no vayan”.
Sobre esto, Lema dijo que el BPS está trabajando en notificar a las familias que se verían afectadas “para buscar que se regularice cuanto antes” su situación. Dijo, además, que están trabajando en un sistema de alertas “para, justamente, tomar contacto y buscar regularizar las situaciones”.