“Este gobierno no previó que con el aumento de reclusos tenía que prever el aumento de plazas y de personal; no saben manejar la gestión penitenciaria”, manifestó a la diaria Germán Gutiérrez, operador penitenciario del área laboral de la Unidad 5, de la cárcel de mujeres. En la noche del viernes, día en que hubo incidentes y reclamos en esa unidad posteriormente a que una privada de libertad falleciera por causas que aún no están confirmadas, “solamente quedaron en la guardia cuatro mujeres y dos o tres funcionarios más para una población de 650 presas en total, en 11 o 12 sectores”, sentenció Gutiérrez.
El operador ejemplificó con esa circunstancia para dar cuenta de que, mientras que la población penitenciaria aumenta, la cantidad de funcionarios continúa igual. Según afirmó, hay una “inflación penal” como consecuencia de la ley de urgente consideración y “no ha ingresado más personal”.
“El Estado está retirando la presencia en las cárceles y el trabajador se ve en el medio”, dijo Gutiérrez. En este marco es que operadores penitenciarios solicitaron una reunión con el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres, que se concretará el jueves. Gutiérrez señaló que “las observaciones” que Mieres “hace a las cárceles no las sigue” y que, por ende, “se va a tratar de golpear todas las puertas posibles para intentar lograr un mínimo cambio de asistencia dentro de la cárcel de mujeres, porque la situación es dantesca, no da para más”.
En la reunión con Mieres, a la que en principio asistirá Gutiérrez junto con otros operadores, pedirán que el MTSS “haga una inspección en todas las cárceles a nivel país, una ordenanza laboral especial para los funcionarios penitenciarios, una especie de reglamentación laboral especial para cárceles, que se declare la insalubridad y que la jubilación se considere con años bonificados”, enumeró el operador.
La falta de personal y los ingresos
Con base en normas internacionales, Gutiérrez afirmó que promedialmente debería haber un funcionario cada diez privadas de libertad. Sin embargo, en la cárcel de mujeres “hay uno cada 100 y, cuando hay visitas, hay que controlar más población”. En esa línea, explicó que los días de visitas “hay sectores que no hay forma de cubrirlos y permanecen sin guardia, y ahí no estamos hablando de que el Estado no sólo no garantiza la seguridad de los presos, sino también de las propias visitas y los propios niños”.
La carencia en la atención, primordialmente de salud, y la “omisión de asistencia”, fueron justamente algunos de los reclamos que las privadas de libertad manifestaron en los incidentes, que incluyeron quema de colchones y rotura de vidrios.
Sin embargo, fuentes del MI aseguraron a la diaria que “la situación del viernes nada tiene que ver con la falta de personal”. No obstante, explicaron que “se está trabajando para tener más”: “Actualmente hay 20 personas realizando el curso de policía penitenciario en el Centro de Formación Penitenciaria, quienes serán destinados a la zona metropolitana, y en agosto ingresarán 160 funcionarios para la misma zona”.
En cuanto a los operadores penitenciarios, subrayaron que “se realizó un llamado para 73 puestos de operador grado 1 para la zona metropolitana, al que se anotaron 2.400 personas”. Por último, en referencia a la retirada del Estado manifestada por Gutiérrez, desde el MI se afirmó que, “a pesar de haber crecido la cantidad de privadas de libertad”, hay “más trabajo y rehabilitación que cuando comenzó esta administración aún con menos internas”.