La situación del senador del Partido Nacional Juan Sartori respecto de sus declaraciones juradas a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) parece complicarse cada vez más. La institución decidió en junio iniciar una investigación sobre Sartori por haber declarado sólo su salario como legislador y no haber presentado información sobre los bienes e ingresos de su esposa, Yekaterina Rybolóvleva, hija del magnate ruso Dmitri Rybolóvlev.

La presidenta de la Jutep, Susana Signorino, sostuvo luego que Sartori estaba “incumpliendo la ley”, en particular el artículo 10 de la ley cristal de funcionarios públicos (17.060), que obliga a todos los jerarcas a “formular una declaración jurada de bienes e ingresos a cualquier título”.

Sin embargo, este miércoles la historia tuvo otro revés cuando Sartori presentó a la Jutep dos informes, elaborados por los constitucionalistas Martín Risso y Carlos Delpiazzo, según consignó Telemundo, con base en los cuales presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley ante la Suprema Corte de Justicia.

En el informe de Risso, al que accedió la diaria, se precisa que cuando Sartori “preparó su declaración jurada” incluyó “toda la información relativa a su persona”, pero no la de su esposa, “por ignorar qué bienes o sociedades podría ella tener o integrar”, y se asegura que “en su momento” el exprecandidato a la presidencia “solicitó a su cónyuge que le diera información para incluir en la declaración jurada, pero ella se ha negado y mantiene dicha negativa en la actualidad”.

Para Risso, según lo establecido en la Ley 17.060, los únicos obligados a presentar la declaración son los jerarcas -léase presidente, vicepresidente, ministros, senadores y diputados-, aunque sin perjuicio de esto “el funcionario debe declarar, además de información personal, información de su cónyuge o concubinario y de las personas sometidas a patria potestad o curatela”.

Según el jurista, el hecho de obligar “a aportar información sensible de un tercero”, su cónyuge, sobre el cual no “dispone de ningún poder jurídico”, es inconstitucional, ya que los cónyuges de los funcionarios no están “subordinados o condicionados por las decisiones” de estos.

Respecto de si a Sartori le corresponde algún tipo de sanción por omitir la información de su esposa, el informe de Risso entiende que “la imputación de un acto a un individuo” no puede “separarse de la actuación de la persona”, es decir, no se lo puede responsabilizar “por actos, hechos u omisiones que están fuera de su control”, en lo que se convierte ya no “en un tema jurídico” sino “de sentido común”, según el constitucionalista.

El informe de Delpiazzo, por su parte, discurre por los mismos argumentos y concluye que “no constituye falta alguna imputable al senador Juan Sartori la omisión de su cónyuge de presentar declaración jurada de bienes e ingresos ante la Jutep”, puesto que “la imposición legal a cónyuges y concubinos es una obligación de hacer cuyo incumplimiento no puede ser ejecutado forzadamente, sino que, en todo caso, se resuelve en daños y perjuicios frente al Estado”, al tiempo que, reitera, se trata de una disposición “inconstitucional”.

FA planteará que no pueda ser candidato presidencial en 2024

Para el Frente Amplio (FA) la situación de Sartori no se puede sostener. Así lo expresó en rueda de prensa el miércoles el senador suplente Eduardo Brenta: “Nos parece que es extremadamente grave que lo que se les exige a todos los funcionarios públicos en materia de transparencia y ética pública no sea cumplido”. El legislador aseguró que desde el FA están evaluando la propuesta de modificación de la ley para que la sanción implique que “quien incumpla normas de transparencia y ética pública no pueda ser candidato en el próximo período”, y agregó que esperan que los “acompañen todos los partidos”.

Con respecto a cómo se debería proceder ahora, en caso de que se estudie su inconstitucionalidad, Brenta argumentó que “la ley está vigente, por lo tanto es aplicable hasta tanto no se emita una declaración en contra, pero me sorprende enormemente ese argumento respecto del tema del cónyuge, que es una parte del problema, por lo cual la falta grave igual se configuraría, incluso si se declara inconstitucional”.

En tanto, desde filas nacionalistas, el senador Sergio Botana dijo a la diaria que el tema no se ha conversado a nivel de la bancada, pero a título personal opinó que “es clarísima la situación”, puesto que “nadie puede obligar a la esposa, a la pareja ni a ningún tercero a cumplir una obligación que deviene de la obligación de otra persona”. Para Botana, “que exista la tradición de cumplir igual” en entregar la declaración jurada de los cónyuges “es porque la voluntad de las parejas ha estado dada para hacerlo, pero indudablemente hay que respetar el derecho de las personas a no ser obligadas por acciones de terceros”.

En tanto, el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dijo que no conoce el contenido de los informes de Risso y Delpiazzo, aunque dijo que le parecen “dos buenos constitucionalistas”.