En los últimos días de 2022, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas resolvió dar el visto bueno a la renovación por un plazo de 20 años a un depósito en el puerto de Montevideo que pertenece a Rilcomar SA, del Grupo Seré, empresa de la familia de Juan Seré Ferber, asesor del presidente Luis Lacalle Pou. La extensión, aclara la resolución, está “supeditada” a la intervención del Tribunal de Cuentas y a la aprobación del Poder Ejecutivo.
El Grupo Seré está integrado por cuatro firmas: Jaume & Seré, que es una empresa especializada en gestión aduanera; Rilcomar SA, que se encarga de la gestión de mercadería; y Jauser y Skylake, que se encargan de la gestión de carga terrestre, marítima, aérea y multimodal con “servicio puerta a puerta”, y del transporte terrestre en Estados Unidos, respectivamente. Los directores de Jaume & Seré son Jorge Seré Ortiz, Jorge Seré Ferber y Juan Seré Ferber.
A partir de una licitación pública en 1997, la empresa comenzó a explotar el año siguiente el depósito 2 del puerto. Por ese entonces la concesión se dio, en principio, por cinco años. Luego, en 2003, se extendió por una década, y así otra vez hasta 2023. Ahora, con la resolución del Directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP), se decidió otorgarle la concesión –que vencía el 31 de marzo de este año– por primera vez por 20 años, por lo que va a poder operar hasta 2043.
En ese contexto, el operador portuario planteó al ente que hará una inversión estimada en 1.080.000 dólares y una “dotación de personal estable”, lo que contó con el visto bueno del área de Infraestructura de la ANP, puesto que en un informe interno indicaron que la solicitud de un mayor plazo de concesión “se acompaña de un monto de inversión también mayor respecto a los períodos anteriores”.
La inversión se desagrega entre infraestructura (45%) y eficiencia energética (33%). El informe técnico de la ANP sugiere que se concluyan las obras dentro del primer tercio del período solicitado, “en el entendido de que las obras descritas redundan en el beneficio de uso para el concesionario”.
La argumentación de la empresa
En una carta dirigida al presidente de la ANP, Juan Curbelo, a la que tuvo acceso la diaria, la empresa sostiene que ha cumplido con las “normas del organismo público, medioambientales y obligaciones de todos los entes, así como respondido a los requerimientos realizados por la administración en todo lo que tiene que ver con el monto de las inversiones oportunamente comprometidas, las cuales, no obstante, se han adecuado a las necesidades surgidas en el transcurso del tiempo”. Esta fue la primera razón que esgrimieron para justificar el pedido.
Asimismo, en la misiva fechada el 23 de febrero de 2022 y que suscribió Jorge Seré Ferber, hermano de Juan Seré e integrante de la empresa, sostiene que “ha cumplido siempre con la totalidad de los pagos del canon mensual establecido” y destaca que no recibieron “sanción alguna” por parte de la ANP. Asegura que la sociedad anónima “ha demostrado” desde sus comienzos ser un “socio estratégico”, puesto que han desarrollado un “negocio confiable, viable y sostenible”. Asimismo, agrega: “Atento a las dificultades económicas a las que se ha visto enfrentado nuestro país y el mundo entero a raíz de la pandemia sufrida en estos últimos años, solicitamos expresamente que se mantengan las condiciones del contrato vigente”.
Juan Seré. Foto: jauser.net
La empresa solicitó además nuevas áreas adyacentes, pero esto le fue negado. Según consta en el expediente, al que pudo acceder la diaria, el gerente del área Jurídico Notarial, Edgardo Amoza, apuntó que el área de la concesión que estaba determinada en el pliego de la licitación “no puede ser modificada, pues vulnera el principio de igualdad de los oferentes, que debe regir no sólo en la apertura de la licitación, sino durante la ejecución contractual”. “Para que el operador pueda realizar servicios portuarios en esa zona debería otorgarse un permiso independiente de la concesión”, agregó.
Finalmente, el Directorio de la ANP definió por unanimidad otorgar la concesión por dos décadas. En su fundamentación, la directora del ente portuario por el Frente Amplio, Alejandra Koch, hizo referencia a que el pedido de Rilcomar SA es similar al de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) –donde la empresa belga Katoen Natie tiene 80% de las acciones y el restante lo tiene el Estado– y cuestionó que, a diferencia de la primera, se le haya aceptado la extensión del área, pese a no haber una contraprestación.
“Dicha prórroga fue realizada sin intervención de la ANP y sus sectores técnicos, sin resolución de Directorio y, por tanto, sin asesoramiento previo. Hoy, el informe jurídico acerca de la incorporación de nuevas zonas a una prórroga de concesión deja en claro que el área determinada en el proceso competitivo original no puede ser modificada y, por tanto, la prórroga de la concesión de la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo no debió incluir nuevas zonas al área de concesión”, justificó Koch su postura, según la fundamentación.
En diálogo con la diaria, Koch indicó que el proceso que culminó con la extensión de la concesión a Rilcomar SA “estuvo prolijo, el no concederle las áreas adyacentes estuvo correcto”, y consideró que eso tendría que haber sucedido con el acuerdo entre Katoen Natie y el gobierno.
El vínculo de Seré con Astesiano
Juan Seré es un hombre de máxima confianza del presidente. Además de integrar el Grupo Seré, es director de la empresa de comercio exterior Jaume & Seré. Según había informado El País, Seré se había sumado a la “mesa chica” de Luis Lacalle Pou para asesorarlo en temas de “innovación” y en otros proyectos específicos que “muchas veces exceden a los ministerios o empresas públicas”, había consignado, por su parte, El Observador.
En el marco del caso Astesiano, Rilcomar SA, del Grupo Seré, entabló negocios con el exjefe de la custodia presidencial. Según consignó Brecha semanas atrás, Astesiano era representante de una empresa de seguridad privada con Friopuerto Montevideo SA, que hasta 2021 explotó negocios en el complejo frigorífico del Puerto Libre de Montevideo y que junto a Rilcomar SA gestionaron desde 2013 un predio de 27.000 metros cuadrados, con una capacidad de almacenamiento de 9.000 toneladas.
Quien sugirió que se entablara el negocio fue ni más ni menos que Juan Seré, según dio cuenta el semanario, en base a los chats que constan en la carpeta fiscal. “Estimado Alejandro, buenas tardes. Mi nombre es P. F., me pasó su contacto Juan Seré”, iniciaba la conversación el 18 de abril de 2022 entre el representante de Friopuerto y Astesiano. En ese momento le dijo que quería hablar para “evaluar una propuesta de servicio de vigilancia en un depósito fiscal ubicado en La Tablada. La firma se llama Rilcomar SA”.
Dos meses más tarde, de los chats se desprende que la misma persona le hizo un pedido a Astesiano para que la Guardia Republicana expulsara de uno de sus predios, de 29 hectáreas exclusivas para la logística portuaria, a presuntos intrusos que estaban en moto. Días más tarde, el exjefe de custodia presidencial recibió una transferencia bancaria.
Por último, en un viaje a Dubái que realizó Lacalle Pou, en busca de expandir el comercio, Seré integró la comitiva presidencial junto a Astesiano. También hizo lo mismo en la penúltima cumbre del Mercosur en Paraguay, en julio del año pasado.
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