El nuevo esquema que definió el gobierno para la fijación de la tarifa de los combustibles, que se estrenó a mitad de 2021 y surge de la ley de urgente consideración (LUC), genera, al llegar los días finales de cada mes, un debate político y expectativas en la ciudadanía sobre qué pasará con los precios. Esa dinámica podría ser más frecuente, ya que el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, sugirió que los ajustes sean semanales, “como pasa en muchas partes del mundo”, una idea que fue cuestionada por los directores de la empresa estatal por el Frente Amplio (FA), Vicente Iglesias, y por Cabildo Abierto (CA), José Luis Alonso.

“Si los ajustes fueran más frecuentes, si fuera semanalmente, las diferencias con el [precio del crudo en el] mercado internacional serían menores y el trauma de la noticia del cambio de precio sería indiferente. Los ajustes al alza o a la baja serían menores”, expresó Stipanicic días atrás en una entrevista con radio Carve. De hecho, comparó la situación con una información que ese medio da cada martes sobre el valor del ganado, que surge de “la reunión de los consignatarios para fijar los precios de cada semana”.

El esquema definido por el gobierno tiene como actor principal al precio de paridad de importación (PPI), un cálculo teórico que hace cada mes la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea). Ese valor busca reproducir los costos de producción de Ancap, es decir que acompaña el precio internacional del barril de petróleo. Sin embargo, cada mes el gobierno define, en función del PPI, si hace o no el ajuste, y de qué magnitud.

Sobre lo último, Stipanicic reconoció que “hubo discrecionalidad política en el manejo de los combustibles”, dado que en la mayoría de los meses no hubo un valor en surtidor igual al que indicaba la Ursea. No obstante, subrayó que “hay que ver el sesgo” de esa discrecionalidad: “La población pagó menos y las cuentas de Ancap no sufrieron”.

A su vez, diferenció este resultado de lo que ocurría antes: “En el último gobierno del FA la sociedad pagó 622 millones de dólares de más por el valor de los combustibles”, mientras que en el último año fue la petrolera la que asumió el gasto y “la sociedad pagó 200 millones de dólares menos”, dijo Stipanicic. En su visión, lo que “falta” para consolidar el sistema en función del PPI son “más ajustes a la suba o a la baja” de los combustibles. “La película está transcurriendo, nos falta tiempo” para aceitar el nuevo esquema, concluyó.

Sube pero no baja

Distinto fue el análisis que hizo Iglesias, representante del FA en Ancap. A su entender, el esquema del PPI no refleja los costos reales de producción porque sigue un solo indicador, vinculado al valor del crudo refinado en el Golfo de México, y no se toma dimensión de “lo que se gana con la refinería”. De hecho, expresó en diálogo con la diaria que “ha pasado” en los últimos meses que Ancap tiene ganancias excesivas: “Conceptualmente no debe pasar nunca que una empresa estatal tenga ganancias por [lo que pagan por el combustible] sus propios dueños [la sociedad uruguaya]”. Esta interpretación se complementa con una baja extra de los combustibles para precisamente adecuar lo ganado por Ancap por la refinación.

Acerca de la periodicidad de los ajustes, Iglesias dijo que “la nafta y el gasoil son insumos de la producción y el transporte”, lo que provoca “con el sistema actual que todos los meses se produzcan corridas de precios, especulando si los combustibles suben o bajan” al inicio del mes siguiente. Esto impacta “en los alimentos”, cuyos costos tienen vinculación con los combustibles tanto en la etapa de producción -en algunos casos- como en la distribución.

“Los ajustan cuando sube el combustible, pero cuando baja no”, subrayó el director de Ancap por el FA. Consultado sobre el planteo de Stipanicic de ir hacia ajustes semanales, expresó: “Lo que vamos a fomentar es una corrida semanal de precios, se va a fomentar la especulación constante”. Para Iglesias, “lo más importante” para definir las tarifas del combustible es brindar “certidumbre” a los tomadores de decisiones, que determinan los precios.

En el último año, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE) conocido la semana pasada, los precios de la categoría alimentos y bebidas no alcohólicas -excluyendo la carne, que tuvo una baja- subieron 13,1%, mientras que la categoría combustibles dentro del índice de precios del consumo (IPC) se incrementó 13,6%.

Pasando raya al valor en surtidor durante el año, la nafta comenzó en 70,41 pesos por litro, tuvo cinco subas y tres bajas -contando la definida para enero- que dan como saldo un aumento de 1,5 pesos; el gasoil, por su parte, inició 2022 en 49,94 pesos por litro, tuvo cinco subas y una baja, estando hoy nueve pesos por encima del valor de hace un año.

“Hoy cualquiera que produzca o transporte no sabe con qué se va a encontrar en 30 días, por ende no puede cotizar el producto o el servicio. Tiene que ser adivino. Si lo cotizó en baja tiene riesgo de no ganar, y si lo hizo al alza de no lograr el negocio. Esos son perjuicios que aparecen cuando no hay posibilidades de proyectar costos”, opinó respecto al asunto el director de Ancap por CA en diálogo con la diaria.

Según Alonso, “sucede algo muy peculiar” con los combustibles y el valor de los alimentos: “Todos sabemos que cuando suben los costos eso se traslada a los precios. Pero cuando bajan difícilmente se reduzca [el precio final]. Es algo verificable, se puede constatar en este momento [que bajaron los combustibles] yendo al supermercado; verá que cuando bajan no se reducen los precios. Eso es un perjuicio para el usuario”.

Estabilizados

Alonso señaló que “en buena parte” de la tarifa final de los combustibles “somos tomadores de precios” y Ancap depende “de lo que sucede en el mundo con una materia prima [el petróleo] que no tenemos”. Entonces, “las variaciones van a seguir existiendo necesariamente”, aunque en su opinión se debe tender “a la estabilización de los precios más que a una fijación cortoplacista”.

En ese sentido, es partidario de implementar “un fondo modulador”, que permita amortiguar las subas o bajas de los combustibles. La lógica detrás del sistema es que en épocas de suba del petróleo se recurra al fondo -que debe previamente tener asignado algún tipo de ingreso- para atenuar la evolución hacia arriba, y cuando existan bajas en el mercado internacional se use parte de ese potencial ahorro al no ajustar el precio final para nutrir el fondo.

“No critico [la forma actual de ajustar los precios] porque en el mundo hay dos modelos que funcionan. Uno es hacer ajustes continuos, como Uruguay ahora, y el otro es que tengan cierta periodicidad prefijada. Soy partidario de ese sistema porque permite la proyección de costos, porque al haber un fondo modulador se puede tomar [la decisión de hacer cambios en la tarifa] en períodos más amplios, por ejemplo, de seis meses”, dijo Alonso.

Complementó que eso permite fijar “costos operativos y de traslado de productos”, lo que genera “un horizonte cierto” a quienes determinan los precios de los alimentos. “Cuando uno tiene una variación tan cercana en el tiempo, proyectar es prácticamente imposible y eso incide en el costo de la mercadería. Un fondo modulador permite la proyección de costos; de lo contrario, la incertidumbre es total, nadie sabe qué pasará en 30 días”, añadió. A su vez, aseguró que las constantes variaciones de los combustibles “afectan al bolsillo directa y continuamente, capaz que cada mes”.

Alonso dijo que no depende de Ancap la definición de la política tarifaria, sino del Ministerio de Industria, Energía y Minería, cuyo titular, Omar Paganini, mostró disposición meses atrás a estudiar alguna alternativa para crear un fondo de estabilización para el combustible. “La realidad hoy es que se dice que este sistema va a seguir como está. Lo que hay es mejor que lo anterior [en referencia a lo hecho en los gobiernos del FA], que era una fijación de precios excesiva para cubrirse ante cualquier variación”, sentenció.