La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, rindió cuentas este viernes de lo hecho por el organismo, en la previa de un nuevo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre. Acompañada por la presidenta en ejercicio, Beatriz Argimón, Bottero señaló que el sistema de respuesta del Inmujeres atendió 17.876 consultas telefónicas y presenciales vinculadas a casos de violencia de género y recibió a 2.326 mujeres a través de sus servicios de atención psicosocial y legal, entre otros datos.

Este 25N llega con 19 femicidios contabilizados por el Ministerio del Interior (MI) y 35.567 denuncias por violencia doméstica, lo que implica que, en lo que va del año, hubo 117 denuncias de violencia de género por día o una denuncia cada 12 minutos, y un aumento con respecto a los años anteriores. En este marco, Bottero hizo un balance en diálogo con la diaria sobre lo hecho por el gobierno hasta ahora y algunos asuntos pendientes que, a su entender, deberían afrontar los venideros: por ejemplo, entiende fundamental un cambio en la institucionalidad para darle mayor autonomía al Inmujeres.

A modo de balance general, Bottero entiende que “sigue siendo un desafío la respuesta a la enorme demanda que tenemos, que se ha incrementado”, y también considera que hay una deuda con la implementación de la Ley 19.580 (de violencia basada en género): “Seguimos necesitando hacer cumplir la ley en todos sus términos; tuvimos los dos años de pandemia, tuvimos este otro año y medio con muchos desafíos, con aumento de demanda, y hemos hecho enormes esfuerzos para estar a la altura”, aseguró.

Bottero, que integra la coalición por el Partido Independiente, reconoce que hay heterogeneidad en el sistema político en lo que respecta a los temas vinculados a la violencia de género: “Es evidente que hay quienes todavía niegan que existe una violencia de género y quienes cuestionan la constitucionalidad de la ley”, afirmó. Si bien reconoce que “quisiera más interés y más compromiso” de parte del gobierno del que forma parte, Bottero considera que ese sentir es general entre quienes están “al frente de la política pública en determinado tema”.

En referencia a la rendición de cuentas que hizo este viernes, Bottero apuntó que “hay una batería de respuestas [por la cual] la interinstitucionalidad ha podido mejorar; no es la ideal, porque todos los organismos tienen sus desafíos, pero nos parece que hemos logrado poner el tema en la agenda un poco más”, evaluó, y en este punto agregó que siempre se construye “sobre lo que se venía construyendo de atrás; no son cosas que surgen de un día para el otro y espero que no se terminen de un día para el otro”.

Jerarquía institucional para mejorar la respuesta

Tal como lo planteó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer, en octubre, Bottero hizo énfasis en la necesidad de “reforzar” la “jerarquía institucional” de Inmujeres, para darle estatus de servicio descentralizado y que deje de depender de un ministerio (el de Desarrollo Social), con el fin de darle mayor autonomía. “Uruguay está observado por la Cedaw [Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer] porque el mecanismo de género es una dirección y no tiene autonomía institucional. Eso es algo que se está buscando desde hace años y hasta ahora no se ha logrado, y creo que eso impacta en la calidad de las respuestas que se puede dar en violencia de género”, reflexionó.

Siguiendo ese análisis, la jerarca afirmó que “mejorar el sistema de respuesta necesita un reforzamiento; tener autonomía”, y puso como ejemplo que “en los otros países del Mercosur, por ejemplo, hay ministerios de la mujer”. No obstante, apuntó que, en el caso de Uruguay, “quizás lo ideal sería un servicio descentralizado, como el INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay]”. Bottero añadió que actualmente trabaja con ONU Mujeres en un proyecto para proponer este cambio institucional, pero admitió que seguramente no se va a presentar en este período: “Hay momentos políticos para las cosas; evidentemente, no nos dio el tiempo de trabajarlo un poco más, pero creo que hacia adelante habría que ir hacia ahí”, expresó.

Entre otros asuntos que quedarán pendientes, Bottero mencionó la creación de más juzgados especializados –en esta administración se instalaron en Maldonado, Salto y Rivera–, e indicó que para ello se va a requerir “un incremento presupuestal, [que] quedará para la próxima administración”. “Nosotros ya conseguimos el nuestro; conseguimos, incluso, que no se redujera”, dijo, en referencia a que “al principio de la administración, para cumplir con la promesa de reducir el déficit fiscal, [el gobierno] le pidió a todas las instituciones y a todos los incisos que redujeran 10% su presupuesto”, frente a lo que “el Inmujeres planteó que no podía reducir su presupuesto porque la respuesta en violencia requería de un aumento”.

Finalmente, consultada sobre las respuestas que dio el gobierno frente a la declaración vigente de la emergencia por violencia de género, Bottero insistió en que los primeros dos años del período transcurrieron en un contexto de emergencia sanitaria, pero que, aún así, “se hicieron campañas masivas de prevención y difusión; el aumento de la respuesta de los servicios e incluir en los centros educativos la información y sensibilización sobre el tema”. “Un desafío que tenemos para la próxima administración es que nos sentemos a mirar qué entendemos nosotros por emergencia en violencia de género, cuáles son los indicadores para declarar una emergencia en este caso y cuáles son los indicadores para terminarla”, agregó.

Nane: “Hay una negligencia total” de parte del Inmujeres

La senadora frenteamplista Silvia Nane tiene una visión negativa de lo hecho por el gobierno, hasta ahora, para afrontar la violencia de género. A modo de balance general, en diálogo con la diaria, destacó que las más de 35.000 denuncias que registra el MI “es una cifra impresionante, si tenemos en cuenta, además, lo que cuesta en una situación de violencia hacer la denuncia”, por lo cual, resaltó, este dato “es la punta del iceberg”. Asimismo, consideró que los femicidios “corresponde contarlos junto con los intentos, porque la única diferencia [entre unos y otros] es que [los agresores] lo lograron”. “Me parece que también es una cuestión de educación cultural empezar a mirar la cifra entera, porque esa es la dimensión de la violencia”, afirmó.

Para Nane, “hay una negligencia total por parte del organismo rector de política pública [en materia de género], que es el Inmujeres, no sé si por incapacidad institucional, directiva o ejecutiva; definitivamente por incapacidad presupuestal, pero es una sumatoria de incapacidades que no importa cuál es la que más pesa, lo que importa es el resultado final, que es que no hay políticas activas en materia de prevención”, lanzó la legisladora, y se preguntó: “¿Alguien puede pensar que sólo con la denuncia y con la tobillera se arregla todo? La realidad está empeñada en mostrarnos que no es así”.

En ese sentido, Nane consideró que “hay una retirada del Estado, que fue una decisión política, con el recorte presupuestario” que se implementó desde el comienzo del gobierno, y criticó que la autoridad encargada de procesar las denuncias, el MI, tiene “muchísimos problemas de simbología”. “En el MI vos tenés un ministro [en referencia a Luis Alberto Heber] que respalda personalmente, en una primera instancia, a un individuo que después es condenado por violación, por abuso y por explotación comercial”, ejemplificó, en alusión al senador blanco Gustavo Penadés.

Consultada sobre el planteo de Bottero en cuanto a la necesidad de cambiar la institucionalidad de Inmujeres, Nane criticó que “hace tres años que no plantea eso en una rendición de cuentas”, en la que se podía conseguir un incremento presupuestal. “¿Ante una declaración de emergencia nacional, es posible que las autoridades se tomen tres años para pensar?”, inquirió la senadora.

Derogar la ley de tenencia compartida es una prioridad para el FA

En cuanto a qué políticas para erradicar la violencia de género debería promover un eventual gobierno del FA desde 2025, Nane planteó –en línea con lo anunciado en su momento por el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira– que la derogación parcial o total de la ley de tenencia compartida es una prioridad. Señaló que uno de los contenidos que se debería suprimir es el agravante por denuncias falsas que se incorporó a instancias de la diputada colorada María Eugenia Roselló.

“Pusieron, como agravante de un delito, un delito que no es cometido, porque, ¿qué es una denuncia falsa?”, reflexionó Nane, en referencia a la falta de datos oficiales sobre este tema, que estuvo sobre la mesa durante la discusión parlamentaria del proyecto de corresponsabilidad en la crianza. Para la senadora, haber incorporado este aditivo “agrava todo”, máxime en un contexto en el que “les vienen complicando la vida a las mujeres, porque cuando pusieron el agravante por microtráfico [en la ley de urgente consideración], a las únicas a las que les pegó fue a las mujeres, porque se multiplicó la población de mujeres presas con gurises”.

Ahora, con este aditivo, “también te complican la vida, porque cuando vos quieras denunciar, tenés que tener elementos probatorios: si no vas con marcas en el cuerpo, capaz que la denuncia no es comprobable, y capaz que se expone quien denuncia a ser denunciada”, afirmó. En conclusión, “tras que tenemos 35.500 denuncias, que sabemos que es la punta del iceberg, la complicamos más, porque todas esas mujeres que van a denunciar por violencia también están sujetas al articulito de Roselló”, sentenció.