En sesión extraordinaria, la Comisión de Salud del Senado recibió este martes al Sindicato Médico del Uruguay (SMU), a la Academia Nacional de Medicina y al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de la República (Udelar) para continuar tratando el proyecto de ley sobre eutanasia. En diálogo con la diaria, José Nunes, presidente de la comisión, manifestó que la instancia se definió con el fin de avanzar sobre este y “otros temas” en carpeta, que se retrasaron más de lo estipulado por la suspensión de sesiones que coincidieron con la actividad del plenario de la cámara alta.
Según Nunes, el próximo martes habrá otra sesión y “es probable” que sigan recibiendo delegaciones para que se expresen sobre el proyecto de despenalización de la eutanasia. A su vez, Nunes dijo que “no hay fecha prevista para que lo vote la comisión” y agregó que si bien el Frente Amplio “no descarta” la posibilidad de solicitarle al plenario que trate el tema como “grave y urgente”, por ahora la intención es que se vote en la comisión. “Nos damos cuenta de que se está por terminar el año y está complicado para llegar al objetivo de enviar al pleno el proyecto”, pero “lo tendrá que analizar la bancada”, concluyó el senador.
la diaria dialogó con los representantes del SMU y del Instituto de Derechos Humanos de la Udelar que concurrieron a la comisión, mientras que fuentes de la Academia Nacional de Medicina prefirieron no hacer declaraciones y se limitaron a decir que la postura transmitida a los legisladores es la misma que el grupo emitió en sus comunicados, en los que quedó en evidencia que no hay consenso entre sus integrantes.
Daoiz Uriarte, director del Instituto de Derechos Humanos de la Udelar, recordó que cuando se contemplaban dos proyectos, uno del Partido Colorado y otro del Frente Amplio -los que finalmente se unificaron en la propuesta que se discute ahora-, el instituto expresó que “ninguno de los dos violaba alguna norma referida a los derechos humanos” ni tampoco la Constitución de la República. En aquel momento “expresamos algunas objeciones y sugerimos que los proyectos se fusionaran, como finalmente ocurrió”, recordó Uriarte. A su entender, el actual proyecto tampoco contradice otras legislaciones ni normas referidas a los derechos humanos.
Por otra parte, se hicieron algunas sugerencias. En principio, el instituto planteó que al mencionar que haya una opinión de un segundo médico tratante “se especifique mejor”, por ejemplo, cuál debería ser la especialidad de ese médico, y consideró que sería aún más favorable que la segunda opinión sea de un equipo multidisciplinario, esto “sin alterar los tiempos que están previstos para el proceso”.
“En términos generales estamos de acuerdo en que el proyecto es necesario y útil”, sostuvo Uriarte, y señaló que esta postura se fundamenta en varios acuerdos internacionales, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que “establece que los países que han optado por incluir la posibilidad de la eutanasia deben reglamentar garantías para llegar a esas instancias” y que justamente “esas garantías son las que le preocupa al comité que queden establecidas”.
El director del instituto agregó que, “más que el derecho a morir”, se trata del “derecho a morir con dignidad”. Agregó que en la comisión se puso como ejemplo el hecho de que si bien el derecho a la vida “es un derecho absoluto, en el sentido de que no es limitable, lo mismo pasa con la integridad física: es un derecho absoluto, pero si la persona quiere intervenir su cuerpo, lo pide”, y “en el mismo sentido opinamos sobre eutanasia”, sostuvo.
Por último, comentó que los legisladores hicieron una consulta con respecto al nombre del proyecto: preguntaron “si no era conveniente cambiar eutanasia por asistencia médica para morir”, y la representación del insituto expresó que, si bien “no es sustancial”, están de acuerdo con que el nombre actual “tal vez es demasiado genérico”, aunque “lo importante” es que se está legislando “la obligación del Estado en el hecho de vivir la vida con dignidad”.
El SMU planteó el derecho a decidir
A su vez, José Minarrieta, presidente del SMU, manifestó que la intención del gremio no es emitir una postura “a favor o en contra” porque eso “no mejora la discusión”. Según Minarrieta, lo que se les transmitió a los legisladores es que el paso del tiempo es importante en la discusión porque “han pasado personas y familias que no han podido ejercer lo que, entendemos, es un derecho”.
Sobre lo anterior, Minarrieta agregó que lo que el SMU emite es “una opinión gremial”, y que si bien los médicos son “un colectivo muy diverso y hay muchas posturas políticas, filosóficas y religiosas” que coexisten en el sindicato, lo que se sabe, según una encuesta que realizó Equipos Consultores en 2020, es que “82% de los médicos piensa que debería haber una ley”. Si bien “no es que la encuesta defina la postura [del gremio], es una expresión de la realidad”, agregó.
Minarrieta recordó que dentro del sindicato funciona la comisión de bioética y derechos humanos, que trabaja el tema “hace años”, y apuntó que el principio bioético fundamental en este caso “es la autonomía de las personas adultas y capaces que tienen que poder decidir”. Al igual que el instituto, el gremio realizó una comparación con otras decisiones de las personas sobre sus cuerpos y sus vidas. “Si [cuando] a uno lo operan o no de algo tiene que dar un consentimiento, también puede haber una voluntad anticipada sobre algún proceso médico por el que una persona no quiera pasar ante eventuales situaciones”, y esas decisiones “no deberían dejar de ser respetadas una vez que la persona está sufriendo una situación de salud irreversible y pasando por algún tipo de sufrimiento”, detalló Minarrieta.
Sobre los cuidados paliativos, el médico dijo que si bien “la mayoría de las veces que se ofrecen se aceptan”, hay personas que optan por no acudir a ellos. Serán “pocos pero existen, y tienen todo el derecho a decidir, porque aunque existiera una sola persona, [la legislación] igual tiene valor porque cumple el derecho”, sustanció.
Por otra parte, agregó que el gremio también apoya el derecho del médico a la objeción de conciencia: “Eso también hay que respetarlo”, pero “la persona debe poder ejercer su derecho, si no es con ese médico, con otro”, agregó.
Por último, manifestó que hay algunas normativas que incluyen la eutanasia, pero, en el caso de que el proyecto de ley se apruebe, lo demás “deberá ser modificado”; por ejemplo, el Código de Ética Médica en su artículo 46 califica la eutanasia como contraria a la ética de la profesión.
“Pensamos que tiene que haber una ley, y cuanto antes, porque [lo que transcurre mientras se prolonga la discusión] es tiempo en el que las personas no cuentan con el derecho”, resumió Minarrieta.
Si bien la Academia Nacional de Medicina no realizó declaraciones sobre la comparecencia, sostuvo que reafirmó la postura que hizo pública en sus comunicados, en los que reconoció dos opiniones al respecto a raíz de “la gran complejidad del tema” y, en consecuencia, de que entre sus integrantes existen diferentes interpretaciones sobre los principios de la práctica médica, que no han querido “zanjar simplemente con una votación”.
En el comunicado emitido hace aproximadamente un año se hace mención a las posturas que existen dentro de la academia. Por un lado, una que se puede calificar como contraria a la propuesta, la cual sostiene “que es un derecho de toda persona poder llegar al fin de su vida con conciencia, confort y dignidad”. Esto también implica evitar que la muerte no sea “ni intencionalmente acelerada ni retrasada”, pero sí garantizar que cada paciente tenga el derecho a “rechazar ciertos tratamientos a los que considera incapaces para revertir el proceso de enfermedad terminal que padece”, así como a escoger dónde morir, quiénes lo acompañarán en sus etapas finales, y a contar siempre con adecuada y eficaz paliación de todo tipo de dolor.
Por otra parte, la segunda postura, que entiende la eutanasia como un método legalizable, plantea que el proceso de eutanasia se origina en la solicitud de un paciente que, “estando en una condición de salud incurable e irreversible que le provoca un sufrimiento percibido como intolerable”, ejerciendo su derecho “personal e inalienable” de cómo y cuándo terminar con su vida, solicita la ayuda de los equipos médicos, dado que cuentan con la capacidad y los conocimientos suficientes.
A su vez, en setiembre de este año, la Academia emitió otro comunicado en el que reiteró las dos posturas, aunque agregó que los académicos llegaron “a un acuerdo” en el que entienden que, si se promulga esta ley, se debe respetar “el principio de la autonomía del sufriente en la toma de decisiones respecto a su vida”, que debe ser “completa, no sólo para solicitar la asistencia para morir, sino para decidir cuándo, dónde y quién será la persona encargada de realizar la instancia final del procedimiento”, pudiendo ser “él mismo”. Esto hace que el médico no sea el encargado “oficial” del proceso, aunque pueda serlo si lo desea y si así lo solicita la persona.