El directorio de OSE aprobó por mayoría, sin el voto del representante del Frente Amplio (FA), el llamado a licitación para comenzar la obra de la planta de Arazatí, en el departamento de San José, por el denominado proyecto Neptuno. La resolución adoptada en la sesión del pasado viernes contiene varias modificaciones con respecto a las características del proyecto que venían manejando las autoridades, en su mayoría tendientes a ampliar tanto la capacidad diaria de producción de agua potable como la reserva prevista para utilizar ante episodios de salinidad.

La vicepresidenta de la empresa pública, Susana Montaner, contó a la diaria que se aprobó tanto el pliego licitatorio como “los documentos que regirán” la instancia competitiva de propuestas, que tendrá carácter público e internacional. Allí se resolvió que el consorcio que presentó la idea original del proyecto en 2020, conformado por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, tendrá una ventaja competitiva de 12%, monto que se fijó en base a la ley 17.555, de 2002, que establece el derecho a beneficiarse con un porcentaje no menor a 5% y no superior a 20% a quienes hayan tenido la iniciativa. Según Montaner, “eso va a ayudar a que los otros” competidores “afinen mucho sus cifras”, lo que resultará en un beneficio para el Estado.

En cuanto a la gestión, Montaner aclaró que la empresa ganadora de la licitación “diseña, construye y mantiene” la obra, mientras que la OSE “es la que hace la operación de potabilización del agua y además es la que, frente al ciudadano, hace el contrato”, por lo tanto es “la encargada de asegurar el abastecimiento del servicio público”.

De esta forma, a su entender, se salda la discusión en torno a la presunta privatización del proceso de potabilización del agua, crítica planteada desde la oposición, porque la operativa estaría en manos de la empresa pública, mientras que el llamado para la construcción y el mantenimiento es lo que se ha hecho “históricamente” en otras plantas “que se han construido en otros períodos”, incluso en los de gobiernos del FA.

En cuanto a los cambios aprobados, señaló que se tomó en cuenta un informe de la Gerencia General de la empresa, consignado días atrás por el diario El Observador, que hacía referencia a la necesidad de ampliar la capacidad diaria de producción, así como de establecer una reserva mayor para casos de necesidad. Es que en Arazatí se llegó a registrar un período de 86 días con un nivel alto de salinidad, por encima de lo autorizado para potabilizar, por lo que se entendió necesario tener una reserva de agua dulce que iguale esa cantidad de días.

Con lo resuelto el viernes, el proyecto pasó de tener una capacidad diaria de producción de 160.000 metros cúbicos a 200.000 y la reserva de agua pasó de cuatro a 15 millones de metros cúbicos.

La idea es que la obra empiece a ejecutarse este año y la planta esté operativa en 2025. La producción en Arazatí, donde se tomaría agua del Río de la Plata, equivaldría a 33% de la planta de Aguas Corrientes, que se abastece del Santa Lucía. Y ambas serían complementarias para garantizar el servicio a 1.750.000 ciudadanos concentrados en el área metropolitana, entre Montevideo, Canelones y San José. “No puede ser que el 60% de la población dependa únicamente del Santa Lucía y de una sola planta potabilizadora”, dijo Montaner.

En tanto, en la fundamentación de su voto negativo, el director en nombre de la oposición, Edgardo Ortuño, señaló que “a pesar de los reparos planteados a nivel técnico, político y social se avanza en un proyecto con un enorme costo debido a su gestión privada”, y “sin resolverse ninguno de los cuatro recursos en su contra presentados”.

En el texto, al que accedió la diaria, Ortuño manifestó que “el hecho de que se apruebe con cambios importantes para atender las limitaciones graves” que tenía anteriormente “confirma” la afirmación del FA de que la resolución anterior “suponía un error histórico en perjuicio de la administración y de la población al comprometer a la OSE con una inversión millonaria absolutamente inútil”.

Por otro lado, en cuanto a la gestión del proyecto, criticó que “en lo aprobado se dispone que la operación de la toma de agua bruta del Río de la Plata y la del reservorio de agua” será “realizado por el contratista privado”, por lo que “OSE no opera la toma ni la reserva de agua bruta”, es decir, la primera parte del proceso.

Entre otras críticas vertidas, señaló que OSE va a “pagar 300 millones de dólares más” que si el proyecto corriera por su cuenta, ya sea con su propio presupuesto o con endeudamiento con organismos internacionales. En diálogo con la diaria, Ortuño opinó que el mecanismo escogido se usará para que la inversión la hagan las empresas y no afectar “las cuentas del déficit fiscal y el endeudamiento” público.

En resumen, el director del FA consideró que el tema tiene “dos patas”. La primera es ver “si sirve para algo técnicamente, si resuelve el problema de fondo y cómo aporta a situaciones de sequía”, y con respecto a eso “mejoraron sustancialmente el proyecto, porque antes no servía para nada”. La segunda es “la privatización de la gestión de gran parte del agua con el sobrecosto que lamentablemente tiene para el país”.