En la ciudad de Calama, en el norte de Chile, familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) se enteraron de la existencia de 89 cajas con osamentas que durante más de 20 años permanecieron, sin periciar, en dependencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, más precisamente en un sótano.

Esto se los informó el jueves la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza. A través de un comunicado, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile calificó el hecho como “parte de la política de impunidad que ha tenido el Estado durante todos estos años” y exigió “responsabilidades políticas por esta nueva negligencia”, “es una situación gravísima que debe ser investigada”.

En Uruguay, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) intentará ponerse en contacto con autoridades chilenas por este tema, aunque no se prevé un relacionamiento sencillo.

En Chile todavía hay ocho uruguayos desaparecidos tras el golpe de Estado que en 1973 derrocó al entonces presidente Salvador Allende: Ariel Arcos Latorre, Juan Ángel Cendán Almada, Julio César Fernández Fernández, Alberto Fontela Alonso, Nelsa Gadea Galán, Arazatí López López, Enrique Pagardoy Saquieres y Juan Povaschuk Galeazzo.

En diálogo con la diaria, Wilder Tayler, director de la INDDHH, indicó que “la gran mayoría [de los casos] están asociados al golpe de setiembre del 73”. Los ocho fueron detenidos entre el 12 setiembre y el 19 de diciembre de 1973.

En 2010 fueron identificados los restos de la uruguaya Mónica Benaroyo Pencu. Su cuerpo apareció en un campo de entrenamiento del Ejército en las afueras de la ciudad de Arica, en el norte de Chile. Por su asesinato fueron procesados dos militares chilenos: Juan Iván Vidal Oguetta y Luis Guillermo Carrera Bravo. Benaroyo Pencu fue detenida tres días después del golpe militar encabezado por Pinochet.

23 años en un sótano

Según varios medios chilenos, los huesos de las cajas podrían corresponder a detenidos desaparecidos durante la dictadura de Pinochet, aunque aún se desconoce el número de personas a las que pertenecen los restos. Un reportaje del Centro de Investigación Periodística (Ciper) sostiene que las cajas estuvieron guardadas durante 23 años. Hasta 2014 estuvieron en dependencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, hasta que el edificio se inundó y, por el agua, fueron encontradas en el sótano, “llenas de hongos y humedad”.

La limpieza de las cajas, afectadas por la humedad y el agua, consumió cuatro años. En 2019 finalmente fueron traspasadas desde el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile al Servicio Médico Legal.

Según señala la investigación de Ciper, con base en testimonios, en 2001 el entonces juez Juan Guzmán Tapia le encomendó el resguardo de las cajas a Luis Ciocca, un experto en pericias forenses y en ese momento director del Departamento de Anatomía y Medicina Legal, por desconfianza al Servicio Médico Legal de la época. Ciocca no las recepcionó en nombre de la Universidad de Chile y tampoco “informó al resto de los académicos”.

La nota de Ciper, no obstante, recuerda que Ciocca “ha participado en la identificación de numerosos cuerpos de desaparecidos”; entre ellos, el de Marta Ugarte en 1976, profesora asesinada por el régimen de Pinochet. Su cuerpo fue arrojado al mar desde un helicóptero, pero apareció en una playa a 180 kilómetros de Santiago.

Repercusiones

En Uruguay, Tayler dijo que desde este lunes la INDDHH tratará de “ponerse en contacto” con autoridades chilenas para acceder a mayor información sobre el estudio de las osamentas en las cajas. “Ya pedí que se averigüe con quién habría que conversar. Para empezar llamaremos al Servicio Médico Legal”, apuntó. En el organismo recién tomaron conocimiento del tema en las últimas horas.

Por otro lado, el jerarca reconoció algunas dificultades en el vínculo entre las organizaciones uruguayas y chilenas, dado que en Chile la búsqueda de desaparecidos “está completamente dispersa”, a diferencia de países como El Salvador o Colombia, “donde hay una unidad de búsqueda”. En el caso de Chile, sostuvo, la búsqueda “se hizo de forma esencialmente judicial”, las unidades “están dispersas en distintas instancias del Poder Judicial” y no hay “un interlocutor para discutir este tipo de cosas”. “No tenemos un trámite con Chile, a diferencia de otros países”, subrayó.

Tayler agregó que en su momento el actual gobierno de Gabriel Boric había considerado “crear una entidad de búsqueda para buscar a los 1.159 [desaparecidos] que faltan, pero después yo no volví a ver más nada”. Según consigna Ciper, con base en documentos de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, hasta ahora en Chile sólo se han podido identificar 310 detenidos desaparecidos.

Desde Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos prefirieron no hacer declaraciones hasta no tener mayor información sobre el tema. En conversación con la diaria, Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares, coincidió con Tayler en que el vínculo con las organizaciones chilenas no es fuerte. “Se deshilachó con las democracias, se reflotó un poco después, pero no hay vínculos importantes”.