La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se presentó este jueves en el Palacio Legislativo, acompañada de su gabinete departamental, para entregar ante la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, la evacuación de la vista que le pidió la Comisión de Constitución y Legislación, que días atrás resolvió dar inicio al proceso de juicio político en su contra y le solicitó que envíe sus respuestas a la acusación de los ediles blancos y colorados.

En el documento, al que accedió la diaria, Cosse indicó que “la acción tendiente a promover este juicio político es un uso improcedente, equivocado e irresponsable de las herramientas constitucionales de contralor”, y explicó los motivos. Debido a que el centro de la acusación es la presunta falta de respuesta a pedidos de informe de los ediles y su no comparecencia ante la Junta Departamental por este motivo, señaló que “en el año 2021 fueron 234 los pedidos de informe solicitados y en el 2022 fueron 278”, y la intendencia ha “respondido el 100%”.

“La totalidad de los pedidos de informes fueron respondidos”, por lo que cuando se produjo la convocatoria a la Junta Departamental a la que Cosse no asistió -lo que motivó la denuncia de los ediles opositores- “había caído el supuesto normativo que exigía la comparecencia personal de la intendenta”.

“Esta denuncia mediante la cual se está intentando promover un juicio político, por supuestamente no contestar pedidos de informe que fueron contestados, es absolutamente improcedente y a la vez irresponsable”, escribió Cosse. Además cuestionó que “el Ejecutivo Departamental [representado por el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi, y el prosecretario general, Daniel González] no fue escuchado por los promotores de la medida” ese mismo día, ya que los ediles “no tuvieron ningún interés en recibir la información, y luego de promover la presente acción, se retiraron de sala”, a excepción de dos curules colorados.

“Es decir, convocan a sala bajo el supuesto de que no contestamos los pedidos de informe y que no reciben de este Ejecutivo la información que solicitan. Cuando comparece la intendencia a explicar y ampliar información, en vez de escuchar las respuestas”, continuó, “se retiran de sala”.

La intendenta de Montevideo consideró que “estamos asistiendo a un proceso en el que importa más tener algunos minutos en los medios de comunicación o lo que se expresa en las redes sociales que lo que acontece en los órganos institucionales”.

“En la Intendencia de Montevideo no dejaremos de trabajar en lo que es verdaderamente importante: las necesidades de las montevideanas y montevideanos”, dijo Cosse, que cerró el documento pidiendo a la cámara alta que “archive las presentes actuaciones enviando un mensaje al sistema político de prudencia y adhesión a los valores republicanos”.

En conferencia de prensa, Cosse dijo que con este proceso “lo que se pretende hacer” es desembocar en su “destitución”, y señaló que “el sustento que una iniciativa de este tipo debe tener es justamente una violación a la Constitución” pero ni ella “ni la Intendencia de Montevideo” han “violado la Constitución en ningún aspecto”. En este sentido, argumentó que la iniciativa “no tiene sustento jurídico”. Pero “lo grave no es si fui o no fui a la Junta. Lo grave es que se use una herramienta prevista en la Constitución para fines políticos partidarios. La democracia hay que protegerla todos los días y la institucionalidad también. Las instituciones se protegen desde fuera y desde dentro, con el accionar”, agregó.

Bianchi: “Si no le diéramos curso nos arrogaríamos funciones que no tenemos”

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, integrante de la comisión que estudiará el caso, declaró a la diaria que no le “sorprende” que Cosse “emita opiniones jurídicas violatorias de la Constitución” porque “la que viola la Constitución es ella”. “Ella no puede acusar a la comisión de Constitución del Senado” de “un proceder irresponsable”, apuntó.

“Tenemos que actuar cuando la Junta nos manda la acusación y tenemos que darle curso al juicio político, si no le diéramos curso nos arrogaríamos funciones que no tenemos. No podemos ni archivar ni tirar a la basura la acusación de la Junta”, expresó y agregó que la comisión hasta ahora se limitó a “darle vista” a Cosse “para que articule los descargos” de lo que “le acusa la Junta”.

Ahora, con ambas partes habiendo entregado su documentación, en alguna sesión posterior a la semana de Turismo el tema entrará en el orden del día de la comisión para tomar una decisión. “Nadie se pronunció sobre el fondo del asunto, nadie dijo si los ediles tenían razón en acusarla, vamos a analizarlo recién ahora que vinieron los descargos”.

Bianchi reiteró que hará una valoración jurídica del caso, por lo tanto descartó que se trate de “persecución política” o de “todos esos disparates que están diciendo los dirigentes del Frente Amplio y el PIT-CNT”. “Al contrario, no estamos en situación de comodidad los miembros de la comisión que tenemos que evaluar esto, la verdad, no nos gusta, pero es nuestra obligación”, concluyó.