Recoger el guante y hacer. Así, básicamente, resumieron las autoridades del Ministerio del Interior (MI) el documento preliminar sobre prevención del delito que presentaron este lunes. Dicho documento, que fue conversado entre todos los partidos políticos, está sujeto a cambios hasta la próxima reunión del 27 de marzo, donde se hará un análisis pormenorizado de los 15 puntos que sintetizó la secretaría de Estado, luego de que los partidos hicieran llegar sus propuestas, algunas para ese ministerio y otras para otros organismos.
En total, los partidos acercaron 79 propuestas que eran “muy heterogéneas”, aunque muchas de ellas se repetían o, al menos, se podían combinar porque “iban para el mismo lado”. Tras haber hecho el estudio pormenorizado se llegó a 38 ideas que, al estudiarlas en profundidad pasaron a 24 y finalmente a 15.
Las medidas se discutirán más detalladamente en el próximo encuentro entre los partidos con representación parlamentaria, donde habrá un taller que durará todo el día con la idea de llegar a un consenso. Luego se abrirá la cancha para reunirse con académicos y miembros de la sociedad civil, entre otros actores, para que den sus puntos de vista. El objetivo final es que en mayo, o a más tardar junio, se llegue a un consenso “y a una buena política de Estado que satisfaga a todos los partidos”.
El documento consta de cuatro ejes principales: sistemas de información, prevención social y comunitaria, prevención policial y prevención terciaria.
Diego Sanjurjo, coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito, del Programa Integral de Seguridad Ciudadana del MI, quien además coordina la mesa interpartidaria, dijo en una conferencia de prensa que “es un proceso largo, no es fácil”, y consideró que hubo “esfuerzo y compromiso” del sistema político porque las propuestas que hicieron llegar son “excelentes”.
Las propuestas
La primera propuesta del primer eje consiste en “institucionalizar el uso de encuestas de victimización con periodicidad anual o bienal”, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para lograr esto se debe enviar un proyecto de ley al Parlamento para que sea aprobado.
Por otra parte, se buscará “evaluar la calidad y transparencia de los sistemas de información de seguridad pública del MI y recibir recomendaciones para mejorar su publicación”. Además, se apostará a tener “datos abiertos y representación visual de estadísticas criminales” para “mejorar” la transparencia del MI, “así como la comunicación e interacción con la ciudadanía”.
El primer punto del segundo eje propone crear un Gabinete de Seguridad Integral en el que participen las principales instituciones del Estado con incidencia en las “causas subyacentes” del delito. También se propone la implementación de los proyectos de seguridad integral, materializados en la creación de dos estructuras operativas: consejos barriales y centros de atención integral.
El otro punto se enfoca en implementar un programa de prevención de la violencia basada en género en el marco de los proyectos de seguridad integral. El último punto plantea crear un programa focalizado de prevención de homicidios.
En el tercer eje se aborda la salud mental de los policías, reclamo en el que han insistido los funcionarios policiales. Sanjurjo reconoció que hay muchas certificaciones médicas por esta causa y, en ese sentido, proponen “mejorar el estado del bienestar físico, mental y social de los funcionarios policiales y sus familias, a través de la prevención de riesgos psicolaborales, tales como el estrés, la ansiedad, las crisis emocionales y los casos de burnout, entre otros”. Para eso se deberá crear un Sistema de Salud Ocupacional Policial.
En el marco de ese eje también se busca “fortalecer y nacionalizar” la Policía Comunitaria Orientada a Problemas; a su vez, se espera “contribuir al desarrollo de la política socioasistencial y prevenir faltas y delitos asociados a comportamientos de riesgo por parte de poblaciones vulnerables”.
Ministerio de Justicia
Heber dijo que están analizando la propuesta hecha por el Partido Colorado para crear un Ministerio de Justicia, algo que informó El Observador este lunes. “Esto es a largo aliento; muy lejos estamos de acuerdo en anunciar un ministerio en donde ya hemos tenido la opinión del presidente de que no existen condiciones para su creación en este período de gobierno”, expresó el ministro. Si hay cuórum, este ministerio deberá estar “a cargo de las políticas de prevención terciaria y de la promoción de los derechos humanos”, incluyendo el sistema penitenciario y el sistema de penas alternativas.
En el último eje también se prevé elaborar una Estrategia Nacional de Reforma del Sistema Penitenciario que conforme una política de Estado a largo plazo basada en un acuerdo político amplio y duradero. Allí estarían la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, la Comisión Especial de Seguimiento Carcelario y el Grupo Asesor Penitenciario.
Asimismo, se intentará reducir el uso problemático de drogas y sus riesgos asociados entre personas privadas de libertad, así como la reincidencia delictiva asociada al uso de estupefacientes. Otro de los objetivos del documento es fortalecer las capacidades administrativas y operativas “necesarias para un contralor efectivo de las medidas alternativas a la prisión”. Para eso se debe “descongestionar el sistema penitenciario y reducir la reincidencia delictiva”.
Por último, el MI entiende necesario acelerar el proceso una vez que se llegue a un acuerdo interpartidario. Según dijo Sanjurjo, en el segundo semestre de 2023 se empezará a dar los primeros pasos.