A raíz del cambio normativo aprobado en la Rendición de Cuentas de 2022, las empresas de televisión para abonados por cable quedaron habilitadas a solicitar licencias para prestar servicios de internet en sus áreas de cobertura, ya sea a través de redes propias o mediante la asociación con terceros. Meses antes, mediante resoluciones firmadas por Luis Lacalle Pou, el gobierno ya había autorizado a cinco de esas empresas, tres de Montevideo, que son Monte Cable (Monte Cablevideo SA), TCC (Tractoral SA) y Nuevo Siglo (Riselco SA), ligadas a los canales de televisión abierta 4, 10 y 12, respectivamente, y dos del interior, que son Korfield, de Colonia, y Praimar, de Pando.

Esto en un marco de caída del negocio de la televisión para abonados. Según el último informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), a diciembre de 2022 había 573.746 servicios, casi un 22% menos que a mediados de 2018, donde se ubica el pico histórico con 733.002. El 53% de esos servicios son por cable coaxial y el resto, en su amplia mayoría, son satelitales.

Este declive se debe a diversos motivos, pero Washington Melo, presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), explicó a la diaria que “el principal problema por el cual se agotó el modelo de negocios de cable tradicional es que los proveedores de contenido”, las grandes cadenas audiovisuales, “hoy te proveen contenido y te compiten” mediante las plataformas de streaming. Además de que cobran “carísimo” por sus productos, a veces “sacan contenido y lo mandan solamente por internet”, y puso como ejemplo algunos eventos deportivos.

Así, explicó, de un tiempo a esta parte el negocio de la televisión dejó de ser rentable por sí solo y el esquema viable que perciben los empresarios cableoperadores es vender paquetes con internet, pudiendo ofrecer ambos productos por un precio menor al que se conseguirían por separado. En este contexto es que, según informó Búsqueda en su edición de este jueves, CUTA ya avanza en un acuerdo con la multinacional Claro para asociarse y vender banda ancha en los hogares.

Pero en primera instancia las empresas necesitan obtener licencias de Ursec, las cuales están en “proceso”, aunque a criterio de la CUTA “está un poco demorado”. De todas formas, Melo aclaró que hay “varios escenarios posibles” y aseguró que desde la cámara han “hablado con Antel”, pero la estatal no les devolvió “ninguna propuesta concreta”.

“Con Claro venimos trabajando en un modelo de roles: nosotros nos ubicamos en la última milla, los clientes son nuestros, nosotros vendemos, cobramos, y Claro nos provee el servicio de internet y nos cobra un precio por eso. Nosotros armamos los paquetes y los vendemos”, explicó. Igualmente, los acuerdos correrán por cada una de las empresas y ellas definirán el modelo de negocios que les sirva más.

La CUTA aspira a que el servicio combinado de internet y televisión para abonados pueda ser ofrecido ya en el correr de 2023, pero “va a depender de cuándo se otorguen las licencias” y cuánto demore “el despliegue de redes”, que a su vez dependerá de cada localidad. “Bastante antes de fin de año” las empresas quieren poder brindar el nuevo servicio porque las “corre la realidad”, concluyó Melo.

Larrosa: “No había ninguna necesidad”

Este anuncio de un posible acuerdo con una multinacional que compite con Antel no cayó nada bien en la oposición, que siempre mantuvo su crítica respecto de este nuevo esquema legal. Daniel Larrosa, director vocal del Frente Amplio en la empresa pública, dijo que “la inversión que hizo Antel para la transmisión de datos, sobre todo en fibra óptica, ya tiene ocho o nueve años” y fue de “850 millones de dólares”, lo que sirvió para lograr “una cobertura que es récord a nivel mundial”. “Ya estaba cumplido el objetivo de cobertura y también el de precio, y no había ninguna necesidad de introducir un elemento de competencia hacia Antel”, aseguró en diálogo con la diaria.

Pero “el problema” de “introducir un elemento de competencia” luego de desarrollada la red es que ahora “corre riesgo el recupero de inversiones de Antel”. El ente “tiene 100% del mercado”, por tanto, con cualquier modelo de negocios por el que opten los cableoperadores “en todos los casos Antel va a salir perdiendo”.

Además aseguró que, en general, “donde van a aparecer competidores es en las zonas más lucrativas”, las más densamente pobladas, que es “donde se requiere la mínima inversión” y se genera “mayor retorno”. Estimó que Antel, en cambio, seguirá siendo el único oferente “en los lugares más alejados”, donde las inversiones son más caras y devuelven menos ganancias.

Larrosa puso en duda que esta nueva norma vaya a beneficiar efectivamente a los cableoperadores. En su opinión, como la ley permite la asociación con otras empresas, “no solamente se le quita un mercado a Antel sino que es altamente probable que ese mercado sea copado por grandes transnacionales que vengan con la suficiente espalda para construir la infraestructura alternativa”, como las empresas multinacionales de telecomunicaciones o de televisión para abonados. En definitiva, dijo que la fórmula “es altamente perjudicial” para Antel.