A mitad del año pasado, la licitación pública 10/2022 fue declarada desierta por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Se trataba de una licitación para administrar una casa de breve estadía del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres) destinada a mujeres víctimas de violencia basada en género. Los oferentes fueron dos: por un lado, la asociación civil Por la Integración (Plai), que administra el hogar desde 2012 y ha renovado el contrato con el Estado a lo largo de los años, y, por otro, la Fundación Crear.

Según explicaron desde Plai a la diaria, la licitación fue declarada desierta debido a que ninguna de las dos oferentes alcanzó los puntajes necesarios. En el caso de Plai, por no contabilizar en el ítem de “formación en violencia basada en género” y en el caso de la Fundación, por sólo presentar una propuesta económica y no de trabajo. A raíz de esto, se abrió una compra por excepción a fines de 2022, que cerraría el 29 de diciembre. Hasta esa fecha, sólo Plai había vuelto a presentar su propuesta; sin embargo, debido a “una interrupción de sistema que pudo haber afectado el ingreso de ofertas” –según la web de Compras Estatales– se extendió hasta el 30 de diciembre, día en que la Fundación Crear finalmente presentó su propuesta.

Sin novedades hasta la semana pasada, y con el final del contrato previsto para el 30 de abril, el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) emitó un comunicado en el que advirtió que más allá de la “falta de información oficial” hubo trascendidos y contactos que “hablan de gravísimas irregularidades en la gestión de este llamado y en el manejo de información por parte de actores institucionales”, puesto que la Fundación Crear “ha convocado a su equipo de trabajo para entrar en tareas el 1º de mayo aduciendo que cuenta con información proporcionada por actores del Mides consistente en que la gestión de este proyecto les será adjudicada”, aseguró.

Desde Plai señalaron a la diaria que conocen a trabajadores contactados por la fundación previo a conocerse el resultado de la compra por excepción; información que, según Sutiga, “no ha sido ‘simplemente un rumor’”, sino que ha sido “recibida de primera mano por diversos canales”. La asignación terminó por confirmarse el jueves 20 y finalmente fue otorgada a Crear.

“¿Por qué camino se puede llegar a evaluar que una organización sin experiencia en este tipo de proyectos, creada en 2021, se encuentre más capacitada? ¿Será que la afinidad político-partidaria existente entre los integrantes de Fundación Crear y las autoridades del gobierno juegan algún papel en estas irregularidades?”, se preguntó el sindicato en el comunicado.

la diaria intentó comunicarse con las autoridades de Crear pero no obtuvo respuesta; asimismo, no hay registros en internet sobre la fundación más allá de las adjudicaciones por parte del Estado, que consisten en adjudicación de la gestión de dispositivos que conforman la Red de Servicios por una Vida libre de violencia de género en el departamento de Rocha, en julio de 2022.

El Mides actuó con “máxima transparencia”

Fuentes del Mides indicaron a la diaria que luego de declarada desierta la licitación se habilitó “una forma de contratación que se prevé en el Tocaf [Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado]”, en específico el artículo 33, numeral 2, que prevé que cuando una licitación es declarada desierta, se habilita una compra directa.

De acuerdo a las fuentes ministeriales, la organización que administraba el centro tenía “antecedentes negativos” en este servicio. Esto se debe a que la comisión asesora de expertos conformada para la compra se basó en que Plai había recibido una advertencia en julio de 2022, lo que le descontó dos puntos en la ponderación de puntajes en la compra. Se trató de una inspección del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) en la que se constató que había un excedente de alimentos.

En el documento de la Asesoría Letrada del ministerio, al que accedió la diaria, se indica que Plai “incurrió en incumplimientos contractuales en su vinculación con este Ministerio”, por lo que se sugiere elaborar “un protocolo de actuación referido a la entrega, distribución, supervisión y contralor de los alimentos entregados por INDA”, pese a que hay antecedentes “que operan a favor de la Asociación” como “no registrar sanciones anteriores”.

Las fuentes de la cartera aseguraron que la evaluación y posterior adjudicación se hizo con “la máxima transparencia” puesto que además de publicarse en la página web de Compras Estatales se informó a las dos oferentes de la licitación de esta apertura, e insistieron en que al hacer una compra directa se puede “ir con quien quieras” y, sin embargo, el Mides se rigió “por la ley” y hasta fue “más transparente” porque dio el espacio a que ambas organizaciones se presentaran. Luego, “cada uno reclama por lo suyo”, sentenciaron.

Modificaciones legales

La ley de urgente consideración (LUC) modificó el artículo 33 del Tocaf. En el numeral 30 se establece que “la contratación de bienes y servicios” que realice el Mides “con cooperativas definidas como pequeñas empresas” o “asociaciones u organizaciones civiles” entra dentro de las contrataciones que pueden ser hechas “directamente o por el procedimiento que el ordenador determine, cualquiera sea el monto de la operación”, según la ley.

Antes de los cambios de la LUC, se preveía que la contratación “de bienes o servicios” por parte del Mides, “cualquiera sea su modalidad”, podía ser directamente “sindicatos de trabajadores, asociaciones de profesionales y fundaciones vinculadas a la Universidad de la República”.

“En principio fue con los refugios”, explicó a la diaria Silvia Silva, integrante de Sutiga y trabajadora de Inmujeres; según explicó, se ha dado un “corrimiento hacia este tipo de organizaciones” en las contrataciones del Mides, aunque en la atención a mujeres “este caso de breve estadía es el primero” de este tipo.

Durante una reunión entre Sutiga y empleados de cooperativas de trabajo que administran los refugios se hizo “un punteo” y concluyeron que “cada vez hay menos cooperativas y más organizaciones”, aseguraron desde el sindicato.

Desde Sutiga señalaron a la organización Otras Manos, vinculada a la iglesia Casa de Dios, como una de las mayores adjudicatarias en este período de gobierno. Aunque ya viene trabajando con el ministerio desde períodos anteriores, lo cierto es que la organización fue seleccionada para trabajar con el Estado en cinco ocasiones entre 2009 y 2019 y 23 en estos últimos tres años, siendo la mayoría con el Mides, a excepción de una licitación abreviada adjudicada por la Intendencia de Montevideo.

En tanto, la Fundación A Ganar, que también ha ganado licitaciones con distintas intendencias del interior y otras reparticiones del Estado, obtuvo a través de seis compras por excepción la gestión de hogares de larga estadía y centros de atención 24 horas, además de la gestión del Hotel Urban Express durante la pandemia.

El director de A Ganar, Alejandro Rico, fue director del Instituto Nacional de la Juventud en 2000 por el Partido Nacional, y su subdirectora es Verónica Martínez Vicentino, hermana de Nicolás Martínez Vicentino, secretario privado del presidente Luis Lacalle Pou, y de Valentín Martínez Vicentino, secretario general de la Intendencia de Rocha.

Desde el Mides indicaron que “se estudia el caso y se ve la legalidad de cada situación”, y marcaron que ese mismo artículo “también habilita a contratar cooperativas; en realidad el artículo es amplio y te deja la chance de poder elegir”.