La sesión del miércoles de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado tenía como primer punto en el orden del día la votación del “Acuerdo para la adquisición de suministros y la prestación recíproca de servicios” entre los ministerios de Defensa de Uruguay y Estados Unidos. Pero, a pedido del Frente Amplio (FA), el documento no se trató y la comisión solicitará la comparecencia del titular del Ministerio de Defensa Nacional, Javier García, y del canciller de la República, Francisco Bustillo. Se trata de un nuevo intento por ratificar un convenio internacional que se firmó en 2012 pero que en su momento fue bloqueado por diferencias internas en el FA, aunque hoy los motivos de la oposición no son los mismos.

Durante la presidencia de José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro, entonces ministro de Defensa uruguayo, y Douglas M Fraser, jefe del Comando Sur estadounidense, firmaron el acuerdo a mediados de 2012. Pero, por disposición constitucional, el tratado requería la ratificación de la Asamblea General para entrar en vigencia. En abril de 2013 esto parecía encaminarse: fue aprobado por unanimidad en comisión. Sin embargo, un mes después, al momento de la votación en el plenario, el FA dio marcha atrás y –sin debate– lo devolvió a comisión. En el medio, el acuerdo recibió críticas de la Fundación Vivian Trías, bajo el argumento de que respondía a la época y a la lógica de la Guerra Fría. En aquel entonces también se objetaba la posibilidad de la construcción de bases militares.

Finalmente, en agosto del año pasado el Poder Ejecutivo encabezado por Luis Lacalle Pou presentó en el Parlamento el mismo acuerdo para conseguir su ratificación. El miembro informante, el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva, dijo a la diaria que en su momento la negativa del FA fue “mucho más por un tema ideológico que por el tema en sí mismo”, dado que “es la renovación de un acuerdo ya existente y nada de lo que se decía pasó mientras estuvo vigente”, en referencia a un acuerdo de características similares suscrito en el año 2000, que finalizó en 2010. Uruguay y Estados Unidos tienen vínculos en materia de defensa desde 1953 por el Convenio de Asistencia Militar.

En diálogo con la diaria, José Carlos Mahía, senador del FA y miembro de la comisión, señaló que el aplazamiento de la votación fue para “tener información de primera mano” sobre el alcance del acuerdo por parte del Poder Ejecutivo, y afirmó que “hasta ahora” no existe “una cuestión de fondo”: “Lo que hay es un pedido de información; a priori no hay posición ni a favor ni en contra”.

El senador frenteamplista Daniel Caggiani, también miembro de la comisión, subrayó en diálogo con la diaria que se pidió la postergación “para que informaran cuál es el motivo por el que lo quieren aprobar, así como vinieron con el acuerdo de cooperación con China”. Señaló que el convenio “tiene muchos años” y que en el FA desconocen “por qué después de tanto tiempo lo quieren aprobar”. “No sabemos si hay una solicitud del gobierno de Estados Unidos, no tenemos ningún tipo de fundamento para considerar la votación”, agregó.

Al respecto, el senador del FA Enrique Rubio, también integrante de la comisión, indicó a la diaria que “muchas veces” el Parlamento ratifica convenios internacionales que “por algún motivo fueron postergados y después los reactualiza un nuevo Poder Ejecutivo”. No es el caso. El mensaje enviado por Lacalle Pou adjunta la versión original del acuerdo con las firmas de Fernández Huidobro y Mujica, y argumenta que “al mantenerse vigentes los fundamentos que en su oportunidad dieron mérito al envío de aquel mensaje, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese cuerpo la pronta aprobación del mismo”.

Consultados al respecto, ni Mahía, ni Caggiani, ni Rubio recordaron los argumentos de la discusión que procesó internamente el FA en 2013 y que derivó en el archivo del acuerdo. Remarcaron que esta vez se trata de conseguir más información por parte de las autoridades.

Sebastián da Silva: es “un acuerdo prioritario”

De acuerdo al proyecto, la finalidad del acuerdo es “facilitar el apoyo logístico recíproco entre las partes”, principalmente para la realización de “ejercicios combinados, adiestramiento, desplazamientos, escalas, operaciones y otras actividades cooperativas”. Dentro del “apoyo logístico” se incluye la provisión de alimentos, agua, alojamiento, transporte, petróleo, ropa, y también “apoyo a operaciones en bases” con “la construcción correspondiente a ese apoyo”. Quedan por fuera del convenio los “misiles dirigidos”, el armamento nuclear y las municiones químicas, entre otras cosas.

Según Da Silva, se trata de “un acuerdo prioritario” para el Ministerio de Defensa Nacional. “A las Fuerzas Armadas uruguayas este acuerdo les permite asistir y proveer servicios logísticos. No es un acuerdo de cooperación militar, sino de suministro de servicios. Hoy, por ejemplo, se votó por unanimidad un acuerdo de cooperación en defensa con la República Checa, que si te ponés rebuscado es más delicado que esto”.

En mayo de 2013, en una entrevista con la diaria, la entonces embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Julissa Reynoso, decía sobre la marcha atrás del FA: “El acuerdo de suministro es un acuerdo marco que usamos con quintales de países del mundo. No es particular para Uruguay. Y el gobierno lo firmó. Si no se sienten cómodos con esos términos, los pueden quitar. Pero tienen mi palabra de que no tenemos ningún plan, intención ni deseo de tener una base militar acá”.