“No descartamos ninguna forma de la acción para erradicar este ajuste fiscal encubierto, incluyendo las posibilidades que la Constitución de la República nos brinda de, ante mecanismos de democracia directa, impugnar esta ley nefasta, cosa que será discutida cuando tengamos los elementos técnicos y abramos la discusión política con todas las formas de pensar del movimiento sindical”. Así se refería el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, en el acto del Día de los Trabajadores, a la posibilidad de recorrer el camino de la consulta popular para revertir la reforma jubilatoria que se aprobó en el Parlamento con los votos del oficialismo.
Si el PIT-CNT entiende que debe tomar este camino, el FA analizará en su conjunto la posibilidad, según lo adelantó en una declaración que emitió su Mesa Política en la tarde del martes. En caso de darse así, sería la segunda impugnación contra un proyecto clave del gobierno presidido por Luis Lacalle Pou, que ya pasó por un referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC) del que, por poco, salió airoso.
Sin embargo, a diferencia del caso de la LUC, esta vez se habla de plebiscitar un proyecto de reforma constitucional. La apuesta de ir por un referéndum contra el proyecto aprobado está descartada porque no es viable legalmente, dado que según el artículo 86 de la Constitución de la República “la creación de empleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos, asignación o aumento de pensiones o recompensas pecuniarias, establecimiento o modificación de causales, cómputos o beneficios jubilatorios corresponderá, privativamente, al Poder Ejecutivo”, y en la Ley 16.017, que reglamenta el recurso de referéndum, se establece que “no son impugnables mediante el recurso de referéndum las leyes cuya iniciativa, por razón de materia, es exclusiva del Poder Ejecutivo”, ni aquellas leyes que “establezcan tributos, entendiéndose por tales los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales”.
En este marco, la central sindical comenzó un proceso de consultas con el constitucionalista José Korzeniak, exlegislador del Frente Amplio (FA), según informó El Observador y confirmó la diaria en diálogo con el abogado. La respuesta que les dio Korzeniak “hace unos cuatro días” fue que sería viable avanzar hacia un plebiscito de reforma constitucional mediante iniciativa popular, para lo cual se debería presentar un proyecto, con el respaldo de 10% de las personas habilitadas para votar, no menos de seis meses antes de las próximas elecciones nacionales. Más allá de este plazo, recién se podría plebiscitar en forma simultánea con los comicios de 2029, según lo establecido en el artículo 331 de la carta magna, en su apartado A.
Así se podrían proponer normas sobre el sistema de seguridad social que anulen otras del proyecto aprobado y derogar estas últimas expresamente, sin problemas de retroactividad porque lo central de la reforma que impulsó el oficialismo va a empezar a aplicarse mucho después del año que viene.
Quedaría por definirse el contenido de ese eventual proyecto de reforma constitucional, que puede limitarse a establecer criterios generales o incluir disposiciones específicas. Esto importa porque, si es aprobado en plebiscito, lo que disponga sólo podrá ser modificado por otra reforma constitucional, y hay que tener en cuenta qué margen de maniobra se les quiere dejar a futuros gobiernos.
Para Korzeniak, hay una “ventaja práctica” si se toma este camino, pues la cantidad de firmas requerida exige “mucha menos militancia” en comparación con un referéndum, que exige el apoyo de 25% de la ciudadanía. “No digo que sea bueno políticamente usarlo, es posible jurídicamente presentar una reforma constitucional por la vía de la iniciativa popular”, señaló.
En consideración
El secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, señaló a la diaria que el FA “no ha quedado al margen” de lo dicho por el presidente del PIT-CNT e invita al debate para “ver cuál es el mecanismo” apropiado para una eventual consulta popular. “Hay toda una etapa de ver bien los contenidos, seguramente el FA tome alguna decisión de tomar en cuenta los distintos planteos que hicieron desde el PIT-CNT”, expresó, y no descartó una eventual reunión entre las autoridades frenteamplistas y sindicales. “Se ha abierto un camino, el cual nos va a llevar un tiempo de trabajo, consultas y de análisis”, expresó.
Por su parte, el senador por el Partido Socialista José Nunes planteó que tienen que analizar la “forma” de “superar estos cambios que han sido negativos para la gente”. “De hecho hay muchos compañeros que se están informando. Ni que hablar si lo asume el movimiento social, razón de más para analizarlo y tenerlo en cuenta”, subrayó en diálogo con la diaria.
En ese marco, también hizo referencia al margen “constitucional y legal” para saber qué tipo de acciones “se pueden encarar”. Por ejemplo, dijo, por la vía legislativa, así como se aprobaron estas modificaciones, se pueden “aprobar otras”, pero eso requeriría de una mayoría parlamentaria que hoy el FA no tiene. “Habrá que conquistar hacia el futuro, ese es todo un desafío político y electoral. Sin duda hay que considerar todas las alternativas”, consideró.
La senadora frenteamplista Silvia Nane apuntó que hay que analizarlo “técnicamente”, pero que no le parece “descabellado para nada” lo que propone el PIT-CNT. “Es una medida a analizar. Hay que ver cuáles son las formas y que se enmarquen en la legalidad, qué es lo que se puede hacer. No hay que dejar herramientas sin analizar”, aseguró en conversación con la diaria.
Por su parte, el diputado de Asamblea Uruguay Carlos Varela, quien formó parte de la comisión especial que trató la reforma jubilatoria en la cámara baja, dijo que no le sorprendió para nada la propuesta de Abdala porque “se manejaba como una opción”. Consultado por la diaria, expresó que es algo que el FA va a tener que analizar, “si es el camino adecuado, o ir por otras opciones”. “Hay una consulta imprescindible a nivel jurídico, y luego habrá que tomar decisiones desde el punto de vista político”, indicó, y agregó que es fundamental la “alianza” con los sectores sociales. “Si esto se confirma, hay que decidir qué conducta seguir”, añadió.
En el acto del 1° de Mayo, el intendente de Canelones y precandidato a la Presidencia, Yamandú Orsi, planteó un matiz al decir en rueda de prensa que hay que “revisar” la idea de apelar a mecanismos de democracia directa porque, “a veces, pensando que ese camino te lleva a la mejor de las situaciones, lo que te puede hacer es trancar un proceso”, y también planteó que lo primero que debería hacer el FA, a su entender, es “tener una propuesta global de seguridad social, no sólo de jubilación”.