Sensibilidades

Pocos días antes del pedido de renuncia a Irene Moreira como ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en el marco de la “entrega de llaves de viviendas” a diez familias del asentamiento Rivera y Rincón en Florida, entre flashes y listones patrios, el presidente Lacalle Pou afirmó que “todos los gobiernos tienen la sensibilidad o tuvieron la sensibilidad suficiente para entender que la vivienda es fundamental para cualquier individuo”.

Esta afirmación resulta inquietante. ¿A qué tipo de sensibilidad se refería el presidente? Si hiciéramos un análisis sistemático de las políticas en materia de vivienda de los últimos 30 años podría identificarse claramente que su abordaje no ha logrado sustraerse de prácticas clientelares, asistenciales y de acciones orientadas a la especulación, al manejo poco transparente de recursos, a la discrecionalidad y en muchas ocasiones al engaño de familias que han hipotecado sus sueños e ilusiones a procesos largos y burocráticos.

El acceso a este derecho fundamental no ha sido garantizado de forma efectiva para un amplio porcentaje de la población, a tal grado que hoy se estima que existe un déficit habitacional de más de 70.000 viviendas, pero ¿quiénes constituyen el universo de los sin techo en Uruguay?, ¿qué ocurre con aquellas personas sin seguridad jurídica en la vivienda que habitan, que están sometidas a un régimen de alquiler que contempla el desalojo exprés, o quienes habitan en refugios y pensiones?

Más que sensibilidad podría afirmarse que ningún gobierno ha logrado ubicar la vivienda como prioridad en su agenda, ni logrado la consecución de políticas públicas orientadas a la satisfacción efectiva de este derecho fundamental.

La mayoría de los mecanismos que han sido diseñados para satisfacer la vivienda han sido siempre pensados en función de los intereses de inversores y propietarios, de especuladores inmobiliarios y de políticos corruptos que ante los déficits estructurales de una política de vivienda impulsan permanentemente su liderazgo a partir de dádivas y acciones de tipo clientelar. Por lo general, el esquema de actuación por parte del Estado, entre el discurso y la práctica, en esta materia resulta profundamente contradictorio; simplemente si analizamos las acciones adoptadas durante la pandemia y la pospandemia en este tema, es posible identificar el doble discurso al que nos referimos; nos encontramos con un gobierno que habla de “sensibilidad gobernante” pero que lejos de aumentar el presupuesto en vivienda lo disminuye, un gobierno que impulsó medidas altamente represivas y violatorias de derechos fundamentales, que adoptó el eslogan “quedate en casa” pero nunca logró adoptar medidas que frenaran los desalojos durante la crisis sanitaria, que impulsó medidas legislativas que criminalizan la pobreza aún más y que agudizaron la situación de vulnerabilidad de miles de familias a partir de la imposición de reformas legislativas orientadas, entre otras, a la aprobación de un nuevo régimen de alquileres (adoptado en la ley de urgente consideración) que desprotege como nunca antes en la historia a los inquilinos, a la criminalización de la pobreza mediante la figura de la “ocupación indebida del espacio público” o al aumento de acciones orientadas a la persecución de la ocupación pacífica de predios e inmuebles abandonados.

Nos enfrentamos entonces a un escenario donde es necesario revisar nuestros marcos normativos para poder ser fieles al espíritu inicial que existió en nuestro país al momento que decidió reconocerse la vivienda como un derecho social y constitucional. Resulta fundamental la revisión de nuestro marco jurídico y la modificación del paradigma que habilita y hace posible la ominosa persecución de personas que en la búsqueda por un techo o por el acceso al suelo son perseguidas penalmente por el Estado. La criminalización de la pobreza es una de las más peligrosas violencias institucionales que existen en el Uruguay contemporáneo.

La emergencia en materia de vivienda se ha seguido profundizando. Las propuestas de campaña que consistían en la construcción de 60.000 viviendas y la erradicación de los asentamientos irregulares siguen siendo propuestas incumplidas que naufragan junto con la coalición de gobierno. La renuncia de Moreira del ministerio y el “enroque” con el militar retirado y vicepresidente de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, flamante ministro de la cartera, es un capítulo más que se suma al catálogo de denuncias de prácticas clientelares y complejas tramas de corrupción que caracterizan la actual gestión de gobierno.

En este escenario, ¿qué luchas y transformaciones son posibles? La lucha por la tierra, el suelo y la vivienda constituyen una constelación de reivindicaciones que requieren el despliegue de organizaciones y movimientos populares que la lleven adelante y sean capaces de hacer la síntesis política de sus propias experiencias. Al decir de Amparo Menéndez Carrión, es necesario “hilvanar premisas, parámetros y modos de hacer las cosas, disolver la compartimentación entre pasado, presente y futuro, trascender cualquier contingencia en medio de la cual una experiencia concreta pueda perder rumbo y perecer”.¹

Se requiere una conquista estratégica que vaya más allá de la problematización de lo inmediato, es necesario poner en perspectiva los factores estructurales que nos han llevado al momento que estamos atravesando. Es posible recuperar los sueños y las utopías, pero también las conquistas.