Las compras directas fundadas en una situación de emergencia fueron un mecanismo ampliamente utilizado durante la pandemia de la covid-19, alegando razones de urgencia. El mismo fundamento utilizó en los últimos meses la empresa estatal OSE, aunque con una diferencia: la oposición y el sindicato del ente (FFOSE) señalan que si las obras se hubieran hecho cuando se decretó la emergencia agropecuaria por sequía, en octubre de 2022, o cuando se establecieron restricciones al uso del agua potable, en febrero de 2023, los costos de las obras de emergencia hubieran sido mucho menores.

Según un relevamiento realizado por el equipo del director del Frente Amplio en OSE, Edgardo Ortuño, la empresa estatal gastó desde abril 38,6 millones de dólares en obras destinadas a paliar la emergencia hídrica (ver tabla). Las compras fueron dirigidas a obras de dragado y captación de aguas abajo de Aguas Corrientes, en el río Santa Lucía, a la presa en Paso Belastiquí para retener el agua del Río de la Plata y a las obras del río San José.

Pero, además, se gastó en la compra de la planta desalinizadora de la Universidad Tecnológica (UTEC) –129.000 dólares–, en reparto de agua mediante camiones a hospitales, sanatorios y escuelas públicas –600.000 dólares–, en el reparto de agua embotellada por medio del Ministerio de Desarrollo Social –600.000 dólares– y para el suministro de emergencia de agua embotellada –49.000 dólares–, entre otras acciones. En total, el equipo del director del FA en OSE estima que el costo de atender el déficit hídrico en el área metropolitana fue hasta el momento de 41 millones de dólares.

Para Ortuño, el gobierno debió haber tomado medidas antes, en octubre del año pasado, o al menos en febrero de este año, cuando estableció restricciones al uso del agua potable. “Si se hubieran hecho en ese tiempo las obras, hubiéramos podido procesar las compras a menores costos. Hubo un encarecimiento de estas obras de emergencia por haber sido planteadas en forma tardía”, aseguró. Puso como ejemplo que la compra de las tuberías, que finalmente le terminaron costando a OSE cerca de 20 millones de dólares, podrían haberse hecho a un costo al menos ocho millones de dólares menor si se hubiera aceptado la oferta de una empresa china, que no se consideró porque los tubos demoraban un mes en llegar al país. “El gobierno terminó adoptando decisiones y medidas a un costo mayor y en plazos de emergencia y con procedimientos de compra directa a mayores costos que podrían haberse evitado con una previsión y una mejor gestión”, cuestionó.

En la misma línea, Federico Kreimerman, presidente de FFOSE, evaluó que “si hubieran comenzado las obras del trasvase del río San José a tiempo, se podría haber hecho una licitación tradicional”. “Obviamente está saliendo mucho más caro, es la ineficiencia producto de haber demorado, se está gastando un montón de dinero”, afirmó.

En una columna publicada en la diaria el lunes, la diputada frenteamplista Lilián Galán cuestionó la decisión de las autoridades de OSE de traspasar a la Cámara de la Construcción del Uruguay la potestad de coordinar la ejecución de las obras de emergencia en el río San José y de diseñar la propuesta técnico económica. “El gerente general [de OSE] deja en manos de las empresas privadas el diseño de la solución: hay por lo menos riesgo de que la solución técnica propuesta sea más onerosa para la administración que si esta hubiera sido analizada internamente por los técnicos de OSE”, denunció Galán. En el mismo sentido, Kreimerman opinó que es “lo más parecido a un oligopolio lo que hacen con la Cámara de la Construcción”.

La situación de OSE

La emergencia hídrica encontró a OSE en una situación compleja. Entre 2019 y 2023, las inversiones cayeron en términos constantes (teniendo en cuenta la inflación) casi 30%, mientras que el presupuesto operativo se redujo 13% en términos constantes en el mismo período (ver gráfico).

“Tenemos una empresa desfinanciada, cuando tendría que ser lo contrario, tendríamos que estar priorizando esa empresa pública”, cuestionó Ortuño. El director de OSE denunció en un informe presentado al Frente Amplio que al final del quinquenio se habrá producido un recorte de 208 millones de dólares de obras respecto de lo que había previsto la administración pasada para este quinquenio. Por ejemplo, no se construyó la represa del arroyo Casupá, la represa en el arroyo Solís Chico y la nueva usina para el abastecimiento de agua potable de Costa de Oro, y se recortó el saneamiento previsto para el eje Ruta 5 La Paz-Las Piedras, para Rincón de Pando, y plantas de tratamiento de aguas residuales como la de Nueva Palmira y Mercedes. Asimismo, se redujeron los montos de inversión para las obras de reducción de agua no contabilizada y se eliminó la inversión para el tratamiento de lodos de la planta de Aguas Corrientes.

Foto del artículo 'Compras de OSE por la crisis hídrica fueron “tardías” y caras, denuncian la oposición y el sindicato'

El gobierno actual apostó por iniciativas privadas para saneamiento y agua potable, que, de todos modos, tendrán un impacto en el presupuesto de OSE durante años. En primer lugar, el proyecto Neptuno, por el que el Estado deberá desembolsar 41 millones de dólares durante 20 años y, por otro, la iniciativa privada de saneamiento aprobada en diciembre de 2022.

Por otra parte, el sindicato denuncia que sigue cayendo el número de funcionarios, y estas son algunas de las razones por las que se declararon en conflicto esta semana, junto con otros gremios públicos.

Kreimerman sostuvo que desde 2018 no entra ningún funcionario a OSE y que desde ese año hay 1.100 funcionarios menos. Actualmente, la empresa estatal tiene 3.300 funcionarios, entre los presupuestados y los contratos de gestión pública. En julio de 2022, el directorio de OSE le solicitó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) una excepción a la regla establecida por el actual gobierno de no llenar dos tercios de las vacantes generadas en los empleos públicos: le pidió que se estableciera una dotación mínima de funcionarios que no estuviera por debajo de los 3.813. Kreimerman aseguró que esta solicitud fue aceptada por los equipos técnicos de la OPP pero rechazada por el director de la OPP, Isaac Alfie, y eso motivó que actualmente se esté 500 funcionarios por debajo de la dotación mínima.

El sindicalista aseguró que esto determina que la OSE funcione “muy mal”. En las plantas de tratamiento de agua potable o de aguas residuales, muchas veces se funciona sólo con un funcionario y un tercerizado, a veces para abastecer a una ciudad entera, como en el caso de Mercedes. Por otra parte, los trabajadores deben hacer horas extra para cubrir las tareas, a veces trabajando hasta 16 horas. Si bien el servicio a la población no se ve resentido, Kreimerman afirmó que la falta de personal determina que haya una “alta ineficiencia”: por ejemplo, no se pueden controlar los niveles de los tanques y estos se desbordan, lo que es particularmente grave en un contexto de emergencia hídrica.

En cuanto a las cuadrillas de OSE, hoy tienen que hacer trabajos programados durante las guardias de sábado y domingo, y en materia de inversión, al no haber funcionarios, muchas veces se terminan contratando proyectos afuera, lo que genera sobrecostos, aseguró Kreimerman.

Sanguinetti elogió a Mujica y a Astori por sus declaraciones sobre la crisis hídrica

En su tradicional columna en Correo de los viernes, el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, reflexionó que “no hay como las catástrofes o los naufragios para que afloren lo mejor y lo peor de la condición humana”. Ubicó en el primer grupo al expresidente José Mujica, porque llamó a que “cada cual asumiera su responsabilidad” por la crisis hídrica, y al exvicepresidente Danilo Astori por “reconocer que priorizar la construcción del Antel Arena fue determinante para postergar otras inversiones, como las necesarias en el sistema de provisión de agua”.

En cambio, ubicó en el segundo grupo al “iracundo” presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, por responsabilizar al gobierno de “la imprevisión de la imprevisible magnitud de la sequía”, a FFOSE por declararse en conflicto y al presidente argentino, Alberto Fernández, quien “dijo que en Uruguay se abría la canilla y no salía agua”. Sanguinetti opinó que Fernández está “rencoroso porque la ejemplaridad de nuestro país se muestra como espejo virtuoso de la deformidad de la imagen de su gobierno”.

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